Francis Guzmán Martínez
Ministerio Público pide prisión preventiva para militar implicado en tráfico de migrantes
El pedido fue hecho ante un tribunal y se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre una estructura criminal transnacional que ha sido identificada como responsable del tráfico de migrantes.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) sigue asestando golpes a traficantes.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva para Francis Guzmán Martínez, miembro del Ejército dominicano, implicado en una red de tráfico ilícito de migrantes.
Se trata del caso en el que resultaron muertos 13 haitianos, entre ellos una niña de tres meses y un niño de cuatro años.
El pedido fue hecho ante un tribunal y se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre una estructura criminal transnacional que ha sido identificada como responsable del tráfico de migrantes, en su mayoría de nacionalidad haitiana.
Además de Guzmán Martínez, el chofer Ygnacio Leocadio Espinal Martínez también era parte de esta supuesta red criminal. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha identificado a 17 miembros de la organización.
Según las indagaciones, el chofer era conocido en la zona fronteriza como un traficante de indocumentados, mientras que supuestamente el militar proporcionaba los recursos necesarios para que la estructura operara sin inconvenientes.
La solicitud de prisión preventiva fue presentada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, que ha programado la audiencia para el próximo martes 29 de abril de 2025.
Una red criminal diversificada
La supuesta red delictiva incluye a otros nombres relevantes, como José Andrés Cabrera Francisco (conocido como Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel) y Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), todos ellos ya bajo medida de coerción.
Las autoridades también buscan a otros individuos vinculados a la organización, como Jesús Antonio Rodríguez Álvarez (Nene) y César Williams Fernández Toribio (Puli), entre otros.
La investigación se ha centrado en un trágico incidente ocurrido el 6 de agosto de 2023, cuando una yipeta que transportaba a los migrantes de forma clandestina cayó a un canal de riego mientras intentaban evadir los controles migratorios.
Los 13 cuerpos fueron encontrados por las autoridades dentro del vehículo.
Investigaciones en curso
El caso es investigado por las fiscales Yoanna Bejarán y Ginna Matías, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto con la Fiscalía de Santiago, representada por Quirsa Abreu y Joanna García, y con la colaboración de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.
La organización criminal estaba activa en la zona norte del país, donde utilizaba diversas rutas terrestres para hacer ingresar a miles de migrantes de manera ilegal, cobrando entre RD$8,000 y RD$17,000 por cada uno. Las pruebas recopiladas, que incluyen documentos, testimonios y material audiovisual, respaldan las acusaciones por violaciones a la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y la Ley 155-17 sobre lavado de activos.