El rostro infantil delante del cristal

Haciendo zig zag entre un vehículo y otro para ver qué conductor acepta la oferta de limpiar su cristal, Seguí e Isael ignoran el peligro al que están expuestos en avenidas tan transitadas como la Mella con San Vicente de Paúl, en Santo Domingo Este, con la única intención de conseguir algunas monedas que les permitan, en parte, subsistir y hacerle frente a una situación que afecta al 40% de la población dominicana: la pobreza. Unos lo hacen por necesidad económica y otros por salir del yugo a que los tienen sometidos sus padres o padrastros, como es el caso de Franklin, de 12 años, quien admite que a su madre no le gusta que realice ese tipo de trabajo, pero que para no hacer lo mal hecho se traslada desde La Piña de Los Alcarrizos hasta la autopista Duarte, esquina Beisbolistas, donde según afirma consigue unos cien pesos diario que utiliza una parte para ayudar a su progenitora con los gastos de la casa y la otra la deposita en una alcancía. El niño, quien está en quinto grado de la primaria y estudia en horario de la tarde, dice que limpia cristales para no quedarse “vagueando” en la casa y para evitar también los maltratos de su padrastro. “Por cualquier cosa me da golpes, él priva en aburrido”, expresa con su voz marcada por los rigores de una realidad que comenzó a vivir a temprana edad. Aunque su madre le dice que no trabaje, él alega que lo hace para ayudarla. Pero los menores “limpiacristales”, como comúnmente se les llama, no solo se ven expuestos al peligro de ser embestidos por un conductor, sino también a las bandas que viven al acecho de ellos para involucrarlos en sus actividades delictivas, como las drogas y el hurto. La vulnerabilidad es latente en los cientos de niños y adolescentes que están en las intercepciones de las principales avenidas de la Capital y la provincia Santo Domingo, debido a que son un caldo de cultivo para las personas y bandas que reclutan menores para utilizarlos en la venta de drogas y en la homosexualidad. Línea Vida es un departamento de la Fiscalía del Distrito Nacional que trabaja mayormente con niños para rescatarlos de las calles a partir de una denuncia, ya sea porque el menor se encuentre en una situación de peligro, porque salga de su hogar y no encuentre el camino para regresar o porque sus padres lo hayan abandonado. “El niño que encontramos en la calle procedemos a rescatarlo, pasarlo a un lugar adecuado como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que tiene programas de Hogares de Paso, un programa temporal preventivo y de asistencia, donde el niño es llevado hasta tanto sea procurado por sus padres, se hace una investigación conjuntamente con el Ministerio Público para buscar esos padres”, señala la procuradora fiscal adjunta y encargada de la Línea Vida, Rita María Durán. Indicó que si los menores son haitianos son enviados a su país con sus padres. Citó el caso de un ciudadano de Jamaica que tenía reclutados a más de 40 menores que limpiaban vidrios en diferentes zonas de la Capital, a quienes les escribía su número de celular en el pantaloncito que llevaban puesto, para que lo llamaran cuando terminaran su “jornada”. “Ya ese niño sabía a quién llamaba, el era su protector, peleaba por ellos, los defendía,”, señaló la magistrada, quien reveló, además, que algunos de los niños habían sido violados. El grupo tenía edades entre ocho y 16 años, y todos tenían sus padres a los que finalmente fueron devueltos, incluida una niña de 12 años. El jamaiquino tenía los controles en algunas avenidas como la 27 de Febrero con Núñez de Cáceres, Bolívar, y los niños dormían en casas deshabitadas y en garajes. Dijo que el extranjero, quien residía en Monte Plata y viajaba a la Capital, fue sometido a la justicia y condenado cuando ella se desempeñaba como jueza en el departamento de abuso sexual. “La madre cree que es una ayuda, hay niños de pueblos, principalmente de San Cristóbal, hay muchos en la ciudad haciendo ese tipo de cosas y los padres en un 98.9 por ciento son indiferentes cuando tú les entregas el niño”, cita. Un total de 215, 451 menores con edades entre 10 y 17 años realiza un trabajo formal en República Dominicana, de los cuales 161,016 son hombres y 54, 435 son mujeres, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007). Sin embargo, no se tienen estadísticas sobre la cantidad de menores que realizan trabajo informal, como es el caso de los que limpian cristales, ya que para las autoridades resulta difícil llevar una contabilidad en ese sentido, debido a que un niño puede estar hoy realizando ese tipo de labor pero mañana no. Debido al aumento en los últimos años de los menores que desertan de las escuelas y salen de sus casas y dejan su entorno familiar para acudir a realizar ese tipo de trabajo, diversas entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro se han visto en la necesidad de implementar programas para rescatarlos de las calles. La Ley 136-03, que crea el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece que el Estado debe proteger y garantizarles a los menores el disfrute pleno de sus derechos fundamentales. El trabajo infantil está prohibido por las legislaciones dominicanas. Sin embargo, limpiar cristales es una labor informal, por lo que no está incluida dentro de las políticas que implementa el Ministerio de Trabajo para erradicar las peores formas de trabajo infantil, como trata, explotación sexual, fumigación de terrenos agrícolas, prostitución, entre otras, debido a que esta entidad solo trabaja con los menores que laboran para una empresa registrada legalmente. “El Ministerio de Trabajo actúa donde aparece un niño trabajando en una unidad productiva establecida por la ley, en este caso una empresa”, indicó el viceministro de Trabajo y coordinador del Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil en la República Dominicana, Andy Mieses. Indica que el Ministerio interviene en las empresas donde tienen niños trabajando para ver en qué condiciones está. “Un niño está para estudiar, para enriquecer su intelecto, no para trabajar”, enfatiza, tras indicar que la edad mínima para laborar se estableció en 16 años, y puede incursionar en alguna labor que no afecte su integridad física y moral a los 14, siempre y cuando sus padres lo autoricen y el Ministerio supervise el entorno en que se desempeñará. Reconoce que esos menores se colocan en situación de peligro, debido a que se desenvuelven en condiciones inadecuadas, además de que este infante que va ahí engrosa las estadísticas de la deserción escolar. “Cuando se da la presencia de niños en esas condiciones la ley no nos da la potestad para intervenir con niños en ese tipo de trabajo, porque ya esos niños están en una condición que tú dirás: bueno y a quién demando laboralmente, porque no existe una empresa”, precisó el funcionario. Consideró que hay trabajos que son muy propios de ellos, como vender naranjas en las esquinas, y muchas veces probablemente hay detrás de ellos un adulto o mayor. “Detrás de un niño en la peor forma de trabajo siempre hay un adulto. Indudablemente es un drama social”, señala. En Santo Domingo y el Distrito Nacional intervienen varias ONG que trabajan con niños en situación de calle y existen programas gubernamentales, como los ejecutados por el Despacho de la Primera Dama, en coordinación con el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (Conani). Esta última entidad desarrolla un proyecto para lograr reducir la incidencia de niños en situación de calle, según informó Alberto Padilla, coordinador de Políticas Públicas Normas y Regulación de esa institución. Explica que con el apoyo de Chile, país que donó 94 mil dólares, emprenden varias iniciativas que incluyen la creación del primer centro para atender a niños en situación de calle con problemas de adicción a las drogas. “Porque ese es otro factor que agrava la situación de un niño, los que son tomados en las calles como mulas”, especifica. El centro es una alianza entre el Conani, el Consejo Nacional de Drogas (CND), y los ministerios de Salud Pública y Educación. Padilla explicó que con los centros el Conani tienen una vinculación directa, porque antes de ser fundados deben inscribirse allí. “Tenemos un sistema de supervisión, se visitan los centros, se observa qué les dan a los niños de comida, cómo los tratan, qué tiempo tiene el niño, cuál es su familia, por qué está ahí, etc. Y se trabaja para que el centro junto con la familia inicien un proceso de integración con ésta”, indica. Aunque admite que los centros son lugares donde se les brinda protección a los niños de la calle, reconoce que institucionalizar a un menor también es una forma de maltratarlo, debido a que lo separa del ámbito de la convivencia familiar donde hay un papá, una madre, tío o abuela, y donde desarrollan hábitos y costumbres que les servirán de soporte para el desarrollo en su vida adulta. “Vivir en un lugar donde hay un pabellón con 40 camas y una tía que te da la comida a la larga se convierte en un problema”, dice. Explica que cada niño tiene su historia, hay problemas de discriminación, de maltrato, y en medio de ese abanico de situaciones está el elemento pobreza. Para evitar que los padres dejen ir a sus hijos a las calles, Conani y la Fiscalía implementan programas donde se les imparten charlas y se les orienta sobre el peligro que representa el hecho de que sus hijos se encuentren en esa situación.