Voluntad política para enfrentar la corrupción pública

Distintos medios de comunicación impresos resaltaron en las últimas semanas el hecho de que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, haya dado evidencia contundente de que no tiene compromisos con el azote eterno de la corrupción pública, que quita oportunidad a las familias vulnerables de mejorar su calidad de vida.

La última de esas noticias fue titulada así: “Ruidos y escándalos les cuesta puestos a los funcionarios”.

La reseña del periódico El Caribe describía cómo el presidente de la República desde los inicios de su gestión definió un estilo de no dejar pasar por debajo de la mesa la comisión de acciones que atenten contra el patrimonio público. En lo que lleva de gobierno, el mandatario ha destituido a 15 de sus funcionarios por ruidos fruto de irregularidades o corrupción durante sus gestiones.

El mismo día que se publicaba esa información, el editorialista y director del decano Listín Diario, Miguel Franjul, siguiendo la misma tónica esbozó cómo los fiscales a cargo de la investigación penal sobre expediente denominado Coral 5G han trabajado horas extras para ir “desenrollando la madeja de la corrupción”.

Comentaba que “en la medida que se ahondan las investigaciones contra la corrupción en esferas del Estado, más grande e insondable parece la madeja de responsabilidad y complicidades que todavía cubre tales maniobras fraudulentas”.

Tal como entiende buena parte de la opinión pública por el volumen de los expedientes, y a partir de las declaraciones ofrecidas por el propio magistrado Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), todavía falta gente por encartar de las cuales se tiene constancia de su participación en el entramado.

Hasta el momento el presidente Abinader da evidencias claras de querer hacer un gobierno transparente, bajo unos preceptos éticos y morales en materia de combate a la corrupción.

Esa intención que comienza a ser reconocida por la opinión pública y toda la población tiene una sola explicación: el representante del Poder Ejecutivo se desprendió de las prerrogativas constitucionales de nombrar miembros del ministerio Público que les fueran simpáticos a sus directrices o emanadas de la Presidencia.

Apartándose de las prácticas precedentes, el jefe del Estado nombró a dos prominentes damas, con una historial digno en el ejercicio de sus carreras públicas aunque con caminos paralelos en sus respectivos ejercicios. Las magistradas Mirian Germán y Yeni Berenice Reynoso juntas con Wilson Camacho forman una tripleta de indudable proceder. Y aquí surge la siguiente pregunta:

¿Son los magistrados a la cabeza del ministerio público personajes traídos del planeta Marte por el presidente Abinader?

Obviamente que no. Los tres ejercían funciones en el ministerio público durante las administraciones peledeístas, pero en aquellas faltó voluntad política para dejar que ese órgano actuase con las manos sueltas en los escándalos que se produjeron. Fuimos testigos los dominicanos de acciones desde esa instancia del poder público que estuvieron en consonancia con los caprichos del Ejecutivo.

Ni una cosa ni la otra se compadecen con lo que la población ha esperado de los discípulos de Juan Bosch. Ni componendas para entorpecer los procesos que pudieran culminar con fallos judiciales condenatorios, en los que se respete el debido proceso, pero tampoco acciones e intromisiones delibradas para sacarle las castañas del fuego a quienes actúan de espalda a la ley.

El proceso de transparencia que definió la administración Abinader no debe tener retroceso. El comportamiento ético y moral es un anhelo del pueblo dominicano, del ciudadano de a pie que es quien carga con el peso de la corrupción recibiendo servicios públicos deficientes, con pobre calidad de vida y profundas debilidades en áreas vitales como la educación, la salud y la seguridad ciudadana.

Como establecía el periódico El Día, el presiente Abinader ha destituido a 15 funcionarios de su gabinete y pudieran engrosar la fila otros tantos porque las personas escogidas por él no son alienígenas, sino hombres de carne y hueso, ciudadanos de este terruño con virtudes y defectos.

Lo trascendente es que el presidente haya enviado una señal clara de intolerancia contra la corrupción. Le ha dicho a sus funcionarios que tienen que apegarse a las normas. Con su proceder, Abinader trazó la raya de Pizarro para que en lo adelante nadie crea que tiene un manto sagrado que lo cubre, como ocurrió en el pasado reciente que se incentivó y se hizo una piñata con los fondos del Estado sin que nada pasara.

La voluntad política es necesaria no solo para combatir el latrocinio de los fondos públicos, sino para enfrentar el crimen organizado en las calles de los barrios y comunidades rurales que han perdido su esencia debido a que quienes tenían que velar por enviar señales de ser paradigmas de decencia, torcieron el rumbo para abrazar otras causas.

Hay que mostrar voluntad política para acometer el grave problema que enfrenta la patria de Duarte con la amenaza real de convertir la isla en un solo Estado para fusionar dos pueblos diametralmente distintos en idioma, cultura, religión y costumbres, proyecto que se viene ejecutando silenciosamente, minuto a minuto, hora por hora, día por día, semana por semana y mes por mes por la frontera nuestra.

El presidente necesita respaldo en los aspectos de la administración pública en los que ha demostrado tener empeño de sanearlos, mientras los medios y periodistas ejerceremos nuestro rol de recordar aquellos donde hay fallas evidentes. Es nuestro deber y responsabilidad.