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La República miércoles, 06 de julio de 2022

Condenan a 4 que fingían ser policías para asaltar

  • Condenan a 4 que fingían ser policías para asaltar

    Los imputados, usando armas cortas y largas, instalaron un puesto de chequeo para cometer los  asaltos. archivo / LD

Santo Domingo, RD.

El Primer Tribunal Colegiado de La Vega condenó a penas de 10, 20 y 30 años de prisión a cuatro hombres que se vestían de policías para cometer asaltos a mano armada en hechos ocurridos en 2013 en la carretera que conduce de La Vega a Jarabacoa, donde resultó muerto un agente policial.

Rafael Díaz Toribio (el Moreno) y a Yeuris Cerda (Jonathan) recibieron condenas de 30 años,  mientras que a 20 años fue sentenciado Alexis de Jesús Díaz y a 10 años Rafael Díaz Veloz (padre de Díaz Toribio), implicados en los asaltos y en la muerte del agente Nelly Antonio Olivares Reyes.

Los jueces Lucrecia Rodríguez, Juana Patricia Silverio y Julissa Candelario dictaron el fallo basados en las pruebas aportadas por el ministerio público y ordenaron el cumplimiento de las penas en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago, y La Isleta de Moca, provincia Espaillat.

En este caso también está involucrado como autor Rafael Rodríguez Aracena, quien fue declarado en rebeldía.

 La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó la fortaleza de expediente y dijo que las pruebas aportadas condujeron a esta condena por los hechos criminales cometidos.

“Puesto de chequeo”

 El expediente acusatorio instrumentado por la Fiscalía de La Vega señala que el 15 de agosto de 2013, alrededor de las 8:30 de la mañana, los imputados simularon ser parte de la autoridad policial y, usando armas largas y cortas, montaron un puesto de chequeo en la referida carretera, con la finalidad de realizar robos a las personas que transitaban por el lugar.

 Luego de que el ministerio público y la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la actividad delictiva, le dieron seguimiento al grupo y lograron el apresamiento, además de recuperar una camioneta y varios celulares, entre otros objetos robados.

En el transcurso de las pesquisas fue ocupada una maleta (identificada por testigos) que contenía equipos completos de policía, como armas, chaleco antibalas, botas, insignias, gorras de policía del equipo SWAT, además de tres pistolas y una escopeta, dentro de las que se encontraba un arma sustraída a la víctima Olivares Reyes.

El ministerio público demostró que el grupo violó varios artículos del Código Penal Dominicano que sancionan la asociación de malhechores, heridas y golpes, robo con violencia, simulación de autoridad y usurpación de funciones, así como robo con armas, homicidio precedido de robo, además de la violación a la Ley 36, sobre Porte y Tenencia de Armas.

Otro condenado en SPM

El Tribunal Colegiado del municipio San Pedro de Macorís dictó sentencia de diez años de prisión en contra de un hombre acusado de agredir con un arma blanca a su expareja en 2020.

 Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Haydeliza Ramírez Henríquez y Bethania del Carmen Conce Polanco declararon a Jarol Rodríguez Rosario culpable del crimen de violencia intrafamiliar agravada, por causar grave daño corporal a la víctima con un arma blanca y amenazarla de muerte.

Durante el juicio, el fiscal Pedro Adael García de Peña aportó pruebas testimoniales, documentales y periciales que demostraron la vinculación de Rodríguez Rosario con el hecho de violencia ocurrido el 19 de diciembre de 2020, mientras se encontraban en la vía pública, en el municipio San José de los Llanos.

Producto de la agresión, la víctima resultó con abrasiones y múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo que, debido a su alto nivel de gravedad, quedaron en espera de evolución y tratamiento, según estableció en su momento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Asediaba a su ex pareja

Amenazas.
Las pruebas permitieron también establecer que, con anterioridad a este hecho, Jarol Rodríguez Rosario el procesado había maltratado y amenazado de muerte a la mujer. El fiscal García de Peña explicó que la sentencia condenatoria fue impuesta por la violación de las disposiciones de los artículos 309-2 y 309-3, literales b), c) y e) del Código Penal.

El tribunal ordenó el cumplimiento de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.