Diputados opositores depositan proyecto para interpelarla a Faride Raful y al director de la Policía

Los legisladores opositores que representan a las principales organizaciones políticas dentro de la Cámara de Diputados se unificaron este miércoles para depositar un proyecto de resolución en el que solicitan la interpelación de la ministra de Interior y Policía (MIP), Faride Rafúl, junto al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Los voceros de las distintas bancadas, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo (FP) se presentaron ante la secretaría legislativa de la cámara baja para concluir con el procedimiento formal de la petición.

Los legisladores informaron que buscan recibir de la incumbente y el director del cuerpo policial las explicaciones sobre “los constantes operativos de incautación de bienes sin orden judicial”, al igual que las “violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

 “Permitir nosotros que la ministra de Interior y Policía penetre a una propiedad privada sin la autorización de un juez es una violación flagante, que solamente en dictadores se puede ver”, aseguró el vocero del PLD, Gustavo Sánchez, acompañado de los congresistas de las demás organizaciones políticas contrarias al Gobierno. 

Sánchez hizo referencia al artículo 44 de la Constitución, que consagra la inviolabilidad del domicilio, y el 51, el cual reconoce el derecho de propiedad como inviolable y protegido por el Estado.

Además, los congresistas indican que la institución policial ha incurrido en la afectación del artículo 69 de la Constitución, “que establece el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho a ser oído por una autoridad competente antes de cualquier afectación de derechos”.

Dentro de los fundamentos emitidos por los legisladores, también alegan que el órgano policial podría estar desacatando el derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a no ser objeto de persecución o discriminación arbitraria, “derechos todos ellos protegidos por los artículos 44, 47 y 40 de la Constitución”.

Así como los asegurados en los tratados internacionales vinculantes para el país, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los considerando del proyecto elaborado por los diputados aseguran que en las últimas semanas se ha observado un patrón de actuaciones en la Policía Nacional, “consistentes en la incautación arbitraria de bienes personales de ciudadanos”,  sin utilizar “órdenes judiciales ni fundamentos legales claros”, en detrimento de las “garantías constitucionales”.

“Se ha vuelto alarmantemente recurrente el despliegue de operativos policiales marcados por el abuso de autoridad, en los que agentes han cometido prácticas propias de un cuerpo represivo, incluyendo disparos indiscriminados contra viviendas, establecimientos comerciales, vehículos en circulación o estacionados, así como contra civiles desarmados y sin que estos representen amenaza real al orden público”, aseveran los congresistas.

Responsabilidad del PRM

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) conforma el bloque político mayoritario dentro de la Cámara de Diputados, con más de 140 representantes de los 190 integrantes que tiene el órgano. Esto generaría una traba para que los diputados opositores logren conseguir convertir el documento en una resolución.

Es por esto que el vocero peledeísta Sánchez recordó que “si el partido oficial (PRM) quiere protegerla y evitar que ella responda ante el pueblo”, será “su responsabilidad”.  

“Esto que estamos (haciendo) es nuestro rol constitucional y de partido opositor, ya lo que suceda en el hemiciclo dependerá del bloque mayoritario perremeísta, pero nosotros estamos del lado de la población que está siendo maltratada”, dijo el diputado Rafael Castillo, portavoz de la FP.

La moción también es respaldada por el representante del PRD, Ramón Raposo, quien pidió también evaluar las políticas implementadas por el MIP, para evitar que “la improvisación” continúe afectando a la ciudadanía.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 95 de la Carta Magna le otorga la facultad al Congreso Nacional de interpelar a los ministros y viceministros, al gobernador del Banco Central. Al igual que a los directores o administradores de organismos descentralizados del Estado,  entidades que administren fondos públicos.

Esta atribución podrá implementarse cuando sea aprobada por  la mayoría de los legisladores presentes y deberá ser requerida al menos  por tres representantes.

En caso de que el funcionario citado no compareciese “sin causa justificada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones”, las cámaras legislativas, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, “podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al presidente de la República.