¿Debe Turismo regular el uso de suelo?

El turismo es uno de los pilares fundamentales de la economía dominicana. Sin embargo, su desarrollo enfrenta trabas burocráticas que ralentizan la inversión y afectan la competitividad del país. Una de esas trabas, poco discutida pero significativa, es la participación directa del Ministerio de Turismo (MITUR) en la autorización del uso de suelo y de la permisología de construcciones en zonas turísticas, función establecida mediante el Decreto núm. 559-06.

Desde la emisión de ese decreto en 2006, MITUR ha exigido su “certificado de no objeción” para toda construcción dentro de zonas turísticas, lo que lo ha convertido en una autoridad paralela a los ayuntamientos y, desde 2021, al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). Este último, creado por la Ley núm. 160-21, es el órgano competente para autorizar, regular y supervisar las construcciones a nivel nacional. A través de la Ventanilla Única de la Construcción (VUC), MIVED coordina la emisión de licencias de edificación, integrando los requisitos técnicos y las validaciones sectoriales.

La coexistencia de estas tres instancias, MITUR, MIVED y gobiernos municipales, ha provocado una duplicidad de funciones, inseguridad jurídica y retrasos significativos en la aprobación de proyectos. Un promotor que desee construir en Bávaro, Samaná o Juan Dolio debe gestionar simultáneamente permisos ante el ayuntamiento, MITUR, Medio Ambiente y MIVED. En la práctica, esto multiplica los tiempos, los costos y la burocracia.

Además del problema operativo, hay una clara contradicción legal. La Constitución dominicana, en su artículo 199, otorga de manera exclusiva a los ayuntamientos la competencia sobre el uso de suelo. Esta disposición ha sido respaldada por la Ley núm. 176-07 y por decisiones del Tribunal Constitucional, las cuales establecen que ni ministerios ni dependencias del Poder Ejecutivo pueden usurpar estas funciones municipales.

Tampoco el derecho comparado respalda el modelo dominicano. En países como México, Colombia, Panamá o Costa Rica, los permisos de construcción los otorgan los municipios o entes especializados en vivienda, no los ministerios de turismo. Estos últimos cumplen funciones de planificación sectorial, promoción de inversiones e incentivos, pero no de aprobación técnica de proyectos.

Frente a este panorama, es evidente que la participación de MITUR en la permisología de construcciones no solo es innecesaria, sino contraproducente. Su mantenimiento ha contribuido al estancamiento de más de 200 obras, incluso proyectos de vivienda de interés social. Proponemos, por tanto, la derogación del Decreto núm. 559-06, para devolver la autoridad en uso de suelo a los ayuntamientos, y la permisología constructiva al MIVED, como corresponde. El Ministerio de Turismo debe enfocar sus esfuerzos en la planificación estratégica, la calidad del destino y la sostenibilidad, sin interferir en funciones que constitucionalmente no le competen.

Una administración moderna requiere instituciones definidas, trámites simples y reglas claras. El turismo dominicano lo merece.