Antonio Carbone asegura que "todos sus derechos fundamentales han sido violados"

"Se ha generado un precedente porque por primera vez el Tribunal Constitucional decidió anular todo un proceso judicial”.

Antonio Carbone

ARCHIVO. Antonio Carbone

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario, y Hotoniel Bonilla, exprocurador general adjunto, expusieron públicamente, este miércoles 22 de enero, en un programa de radio los detalles del caso de Antonio Carbone, a quien representan legalmente.

El canadiense fue acusado en 2014 por intento de homicidio a Fernando Báez Guerrero, un importante empleado de Dream Casinos Corporation, empresa que formó en 2011 con su hermano y varios socios. Báez Guerrero le acusó por el incendio de su vehículo la noche del lunes primero de diciembre del 2014.

Bonilla comenta que la notoriedad del caso en el sistema de justicia dominicano se comienza a destacar porque “se ha generado un precedente porque por primera vez el Tribunal Constitucional decidió anular todo un proceso judicial”.

El abogado afirmó que a su cliente “le han violentado todos los derechos fundamentales en toda su dimensión”, mencionando algunos ejemplos como “arresto sin orden judicial, el ser retenido en el Aeropuerto de Punta Cana por alerta migratoria, prisión preventiva por nueve años y también la extensión de la duración de la duración de la investigación” a pesar de lo estipulado en el Código Procesal Penal Dominicano.

Antonio Carbone fue condenado a cinco años de cárcel en mayo 2020 y al pago de dos indemnizaciones de 5 y 20 millones de dólares. En agosto 2023 este caso también quedó nuevamente anulado y se implementaron en enero 2024 las medidas de coerción.

Fernando Báez Guerrero interpuso una querella ante el Consejo del Poder Judicial contra el juez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional quien varió las medidas de coerción. Dicho juez fue suspendido como resultado de la acusación.

Aún se desconocen los actores del incendio del carro, que según explica Roberto Rosario, se encontraba en la avenida Enriquillo a unos 300 metros del hogar de la víctima, donde se encontraba en ese momento.

El acusado, por su parte, se encontraba en Canadá visitando su familia, cuando días después del supuesto atentado, regresó a República Dominicana.

Los abogados dicen que puede ser una trama debido a que la victima era accionista de la empresa, por lo que una vez detenido Carbone, Báez Guerrero quedó como gerente, entre otros beneficios. Aseguran que los demás querellantes también son beneficiarios de los bienes del canadiense.

Tanto Rosario como Bonilla alegan que la salud y bienestar de su cliente fue ignorada aún mientras se encontraba en prisión. Los médicos recomendaron tratamiento debido a que estaba teniendo episodios ocasionados por su padecimiento de mal de Parkinson

Ellos aseguran haber ido directamente donde el entonces procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, y su sucesora Miriam German. Expresaron no recibir una solución para la situación del empresario.