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Inadecuado manejo de los desechos biomédicos: un mal que se fortalece con el tiempo

Generación. En el Gran Santo Domingo hay 37 hospitales públicos, de los cuales 27 generan mensualmente 272,310 libras de desechos biomédicos.

Los desechos biomédicos deben colocarse en fundas rojas para diferenciarlos de la basura común. JORGE MARTÍNEZ /LISTÍIN DIARIO

Los desechos biomédicos deben colocarse en fundas rojas para diferenciarlos de la basura común. JORGE MARTÍNEZ /LISTÍIN DIARIO

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Laura CastilloSanto Domingo, RD

A medida que transcurre el tiempo, la correcta clasificación y recolección de los desechos sólidos hospitalarios va ganando fuerza en el olvido mientras que los centros médicos no se detienen en generar diariamente grandes volúmenes de estos desechos biomédicos.

En el Gran Santo Domingo hay 37 hospitales públicos de los cuales un total de 27 generan mensualmente una cantidad de 272,310 libras de desechos, equivalente a aproximadamente 123.50 toneladas cada mes.

Mientras que unas 29 clínicas privadas de la misma demarcación, producen al menos 202,815 libras que representa un total de 91.99 toneladas por mes, de acuerdo a datos obtenidos por LISTÍN DIARIO de la empresa recolectora Alianza Innovadora de Servicios Ambientales (AIDSA).

El 60 por ciento de los desechos biomédicos que recibe AIDSA corresponde a hospitales públicos, los cuales generan de 15 a 20 libras diarias y los centros privados entre 8 a 10 libras diarias, detalló el propietario de la compañía, Luis Rodríguez.

Clasificación

Rodríguez, expresó no estar satisfecho con la clasificación que se desarrolla en los centros de atención médica de República Dominicana.

“No les gusta gastar dinero en equipos para los objetos corto punzante”, dijo insistiendo en que deben mejorar la segregación.

De acuerdo al Reglamento de los Desechos y Residuos Generados por los Centros de Salud que se creó mediante el decreto 126-09, los materiales desechables de quirófano, laboratorio y otros que se utilizan para dar asistencia única a los pacientes, deben de ser depositados en bolsas rojas y los objetos corto punzante en envases de material rígido.

No obstante, estas reglas no son aplicadas al pie de la letra por los trabajadores de salud, relata desde su experiencia en el área, lo que dificulta el método de esterilización que utilizan para luego ir al relleno sanitario.

Testificó que hay hospitales que echan las agujas en envases plásticos e incluso en “recipientes de detergentes” mientras, otros las envían sueltas, narró impactado por la carencia de conciencia que tiene la administración y el personal médico.

“A veces los potes lo mandan sin tapas y algunos envían las agujas sueltas; cuando un empleado toma esa funda y si se lastima tengo que mandarlo hacer pruebas de VIH, a ponerles antitetánica y un montón de cosas”, expresó refiriéndose al riesgo que están expuesto sus empleados.

Al hacer memoria, Vianela Taveras, gerente de la empresa, citó que los hospitales Vinicio Calventi, traumatológico Darío Contreras, Regional Marcelino Vélez Santana y el Francisco Moscoso Puello (este último cuando le prestaban servicios) son algunos de los centros públicos que peor segregación presentan.

“Si hacen énfasis en la clasificación y el manejo de esos desechos, en especial los hospitales, sería un éxito”, sostuvo resaltando que las pocas clínicas que le prestan servicios son más cuidadosas.

Otra empresa que se dedica a la recolección de estos desechos es PyD Recycling. Uno de sus operadores identificado como Pedro Durán, consideró también que el personal de salud carece de concientización.

Incluso, citó que en un determinado momento tuvieron que prescindir del contrato que tenía con el hospital General Docente de la Policía Nacional por la inadecuada clasificación.

“Ahí (hospital de la policía) dejamos de recogerles porque cada vez que íbamos era un desastre y tirados en fundas rotas”, dijo.

Señaló que para algunos centros médicos en especial los públicos, es más fácil depositar estos desechos junto a la basura común para que los mismos sean llevados al vertedero.

“Aquí (en el país) hay un problema con los desechos biomédicos porque a los hospitales no les gusta pagar; por ejemplo, el hospital Vinicio Calventi nos quedó debiendo casi un millón de pesos”, recordó.

Duran detalló que presta sus servicios aproximadamente a 10 centros de salud entre públicos y privados, incluyendo algunos laboratorios del Gran Santo Domingo.

Entre los hospitales citó el hospital la Maternidad de La Altagracia, el hospital de la Mujer Dominicana y el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal.

Servicio Nacional de Salud

Las doctoras Ana Núñez, directora del departamento de Salud Ambiental y Ana Arias, coordinadora de gestión del Servicio Nacional de Salud (SNS), admitieron que en diferentes supervisiones han determinado “temas con la clasificación”. Y citó, por ejemplo, que algunos zafacones que deben de tener funda roja (para identificar los desechos peligrosos) tienen fundas negras (basura común).

Luego de estos hallazgos resaltan haber “desarrollado talleres de capacitación” en todo el país para el personal médico. No obstante, la valoración por parte de los dueños y gerentes de las empresas recolectoras de estos desechos es deprimente.

Desechos no biomédicos

La errónea segregación no deja de sorprender a las empresas. Rodríguez confesó que en ocasiones algunos hospitales les envían fetos y extremidades junto a los desechos hospitalarios, lo cual está prohibido por ley.

Una vez se percatan, los devuelven al centro médico junto a constancia dirigida al director para que este le aplique el procedimiento correspondiente. “Cuando se lo enviamos con una carta de una vez se ponen a las pilas”, dijo.

Especificó que las extremidades deben de llevarse al cementerio para que sean enterradas en una fosa común propiedad del hospital, luego de realizar un acta de defunción que certifica a la persona que pertenece.

“No podemos aceptar desmembramientos, fetos ni ninguna partícula humana”, enfatizó.

Clínicas

En el sector privado de salud la situación se agudiza un poco más, conforme a los testimonios de los entrevistados.

Algunos directores de las clínicas de la región Este y Sur profundo se han “opuesto” a la ejecución de una debida recogida de sus desechos infecciosos por el alto costo que tiene el servicio, detalló a LISTÍN DIARIO el director de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena.

Esta asociación tiene afiliadas aproximadamente 116 clínicas y se estima que a cada una les costaría entre RD$80 a RD$100 mil pesos el servicio por mes.

Mena sostuvo que la recolección se ha implementado en algunas clínicas de Santiago, San Cristóbal y Santo Domingo. En esta última demarcación todavía hay centros descuidados, dijo.

Salud Pública

No obstante, el ingeniero Raúl Rosario Díaz del departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, expresó que el costo del servicio no debería ser una justificación para que los centros privados se abstengan de la asistencia que por ley les incumbe.

Servicios clandestinos

“Nos llaman terceros que se dedican a retirarles esos desechos a algunos centros médicos de manera clandestina, para investigar cuánto le cobramos por llevar un camión y le respondemos que no trabajamos así”, afirmó Vianela, añadiendo que aproximadamente el 20 por ciento de los centros médicos privados del Gran Santo Domingo no tienen una empresa contratada.

En otras provincias también asisten algunos centros médicos, pero la cantidad es muy mínima, razón por la cual consideró que el manejo de los biomédicos en el interior es aun “peor”.

Sin registros

Tanto el Ministerio de Salud, órgano rector de las políticas sanitarias, como el Servicio Nacional de Salud, entidad que promueve el fortalecimiento del sistema hospitalario dominicano, no tienen registros de los centros médicos que tienen una correcta clasificación, ni la cantidad que generan y tampoco sí cuentan o no con una empresa contratada para la recolección y destino final de los desechos infecciosos.

Por su lado, el Ministerio de Medio Ambiente tampoco especificó los nombres de las prestadoras de servicios que están autorizadas para la recolección y que asisten a los centros médicos.

De acuerdo a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos que se promulgó el 2 de octubre del 2020, el artículo 66 establece que todas las entidades (incluyendo los centros de salud) están obligadas a registrarse como generadores.

“Los registros se pondrán en funcionamiento próximamente y podrán encontrarlo en la página del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los establecimientos de salud reportaron en su portal, el tipo y la cantidad de residuos que generan anualmente”, informó la institución al solicitarle los datos.

Perjuicio al medio ambiente

Sostuvieron que uno de los “grandes” flagelos ambientales que debe de enfrentar el país es el mal manejo de los residuos sólidos.

Agregaron que “la mayoría de los residuos de los establecimientos de salud se mezclan y se queman en incineradoras de baja tecnología y alto grado de contaminación o a cielo abierto, sin ningún tipo de control”.

La incineración de residuos hospitalarios genera grandes cantidades de dioxinas, mercurio y otras sustancias contaminantes que se disipan en el aire transportándose por miles de kilómetros contaminando directamente el medio ambiente o terminan siendo cenizas, que en lo general se desechan sin tener en cuenta la carga de contaminantes tóxicos persistentes que contienen, citaron.

Para evitar que este tipo de residuos peligrosos causen daño al suelo o al aire, el proceso de incineración debe ser “con una tecnología amigable con el medio ambiente”, definió la institución sin puntualizar a cual hacen referencia.

Daño a la salud

Manuel Colomé, docente de epidemiología y medicina preventiva del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), indicó que la errónea clasificación de desechos hospitalarios pudiera perjudicar la salud de una persona si se lesiona con una aguja.

Colomé citó como ejemplo, a los denominados “buzos”, que a diario se sumergen en toneladas de basura en los vertederos en busca de objetos con valor.

“Si uno de ellos rebusca en una bolsa negra y se pincha con una aguja contaminada de hepatitis C (supongamos) pudiera contraer la enfermedad y luego contagiar a otros”, explicó.

Dijo, además, que el riesgo de contraer el virus VIH por la misma causa, también es posible, aunque la probabilidad es de un 0.05 por ciento, sin embargo, cuando sucede es decisivo.

Sanciones

Euren Cuevas, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, detalló que la entidad o persona que viole el reglamento que estipula el manejo de los mismos, puede ser llevada a prisión o multada de acuerdo a la Ley General 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los delitos están estipulados a partir del artículo 174 y en el artículo 182 y 183 se establecen algunas de las sanciones penales y sometimientos. El articulo 184 estipula las sanciones específicas para los funcionarios que permitan “expresamente o por descuido e indiferencia la violación a la ley”.

“La persona jurídica o física (entidad pública o administrador) puede ser sancionada desde seis días de prisión máxima hasta tres años si no provoca muertes; en caso de que el mal manejo de estos desechos provoque la muerte de una persona pueden enfrentar hasta 30 años de prisión de acuerdo al Código Penal”, señaló.

También pueden ser sancionados con multas con montos que van desde cuatro hasta 10 mil salarios mínimos.

Deudas por servicios

La inestabilidad en los pagos es otro obstáculo que impide que las empresas puedan ofrecerles la asistencia de recolección.

El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) tiene una deuda pendiente con PyD Recycling desde noviembre del 2020 y el hospital Vinicio Calventi también les debe casi un millón de pesos, afirmó Pedro Durán.

Mientras que el hospital Moscoso Puello adeuda a la empresa AIDSA más de RD$600 mil pesos, alegó su gerente, Vianela Taveras.

Costo

El costo por la recogida de desechos sólidos hospitalarios va a depender del volumen que generen. El pago más elevado ronda en RD$80,000 a RD$110,000 y el más económico es de RD$30,000 a RD$40,000 pesos.