El colapso del Estado de derecho en el país
El Estado de derecho que nuestra Constitución proclama, es conforme a la doctrina, una forma de organizar la República en donde el ejercicio del poder se encuentra sujeto al “sometimiento pleno al ordenamiento jurídico” vigente, en donde éste garantiza, a) la efectividad de la división de poderes, b) el control del poder público, a cargo de las instituciones y de los ciudadanos, c) el imperio de la ley – no de las personas que la aplican – y d) la efectividad de las garantías fundamentales.
Nuestro país, que ha tenido en su cultura inseguridad personal y jurídica, hoy, se caracteriza a) por un pánico jurídico en lo penal que afecta a jueces – obligados a obrar conforme al populismo judicial – y amenazados por el Ministerio Público, abogados – impedidos de defender a sus clientes libremente - y simples ciudadanos, b) existencia de una condena previa por la declaratoria regular de caso complejo y la consecuente imposición de 18 meses de prisión preventiva, sin necesidad, c) afectación de la dignidad de los encartados cuya inocencia constitucional se presume y d) pérdida absoluta de derecho a la intimidad y de las comunicaciones.
La dictadura y luego la guerra fría impusieron culturalmente la aceptación de la intervención de las comunicaciones en el país, a cargo del Gobierno, de sus agencias y personas contratadas y, eso – que es un delito en todos los países-, ni la Ley ni la Constitución, habían logrado cambiarlo.
Sin embargo nunca se llegó a los extremos del presente; existe una paranoia colectiva, nadie habla o escribe con libertad por teléfono, aunque es imposible interceptar a todos, todos se creen intervenidos, obviamente por el Gobierno y, no son una excepción a este miedo, los funcionarios: Mas de la mitad de los dominicanos usan dos números y más de teléfonos y, en cada reunión, estos, se dejan afuera: Nadie desea que sus cuestiones personales o sus negocios estén siendo escuchados, en violación a su derecho a la privacidad.
Si bien vimos casos preocupantes en el pasado, cuando en una sesión televisada del CNM, se conoció una conversación de la magistrada Germán hace unos años, el colmo es que, conforme me contó un colega, hay órdenes de intercepción que reposan en expedientes penales, falsas, copia de una original en contra de otra persona y, eso sucedió ahora: El Cambio no fue para hacer lo mismo o peor.
Hace poco se supo que miles de personas – sin que lo supieran - tenían “alertas” de viaje en Migración y, hay miles de personas, que sin necesidad u orden judicial, actualmente, tienen bloqueos desde hace tiempo en sus cuentas bancarias: ¡Por Dios! Podrían prestar una fianza, no hay que quebrarlos mientras se investiga, proceso que puede durar años.
Recientemente un colega de La Romana, a quien se quiso forzar a declarar lo que no sucedió, molesto, luego de interrumpir el interrogatorio, al marcharse, saliendo de la PGR, se le subió el azúcar, le dio un ACV y estuvo en cuidados intensivos más de una semana.
El Estado está basando sus procesos, no en las pruebas, sino en la delación y está casi siempre implica chantajear, amenazar y asustar, al interrogado, aunque con ello se violen todos sus derechos y el fundamento del Estado de derecho: Lo siento, estoy en mis últimos años, al morir quiero creer que sigue una democracia viable y no apoye a Luis para eso.
Esa realidad, de la que puedo citar decenas de casos, ha generado un estado de pánico nacional que hoy se suma a las crisis normales, inevitables de este año, como son, la de los precios de los combustibles – gasolina, luz - y comodities – con los productos de primera necesidad -, el desempleo, la inseguridad, la escasez de furgones para las mercancías y, otros problemas que afectan la vida diaria, como son las molestias derivadas de los problemas del transporte. Ahora, la preocupación mayor se centra en esos temas no en la pandemia y, tienen lugar o se hacen notar a partir del punto de inflexión de Punta Catalina, como ya se pudo notar en ocasión del anuncio de la eliminación de la mascarilla, medida “simpática” que no obstante, la mayoría rechazó.
En un Estado de derecho debe existir respeto y hasta cierto miedo a la Ley; acá lo que hay es pánico a quien la aplica, y eso mantiene a la Administración paralizada convirtiendo al Gobierno o haciéndolo ver como ineficaz: Algunos funcionarios son manifiestamente incompetentes, pero otros, bien preparados, temen toda iniciativa por los riesgos que toda acción conlleva, independiente de si es de buena fe o no.
He conocido y colaborado con tres de los últimos presidentes – Balaguer, Hipólito y Leonel – y conocí a Salvador y aunque no le apoye, conozco a Danilo. Creo que todos tuvieron buenas intenciones: La transparencia que predica el Presidente Abinader es un ideal de Gobierno excelente superior – parecida a la de Salvador – pero llevada al fundamentalismo ético con la persecución criminal sin control político, lleva directo al fracaso y, en una primera etapa, a una derrota electoral innecesaria, privando al país de un buen Presidente, en quien además, por su edad, descansa el relevo político de los próximos 20 años. Luis no tiene derecho a fracasar porque el país sufrirá.
La esencia de la democracia es el control político de todo órgano del poder público, la independencia y autonomía de estos no implica que no haya en donde – o a quien - rendir cuentas cuando excedan o abusen de su poder de aplicación de la Ley y, menos aún, cuando sus disposiciones son contrarias – o afectan - la política pública del Estado a cuya dirección pertenecen.
Luis, en su buena fe, en la visión que tiene de un Gobierno ideal, ha cometido errores protocolares -diría Vincho-, terribles, desde la juramentación de sus funcionarios el 16 de agosto del 2020 que, le pesaran: La Procuradora es su Ministra de Justicia y ha debido estar en cada reunión del Gabinete con el cual debió jurar y a cuya política pública se debe.
Pero, aún es tiempo de virar la curva del descenso, renovar al Gobierno y reimpulsar las políticas públicas, sobre todo, salvar el Estado de derecho que ha colapsado y, eso, hasta las personas más humildes lo perciben aunque no puedan describirlo: Evitemos llegar a estar como Venezuela o Perú que, con sus defectos la clase política dominicana construyó lo que hay, que no es malo, pues sin petróleo hemos crecido más y somos más estable que la mayoría de los países del resto de América Latina.