¿De qué se le acusa formalmente a Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en caso Camaleón?

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó auto de apertura a juicio y la fusión de procesos contra Hugo Beras, José Canaán (Jochi Gómez) y otros 15 implicados por presunta estructura de corrupción y lavado de activos.

El órgano persecutor señaló como “sujetos activos” en la presunta red de corrupción a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), supuesto beneficiario real de los contratos fraudulentos celebrados con Transcore Latam S.R.L., Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange, S.R.L.

Se le acusa de supuestamente haber controlado fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia, y contrabandeo de equipos para espionaje en las elecciones durante la pandemia del COVID-19.

Además, de presuntamente haber utilizado a PagoRD Xchange S.R.L. y a OML Inversiones S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y de lavado de activos.

También se le acusa a Gómez de ser el principal responsable del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, quien fue el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, es acusado de haber dirigido y autorizado la “adjudicación fraudulenta” de contratos millonarios a empresas que supuestamente no contaban con la capacidad técnica requerida.

Es señalado de haber sido clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y de facilitar la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado.

“Fue el coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsedad ideológica, coalición de funcionarios, entre otros, y es el principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con clara participación en la orquestación del fraude en la citada licitación”, leía el documento.

Frank Rafael Atilano Díaz Warden también figura en el listado, y era el coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant.

Es señalado por haber participado “activamente” en la adjudicación irregular de contratos; de haber manipulado la licitación y haber tomado decisiones que “beneficiaron” a los acusados.

En el mismo sentido, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien fue director de Tecnología del Intrant y encargado de la red semafórica y de videovigilancia, es acusado de haber sido “pieza clave” en la coordinación técnica del fraude.

El Ministerio Público también lo señala de haber facilitado el control de la red semafórica y de videovigilancia a Transcore Latam S.R.L., “una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos”, y de haber falsificado una certificación para poder recibir el pago por bienes y servicios.

Baquero Sepúlveda es señalado como el coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y otros delitos.

Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien fue director Administrativo y Financiero del Instituto Nacional del Intrant, es acusado de haber emitido una certificación falsa en la que supuestamente afirmaba que la institución contaba con el presupuesto para el proceso de licitación.

Al igual que Baquero Sepúlveda, Álvarez Carbuccia es acusado de haber sido coautor de la red fraudulenta.

En cuanto a Pedro Vinicio Padovani, quien fue encargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, es señalado por ser socio de Gómez Nanaán, “prestanombre” de este en Transcore Latam, S.R.L., y es acusado de haber sido clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.

El Ministerio Público lo acusa de ser reo por su participación directa en la estructura fraudulenta en la Licitación Pública Nacional número INTRANT-CCC-LPN-2023-0001 y de haber participado en actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L. tras renunciar a su cargo.

Carlos José Peguero Vargas, señalado directamente como socio en la red de lavado de activos.

Presuntamente movilizó fondos a través de Inprosol S.R.L. junto a Gómez Canaán y Peguero Vargas.

“De igual forma, colaboró en la construcción de la estructura financiera ilícita de este. Se le imputa asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, así como sabotaje a la red semafórica, y en actos de terrorismo en contra de infraestructuras críticas del Estado dominicano”, leía el documento.

En cuanto a Mariano Gustini Ponce y Manuel Eduardo Mora Vázquez, quienes son los representantes formales de Pagord Xchange, S.R.L., son acusados de fungir como testaferros de José Ángel Gómez Canaán (Jochi).

El Ministerio Público señaló que PagoRD Xchange S.R.L sustrajo cientos de millones de pesos al Estado dominicano por medio de la recaudación de tasas e impuestos por servicios del Intrant, dinero que supuestamente no fue transferido a las cuentas institucionales.

“Desde las cuentas de la empresa, que estaban bajo su dominio, se realizaron transferencias a Gómez Canaán y a sus empresas vinculadas, así como la adquisición de bienes inmuebles de lujo, constituyendo actos de lavado de activos, estafa contra el Estado y asociación de malhechores”, resaltó el Ministerio Público.

Henry Darío Feliz Casso, quien era colaborador, director y asistente personal de José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), es señalado por el Ministerio Público como presunto intermediario financiero en las operaciones de desvío y lavado de fondos públicos.

“Movilizaron valores millonarios sin poseer capacidad económica ni respaldo comercial, actuando en nombre y representación de Gómez Canaán, a quien le entregaba los recursos sustraídos”, aseguró el órgano acusador.

Siete empresas están vinculadas en la estructura fraudulenta que señala el Pepca.

Transcore Latam, SRL, es señalada como la empresa controlada por José Ángel Gómez Canaán a través de testaferros y socios nominales y por medio de la que supuestamente se ejecutaron contratos fraudulentos con el Intrant y se obtuvieron pagos millonarios por servicios “inexistentes o sobrevaluados”.

Según el Ministerio Público, esta empresa también es la responsable del supuesto sabotaje de la red semafórica, junto a Aurix S.A.S., que constituye una estafa agravada contra el Estado.

PagoRD Xchange, S.R.L., esta empresa se ve vinculada al caso de corrupción administrativa por supuestamente apropiarse indebidamente de fondos públicos bajo el pretexto de cobrar comisiones por servicios.

También se le acusa de realizar transferencias millonarias hacia OML, Transcore y cuentas personales de Gómez Canaán, quien supuestamente adquirió bienes de lujo en el país, como un apartamento en el Residencial Logroval XVI y una villa en Punta Cayuco, Cap Cana.

La empresa Industria Soltex Dominicana, S.R.L. es vinculada indirectamente por el Pepca a Gómez Canaán y asegura que esta recibía fondos ilícitos provenientes del entramado e introducirlos en la economía formal.

Mientras que Dekolor S.R.L. fue supuestamente una empresa utilizada para encubrir el desvío de ingresos públicos en conjunto con funcionarios del Intrant.

“La empresa consolidó el monopolio de emisión y renovación de licencias, manipulando tarifas y sistemas informáticos”, señaló el Ministerio Público.

En el mismo sentido, la empresa Aurix S.A.S., empresa de José Ángel Gómez Canaán, presentada “falsamente” como una firma de seguridad e inteligencia. Según el Ministerio Público, su verdadera función era servir de “instrumento de espionaje, sabotaje tecnológico y ocultamiento patrimonial”.

Otra empresa vinculada en el entramado fraudulento es Inprosol S.R.L., supuestamente utilizada para movilizar y ocultar fondos ilícitos de los contratos fraudulentos.

“Sus cuentas recibieron y transfirieron montos significativos a favor de Gómez Canaán y de sus allegados, funcionando como empresa de paso (vehículo financiero) dentro del esquema de lavado, además de justificar las transferencias con supuestas actividades de servicios, con el fin de aparentar actividad comercial alguna”, detalla el Ministerio Público.

La última empresa vinculada a la red es OML Inversiones, S.R.L., señalada por el Pepca como una empresa de papel utilizada por José Ángel Gómez Canaán para la adquisición de inmuebles sustraídos del Estado, como apartamentos de lujo en el Residencial Logroval XVI del Distrito Nacional e inmuebles en Jarabacoa y Cap Cana, registradas a su nombre.