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La República viernes, 28 de enero de 2022

Tribunal aplaza para 18 de febrero revisión obligatoria a implicados en caso Medusa

  • Tribunal aplaza para 18 de febrero revisión obligatoria a implicados en caso Medusa

    Jean Alain Rodríguez. Archivo

Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD

La jueza el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Rosa aplazó para el 18 de febrero el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción a parte de los implicados en el caso Medusa.

La magistrada tomó la decisión de aplazar la audiencia para ese día a las 9:00 de la mañana, debido a que la imputada Jenny Marte Peña, no compareció con su abogado defensor.

Ante la ausencia del abogado de la imputada, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y los representantes de los demás imputados no se opusieron a que la audiencia fuera aplazada para ese día.

La revisión obligatoria es también para los imputados Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado y Rafael Antonio Mercedes Marte.

Mientras que, ese mismo tribunal tiene previsto conocer para el 9 de marzo la revisión obligatoria de la medida de coerción al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y Javier Alejandro Forteza, principales implicados en el entramado de corrupción.

La jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso prisión preventiva por 18 meses para cumplirse en Najayo en contra Alain Rodríguez, Rodríguez Imbert, Solano Augusto, y Javier Alejandro Forteza, varió la medida de Miguel de Moya y ordenó arresto domiciliario para los demás imputados.

Dentro de los encartados Jean Alain Rodríguez, extitular de la institución, es señalado como el principal acusado de estafar al Estado dominicano durante la pasada gestión gubernamental de Danilo Medina con más de seis mil millones de pesos.

Dentro de las acusaciones que pesan en contra del grupo se encuentran corrupción, asociación de malhechores, lavado de activos, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad y delitos electrónicos.