Medio Ambiente advierte someterá a Fuerza del Pueblo por acusaciones de irregularidades

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirmó ayer que ha iniciado un proceso para formalizar una acción legal contra la organización política Fuerza del Pueblo (FP), tras las declaraciones de supuestas irregularidades en la emisión de permisos ambientales.

La institución oficial advirtió que no permitirá que afirmaciones sin fundamento afecten la credibilidad de su trabajo ni la integridad de sus procesos.

Ayer la organización opositora, liderada por el expresidente Leonel Fernández, pidió investigar la aprobación de 6,000 licencias ambientales por parte de ese Ministerio, al considerar que no tiene capacidad para procesar esa cantidad en tan solo once meses.

La denuncia de FP fue ofrecida durante rueda de prensa del titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la organización, Paino Abreu Collado, quien hizo referencia a declaraciones sobre las licencias del ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez.

“El Ministerio aclara que las más de 6,000 licencias, permisos, constancias y autorizaciones ambientales emitidas durante este período se han gestionado en estricto cumplimiento con la Ley General sobre Medio Ambiente 64-00 y el Reglamento de Autorizaciones Ambientales”, expresa la institución oficial en una declaración de prensa.

Según la entidad, la alta eficiencia en los trámites responde a una profunda transformación digital y administrativa que ha permitido cumplir con los plazos normativos sin sacrificar el rigor técnico ni los controles ambientales

Consideró preocupante que FP haya emitido acusaciones de esta naturaleza sin aportar evidencia, casos concretos ni elementos verificables que respalden sus afirmaciones.

“En consecuencia, el Ministerio ha anunciado que los representantes de la FP deberán responder ante las instancias judiciales correspondientes por la difusión de declaraciones que atentan contra el buen nombre y la integridad de la administración pública”, dijo.

Las decraciones de Fuerza del Pueblo

Abreu Collado consideró que el Ministerio de Medio Ambiente no posee la capacidad para otorgar 6,000 licencias en tan solo 11 meses, mientras que señaló al ministro como responsable de un modelo de gestión ambiental “peligrosamente distorsionado”, basado en cifras inconsistentes y decisiones que podrían estar vulnerando los principios fundamentales de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“En una reciente comparecencia el ministro de Medio Ambiente, licenciado Paíno Henríquez, se refirió a varios aspectos de la gestión ambiental del gobierno, en gran parte mostrando ignorancia sobre los temas tratados y ofreciendo datos inexactos e informaciones indemostrables”, dijo Abreu al leer el documento de prensa.

Ante esto, destacó la posibilidad de que en la institución opere un mercado para la venta de permisos ambientales, y que no se está cumpliendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales.

"Se habla de agentes que canalizan la obtención de estos permisos a quienes pagan montos extras por fuera", manifestó.

La Secretaría de Medio Ambiente del partido hizo un llamado a la Oficina de Ética Pública e Integridad Gubernamental (Oeig), para que intervenga e investigue lo que esté ocurriendo las autorizaciones ambientales.

Apuntó que la aplicación rigurosa del sistema de permisos y licencias ambientales es lo que permite prevenir, controlar, y mitigar los posibles impactos ambientales de proyectos, industrias e infraestructuras.

"Las autorizaciones ambientales no se dan a la carrera, aprobando proyectos que podrían tener potenciales impactos negativos. En ninguna gestión ambiental anterior se habían desvirtuado de forma tan grosera los mandatos de la Constitución y las leyes respecto a la protección, conservación y cuidado del medio ambiente", expresó Paino Abreu.

Además, la organización política recomendó a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría forense para determinar si se está cumpliendo con los mandatos reglamentarios de la Ley 64-00 que mide los sistemas y modos de impacto ambiental en el país.

La Fuerza del Pueblo también denunció un “abandono institucional” de las áreas protegidas y el deterioro en las condiciones laborales de los guardaparques, acusando que muchos de ellos no trabajan en el terreno y que en realidad figuran en la nómina como “botellas”.

“Históricamente existía personal entrenado, equipado y con supervisión estructurada desde el Ministerio, mientras que en la actualidad muchos de los llamados guardaparques no operan realmente en el territorio, son botellas que cobran en sus casas. Los que sí lo hacen, carecen de los recursos básicos y están muy mal pagados. En la actualidad los guardaparques carecen de identidad, de mística y de autoridad”, sostuvo Paino Abreu.

Según la denuncia, esto ha debilitado la capacidad de vigilancia, conservación y respuesta en los ecosistemas protegidos, afectando funciones esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico nacional.