Legisladores promueven modificación a la ley de Salud Mental para tratar casos surgidos tras pandemia
Foto: PMathiasen| Listín Diario.
Ante los efectos psicológicos provocados por la pandemia del COVID-19, así como los reclamos de diversos sectores por la salud mental, varios legisladores plantearon la necesidad de la ley 12-06 de Salud Mental.
Los legisladores Fanklin Peña, Lía Diaz y Tobías Crespo, recordaron que se depositó el pasado año una pieza legislativa para modificar la citada ley, pero aún se está conociendo en la comisión permanente de Salud del Senado.
El objetivo de esta modificación es establecer un sistema de atención integral que integre la atención comunitaria y hospitalaria a nivel nacional en materia de salud mental.
Según explicó Peña, representante de San Pedro de Macorís, la pieza se hace necesaria, en parte, para enfrentar las secuelas dejadas por la pandemia y citó que según la Oficina Nacional de Estadísticas, entre marzo de 2020 y febrero del año en curso, unas 11,297 personas recibieron atenciones médicas psicológicas por preocupación a contraer el virus, aislamiento social y presiones económicas.
Dentro de ese grupo de personas, Peña indicó que el informe también refleja que para marzo de 2022 las mujeres ocuparon el primer lugar de los casos con 7,635 (68 por ciento), mientras que los hombre tuvieron la cifra restante de 3,662 (32 por ciento).
De su lado, el diputado Tobias Crespo, sostuvo que es necesario que la nueva ley de salud mental, se introduzcan disposiciones que canalicen los recursos apropiados para enfrentar la situación nacional de salud mental, priorizando la atención comunitaria y hospitalaria e incorporando las tecnologías sanitarias innovadoras para el tratamiento de estos trastornos en el país.
Destacó que la pieza legislativa, fortalece la lucha contra los estigmas sociales que padecen los pacientes de enfermedades mentales, fortaleciendo el seguimiento comunitario, permitiendo incorporar innovaciones sanitarias en el catálogo de medicamentos.
La pieza cuenta con el aval del Colegio Dominicano de Psicólogos y la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, quienes expresaron su continuo respaldo a la iniciativa legislativa y al trabajo de los congresistas.