Senado discutirá viabilidad de inhabilitación permanente a funcionarios cómplices de tráfico de personas

El Senado de la República aprobó el pasado viernes en primera lectura el proyecto que modifica la Ley 137-03, sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, depositada por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, al conocerse en la sesión celebrada ayer, para ser aprobada en segunda discusión, la pieza recibió una nueva propuesta elaborada por el senador Omar Fernández, que busca inhabilitar de por vida a los funcionarios que incurran en la reincidencia del tráfico de indocumentados.

El documento legislativo desarrollado por la comisión especial contempla únicamente una prohibición de 5 años para los empleados públicos que se involucren en el tráfico de inmigrantes indocumentados y 10 años a quienes repitan la comisión del delito.

Pero, la sugerencia del legislador Fernández pretende agravar la pena, colocando 10 años de penalización mínima y imposibilidad permanente en caso de repetición. 

“Quien se prevalece de una posición que le ha confiado el pueblo para atentar contra la soberanía no puede ser premiado con el servicio público”, dijo el representante de la Fuerza del Pueblo (FP). 

El presidente de la cámara alta, Ricardo de los Santos, presentó una moción ante los demás senadores, sugiriendo enviar el proyecto nuevamente, con un plazo fijo de una semana, a la comisión especial para que las recomendaciones del senador Fernández sean evaluadas.

El senador Franklin Romero, quien encabeza la comisión, no estaba de acuerdo en retrasar la aprobación definitiva de la pieza, “dada la urgencia”, ya que al "tratar de modificarlo ahora, habría que retocar el proyecto de ley por completo”.

No obstante, la petición del congresista De los Santos fue acogida y los representantes aceptaron reunirse el martes próximo para intentar enviar lo antes posible el documento a la Cámara de Diputados. De esta manera, lograr su aprobación y enviarla al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Respaldo a la inhabilitación permanente

A pesar de que la Constitución no establece en el artículo 80 la figura del plazo indefinido para evitar que un ciudadano pueda ocupar un puesto en el Estado en estos casos, el senador Omar Fernández aseguró que “lo que estamos planteando no es inconstitucional, está perfectamente de la mano con lo que establecen las leyes y la Carta Magna”.

En tanto, el senador Rogelio Genao “secundó” las recomendaciones de Fernández, vocero del único partido político opositor en el órgano legislativo, alegando que “el proyecto estaba bien completo, pero estas propuestas vienen a complementarlo”.

A favor del proyecto también se pronunció el senador Antonio Marte.

“Estoy de acuerdo con la propuesta que hace Omar. Debemos analizar cosas más simples de ahí, como es la violación de un conductor; se le suspende la licencia… entonces a usted que trae indocumentados no se le va a suspender por 10 años. (Necesitamos) una verdadera ley para que esos que traen indocumentados por 15 y 10 mil pesos…”, dijo.

Sanciones al tráfico de indocumentados

El proyecto de reforma enviado por el presidente Luis Abinader indica en el artículo 6, el cual versa sobre la complicidad, que fue agregada una penalización de 10 años, hasta 15 años de reclusión y la multa será de 350, hasta 750 salarios mínimos del sector público, junto a la suspensión de los derechos de ciudadanía.

Mientras que en el artículo 7 el delito de tráfico ilegal de migrantes, pasaría de la pena del rango de 10 a 15 a de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios, “al rango de 12 a 20 años de prisión y la multa de 750 a 1.500 salarios mínimos del sector público y la inhabilitación de los derechos de ciudadanía”.

El consultor jurídico, Antoliano Peralta, informó al depositarlo el pasado 7 de abril que aumentaría el castigo para quienes utilicen armas, perjudiquen a personas mayores de edad o provoquen la muerte de la persona objeto del tráfico.

“Para estas y otras circunstancias similares se establecen distintas penas agravadas que pueden alcanzar hasta los 40 años de prisión y 6,000 salarios de multa”, aseveró Peralta.

Migración

El éxodo masivo de haitianos indocumentados hacia el territorio dominicano mantiene en estado de crisis al país, ya que no ha podido ser detenido por los organismos de seguridad. Mientras tanto, la comunidad internacional aún continúa vigilante ante cualquier caso de vulnerabilidad a los derechos humanos que puedan realizar los agentes de Migración en la detención y deportación de los inmigrantes.

En respuesta a este escenario, el presidente Luis Abinder ordenó la implementación de 15 medidas con las que busca garantizar el control y la soberanía del espacio terrestre correspondiente al Estado dominicano. 

Dentro de las acciones se encuentra la ampliación de la supervisión por parte de las tres brigadas fronterizas actuales, en seis áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior.

Además, prometió reforzar la vigilancia fronteriza con 1,500 soldados adicionales que se unen a los 9,500 que prestan servicio en las provincias de la línea divisoria. Al igual que incorporarán 750 agentes de Migración.

Pretenden acelerar la construcción del muro fronterizo, con el inicio inmediato de la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 km de muro existentes.

También, modificará el reglamento de operación de los mercados binacionales, solicitará colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones. Recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) edificar una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios e instauró un Observatorio Ciudadano sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria para supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil.