Desalojan locales malecón de Puerto Plata

Decenas de efectivos de la Policía Nacional ejecutaron una orden de desalojo contra los locales del módulo “El Chiringuito” ubicados en el malecón de Puerto Plata, en respuesta a una sentencia que beneficia a los propietarios del terreno.

La orden de desalojo provocaron varias protestas de los dueños de locales ubicados en el lugar en los últimos 20 años, luego de la remodelación del malecón, cuando fueron construidos los módulos para reubicar las antiguas casetas.

En varias ocasiones, el abogado Cándido Simón había acusado al director regional Norte de la Policía Nacional, Jorge Luis Galán, de desacato, al no autorizar la fuerza pública para el desalojo, que finalmente se realizó este viernes, antes de las 6:00 de la mañana.

La orden judicial fue considerada un abuso por el propietario del local, Elias Rosario, quien alega que fueron instalados en el mismo por el propio Gobierno dominicano hace 20 años cuando reubicó a los propietarios de casetas de esa vía.

Aún no se había determinado el lugar a donde serían trasladados los objetos ocupados en el local: mesas, sillas, utensilios de cocina, bebidas y otros.

En 2005, luego de la remodelación del malecón, el Gobierno y el Ministerio de Turismo construyeron una serie de módulos donde fueron instalados los dueños de casetas que habían sido desalojados del malecón en procura de darle un mejor aspecto al bulevar y evitar la arrabalización del mismo.

Muchas personas han mostrado su sorpresa por la decisión judicial que desconoce los derechos de quienes fueron instalados en el lugar al amparo de una decisión gubernamental, en módulos construidos dentro de los 60 metros de playa, así como el hecho de que sea después de 20 años cuando se reclama la posesión amparados en títulos de propiedad que no fueron presentados cuando se construían esos locales.

Los miembros de la Asociación de Caseteros y otros grupos sociales anunciaron que continuarán protestando ante lo que consideran un abuso de poder en contra de varios de sus miembros.

Alegan que el título fue obtenido de manera fraudulenta y que la acción afecta los derechos de propiedad, la seguridad jurídica y derechos adquiridos y que es un desconocimiento de las acciones del propio Gobierno que los instaló en el lugar.

Se quejaron de la falta de respuesta de las autoridades locales del Gobierno y del Ministerio de Turismo ante los hechos.