Fideicomiso y privatizaciones

A propósito de unas declara­ciones que hi­ciera el honorable se­nador por la provin­cia Pedernales, Dionis Sánchez, de que los fi­deicomisos públicos son privatizaciones, surge la oportunidad de hacer la precisión de diferenciar ambos conceptos y que, en el caso de los fidei­comisos públicos, no son en ningún escena­rio una nueva forma de privatizar bienes o ser­vicios públicos.

Según manifestó el se­nador Sánchez: “estamos muy preocupados, porque la nueva forma de privati­zar se llama fideicomiso. No estamos de acuerdo con ese tipo de privatiza­ción”. Esto no es cierto. En realidad, hacer un fideico­miso público es una forma de hacer gerencia, y en ningún momento es pri­vado, sino que es en todo momento responsabilidad del Estado, como explica­ré a continuación.

Lo primero es que du­rante diez años ha existi­do en el país la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la Re­publica Dominicana, en­focada, como su nombre lo dice, en el ámbito de las viviendas, en particu­lar las de bajo costo. Esto ha tenido como resultado la evidencia de una de las décadas más prósperas en materia habitacional en tiempos recientes, por lo que el gobierno pretende extrapolar ese caso de éxi­to a otras áreas con una nueva ley de desarrollo fi­duciario.

En esa visión, el go­bierno del presidente Luis Abinader ha asumi­do lo que en otros paí­ses es una realidad ha­ce décadas: hacer uso de los fideicomisos pú­blicos para aumentar el flujo de recursos econó­micos e inyectarlos en tareas prioritarias que aceleren el crecimiento general del país, su com­petitividad y la apertura a nuevas oportunidades de empleo para la pobla­ción.

Por solo ponerles un ejemplo, en países co­mo Colombia y Panamá, la mitad o más de su Pro­ducto Interno Bruto son activos administrados en fideicomisos, lo cual no significa necesariamente que esto sea sinónimo de que sus respectivos apa­ratos productivos, en par­ticular los servicios y bie­nes que provee el Estado, estén en manos del sector privado.

Sacando el hecho de que si así fuese no sería automáticamente nega­tivo, cabe resaltar que los fideicomisos públi­cos son un elemento de­terminante en el plan de reactivación y creci­miento económico de la actual gestión guberna­mental, y que estos no son ni serán una nueva forma de privatizar la economía dominicana.

En el caso nuestro, el 100% de los Fideicomisos Públicos registrados tie­nen como Fideicomitente y Fideicomisario al Esta­do Dominicano. Es decir, el estado es el propietario único de todos los bienes y derechos aportados al Fi­deicomiso. Es más, cual­quier venta futura de di­chos bienes o derechos a terceros debe pasar nece­sariamente por el Congre­so Nacional.

Por si quedaran dudas, comparto esta definición del empresario y experto en economía de Panamá, Fer­nando Sucre Míguez: “Los fideicomisos públicos son instrumentos jurídicos crea­dos por la administración pú­blica a efecto de fomentar el desarrollo económico y so­cial a través del manejo de los recursos públicos admi­nistrados por una institu­ción fiduciaria. Mediante el contrato de fideicomiso se da seguimiento a diversos programas y proyectos es­tatales que persiguen el bien común”