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Sigue preso acusado de matar a Orlando

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Yasmel CorporánSanto Domingo, RD

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó ayer la prisión preventiva dictada a Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado de asesinar a tiros al exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el pasado 6 de junio, en el despacho del funcionario.

El imputado acudió al tribunal que preside la magistrada Rosalba Onelia Garib, en busca de su libertad. Sin embargo, esa instancia ratificó la medida cautelar en su contra.

Durante la audiencia, Juan Aybar, abogado del acusado, argumentó que su cliente no representa peligro de fuga, y solicitó que en lugar de prisión, se le imponga presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica de dos millones de pesos.

Sin cambio

Mientras que la parte acusadora alegó que, “ante la gravedad del hecho, no hay presupuesto que pueda variar esta medida”. Igualmente, calificó cómo inadmisible el recurso de apelación presentado por la defensa y pidió que fuera rechazado.

“Los presupuestos no han variado para modificar la medida, y además son insuficientes, y lo más importante, el hecho por el que guarda prisión es lo suficientemente gravoso”, explicaron.

El diputado Orlando Jorge Villegas, hijo del fenecido ministro, acudió a la audiencia representado por el jurista Miguel Valerio.

“Ese asesino es una amenaza para nuestra familia y para la sociedad”, dijo el legislador, señalando a Cruz al tomar la palabra frente al tribunal, al tiempo que agregó que su familia se mantendrá firme a lo largo del proceso hasta obtener justicia.

No habló con medios

Mientras que el imputado repitió varias veces a su salida que “en este momento no tengo nada que declarar”. Cabe señalar que en ocasiones anteriores el acusado había pedido dar una entrevista a la periodista Alicia Ortega. No obstante, ayer se mostró reacio a abordar a los medios.

EN PUNTOS

Expediente.

Según el expediente, Fausto Miguel Cruz, apodado “Carandai”, planificó el asesinato del ministro, porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A.

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