Movilidad por descontrol migratorio en el país
Las reacciones en el Estado suelen ser tardías. Miles son los casos que obligan al gobierno a tomar decisiones contundentes sobre la migracion descontrolada y asumir postura más responsable.
En el caso particular que puso al relieve una ocurrencia cotidiana en la frontera fue lo acontecido en la Carretera Internacional en noviembre de 2018. El Dr. Pedro Ureña, eminente cardiólogo domincano, que haciendo turismo interno junto a otros profesionales, fueron secuestrados por una turba haitiana impidiendo su desplazamiento en territorio dominicano.
Dicha acción, sucitada en venganza a la detención de una motocicleta haitiana en el municipio de Dajabón por nuestras autoridades, que ante lo que estaba ocurriendo en la Carretera Internacional, se declaraban incompetentes, agravando el estado de tensión de los profesionales que vieron sus vidas en peligro.
Los bándalos violentaron el derecho al libre tránsito consignado en la Constitución, como si nada pasara el gobierno obvió enterarse.
Por otro lado, recientemente el ex presidente Leonel Fernández dio señal de alerta sobre el compotamiento genuflexo y permisivo del gobierno actual frente al tema migratorio, con circunstancia favorable en estos tiempos por las nuevas regulaciones y leyes vigentes.
Pero antes, el ex mandatario y su partido, se habían referido al apagón semáforico surgido como medida de fuerza de los contratistas llamados a mejorar por convenio el Sistema de Control y Gestión de Tráfico del GSD.
Un alegado incumplimiento del gobierno de un pacto contraido, tras ser suspendidas las obligaciones por la Dirección de Compras y Contrataciones Públidas.
En ambas declaraciones sobre movilidad y migración, el denominador común es la demanda al gobierno del Dr. Ferñandez a sincerizarse con la población dominicana en cuanto a su modelo polÍtico de desarrollo matizado por una agenda oculta.
En esta ocasión me permito referirme entre los efectos del fenómeno migratorio al que compete a la movilidad de ese sector llevándolo a los limites la vulnerabilidad como actores viales.
Ha sido un problema persistente durante décadas, cuya situación está llegando a un climax de tensiones en la sociedad nacional en estos momentos. La realidad migratoria genera un impacto importante en la seguridad viaria y en la economía nacional.
El flujo contenporáneo de ilegales o no es altamente preocupante y peligroso, sobre todo en tiempo que los dominicanos somos amenazados por reformas tributarias para que a fin de cuenta subsidiemos a los extranjeros irregulares. Los cuales transitan en nuestras vías en condiciones contraproducentes a las normas, en las intersecciones y debajo de los semáforos. También desplazándose en caminos y carreteras, hasta en calles de nuestros barrios como cualquier ciudadano normal.
Las autoridades por lo general muestran flexibilidad ante tal comportamiento que resulta finalmente en crecimiento de las estadísticas de víctimas por accidentes en la circulación y que se le adjudican al país así como los costos de las asistencias.
La última vez que tuvimos acceso a los datos crudos de dichas estadísticas fue la correspondiente al año 2016. Calculamos entonces del total alrededor del 17% de extranjeros involucrados en tragedias. Venduteros, transportistas, trabajadores agrícolas y de la construcción, vigilantes y encargados de servicios en fincas y hogares, estudiantes y profesionales, en especial en este último caso como maestros y médicos, abarrotan nuestras calles, expuestos al riesgo inminente de sufrir un percance en su desplazamiento.
Según el investigador Luís Eduardo Thayer de la Universidad Central de Chile, la crisis migratoria crea tensiones en la democraria de los derechos humanos cuando se percibe una sobrepobración de migrantes ocupando los puestos de trabajo y las oportunidades de asistencia estatal.
No solo Europa y Estados Unidos por esta razón estan inmerso en una crisis migratoria, también República Dominicana al compartir la isla caribeña con Haití, considerado el país más pobre del mundo, bajo una situación política confusa que potencializa la desesperación de sus habitantes. Al punto que al llegar a nuestro territorio se adueñan de barrios impidiendo la entrada de las autoridades. Sin embargo, demandan las atenciones necesarias en escuelas y hospitales cuyos gastos estan bajo la responsabilidad del gobierno dominicano, con cierta preferencia incluso, lo que dexacerba a los criollos.