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Caso Calamar: Defensa de Daniel Guerrero solicita nulidad de acusación
Argumentaron que el Ministerio Público ha vulnerado derechos fundamentales al presentar sin que el imputado fuera informado de la investigación en su contra durante la etapa preparatoria.
Jueza Altagracia Ramírez
La defensa de Daniel Guerrero, implicado en el caso Calamar, solicitó a la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la nulidad de la acción penal contra su representado.
Los doctores Juan Conrad Pittaluga y Laura Rodríguez, en ese sentido solicitaron a la jueza Altagracia Ramírez, dictar auto de no ha lugar en su favor, al considerar la acusación "hueca" y carente de hechos precisos.
“Solicitamos a este tribunal dictar un auto de no ha lugar, fundamentado en que la acusación padece de un 'déficit de imputación' que impide que el ciudadano pueda defenderse de cargos que no han sido debidamente individualizados ni probados”, aducen.
Argumentaron que el Ministerio Público ha vulnerado derechos fundamentales al presentar sin que el imputado fuera informado de la investigación en su contra durante la etapa preparatoria.
Durante su exposición, la abogada Laura Rodríguez denunció que a Guerrero nunca se le comunicó la existencia de una investigación, privandolo de ejercer su defensa material según lo establecido en los artículos 260 y 290 del Código Procesal Penal.
"A Daniel Guerrero no se le invitó ni a un cafecito; lo trajeron el 25 de abril de 2024 con una acusación totalmente falsa, mientras que a otros imputados sí se les informó y citó", señaló la defensa.
Falta de precisión en los cargos
La defensa técnica calificó la acusación como un "malabarismo jurídico" del Ministerio Público.
Según los juristas, el Ministerio Público no ha cumplido con el principio de formulación precisa de cargos, limitándose a mencionar tipos penales sin describir el qué, cómo, cuándo y dónde de los supuestos hechos.
Se destacó que el ministerio público imputa una extorsión ocurrida en 2013, año en el que Daniel Guerrero se encontraba fuera del país, cursando estudios en la Arizona State University.
El caso de Intercaribe Mercantil
Uno de los puntos centrales de la defensa fue desvincular a Daniel Guerrero de la figura de "persona interpósita" de su padre, el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero.
Los abogados presentaron una línea de tiempo para demostrar que Daniel entró a la sociedad Intercaribe Mercantil en mayo de 2014, dos años antes de que su padre asumiera el cargo público en 2016.
Sostuvieron que el negocio del AC30 (asfalto) fue una transacción entre empresas privadas, entregada al mismo precio del mercado y bajo condiciones legales, desestimando así la tesis de estafa al Estado.
"Calidad no es delito"
La abogada Rodríguez fue enfática al señalar que el Ministerio Público intenta criminalizar el simple hecho de ostentar una calidad societaria.
"Tener una calidad o ser apoderado para firmar préstamos no es un hecho punible. El Ministerio Público no establece por qué solicitar una línea de crédito en el Banco de Reservas sería una conducta penalmente relevante", argumentó.
