Presiones mediáticas, políticas y sociales inciden en sentencias de jueces

La sentencia del caso Odebrecht puso de nuevo sobre el tapete el tema de las presiones mediáticas, de la sociedad civil, de sectores de poder, de las implacables redes sociales a que se ven sometidos los jueces que deben emitir sus decisiones sobre casos ‘sonados’, en los que cada sector, y hasta cada persona, pretende satisfacer sus expectativas de condena y/o absolución y hasta del alcance que deba tener cualquiera de esas decisiones.

A propósito de la sentencia dictada en el caso Oderecht, el 14 de octubre de 2021, las recurrentes decisiones de los jueces dictando prisión como medida de coerción contra imputados de casos escandalosos, el programa de televisión Oye País entrevistó a siete destacados abogados nacionales –Carlos Salcedo, Trajano Vidal Potentini, Angel Lockward, Julio César de la Rosa, Surún Hernández, Manuel Fermín Cabral y Valentín Medrano- cuyas opiniones coinciden en que la independencia de la Justicia está generalmente ‘condicionada’ bajo los influjos mediáticos, de sectores de poder y de la sociedad civil.

Los abogados dicen que los fiscales generalmente piden prisión preventiva como medida de coerción contra imputados en casos que se convierten en escándalos mediáticos, como corrupción, violaciones, narcotráfico, etc. y que la generalidad de los jueces ‘no resisten esas presiones’ y mandan a la cárcel a los acusados, lo que en muchos casos se convierte en una suerte de condena adelantada. Y señalan que ese mismo comportamiento se registra luego, en las sentencias de fondo.

El abogado Manuel Fermín Cabral es de opinión, en ese tenor, que los jueces “que son los llamados a ser esos entes neutrales para detener el desbordamiento que se da y que es natural en el poder penal, ese poder de perseguir es muy peligroso y debido a esa peligrosidad que da pie a esos desbordamiento, es que se requiere una justicia independiente, lo que significa que el juez sea capaz de detener, de frenar los excesos de un Ministerio Público que se ve desbordado”.

Y remata el abogado Valentín Medrano ese concepto indicando: “En la medida en que la justicia se quiera hacer popular, es decir, responder a los requerimientos sociales que se tengan en lo que es la procura de una determinada decisión, la justicia dominicana jamás se pondrá pantalones largos y, por vías de consecuencias, seguiremos teniendo una justicia narigoneada por la opinión pública”.

Citan como ejemplo el mismo caso Odebrecht, donde los 14 imputados iniciales fueron a parar a Najayo y luego de varios meses puestos en libertad y que todos, sin excepción, cumplieron fielmente con su presencia en todas las audiencencias de fondo hasta el día de la sentencia, por lo cual la presunción de fuga, contaminación de pruebas o daños a las víctimas –los puntos centrales que configuran la prisión preventiva- no se registraron.

Más aún, las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo en su sentencia ordenaron que los dos condenados en el caso Odebrecht deben mantener su condición de libertad, dentro de las medidas de coerción, indicando tácitamente que no había el ‘peligro de fuga’ que alegó la Procuraduría cuando solicitó su encierro, tras los arrestos en mayo de 2017.

“Hay una frase que acuñan los jueces de este país que dice que ‘por trancar no sancionan jueces’ ni lo llevan a un juicio disciplinario, pero por soltar, si corren ese riesgo… y esto es una irresponsabilidad de nuestros jueces, porque operan por presión mediática”, comenta el abogado Julio César de la Rosa, director ejecutivo de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).

Mientras, para el abogado Carlos Salcedo: “La prensa condiciona las decisiones judiciales… una prensa aguerrida y una sociedad civil que se cree poseedora de toda la verdad son buenos para influir en los cambios necesarios, pero también esa sociedad civil está condicionando no sólo en el ámbito judicial sino en las decisiones propias generales del Estado, los gobiernos, del poder legislativo, de las altas cortes”.

El caso Odebrecht –como ocurre con los casos actuales de corrupción en manos de la Justicia- despertó una gran oleada de presión social de sectores mediáticos, políticos y de la sociedad civil que demandó sanciones contra la corrupción y revertir las denuncias de impunidad. De ahí surgió la denominada ‘Marcha Verde’, que recorrió las calles de la Capital el 22 de enero de 2017 –menos de un mes después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos destapara el caso Odebrecht- lo que pareció marcar el inicio de un gran movimiento contra la corrupción y la impunidad. Pero el movimiento se diluyó cuando los políticos quisieron montarse en el mismo para desplegar sus propagandas, la captación de adeptos y los opositores de entonces, para presionar al Gobierno de turno.

¿Son los jueces independientes de la presión mediática, de la sociedad civil, de las redes sociales? se preguntó al abogado Angel Lockward quien indicó: “En sentido general no lo son, aunque sí hay jueces que actúan con total independencia” y agrega que “los jueces son permeables a la cuestión mediática y el que llega habiendo perdido el pleito en los medios, que es muy fácil de perder, llega por lo menos condenado a una pena anticipada de 18 meses, como ha ocurrido ahora con las coerciones”. Y se pregunta ¿pero en qué país del mundo se ha visto eso… que sin una persona representar un peligro de fuga, un riesgo al expediente, un riesgo a una de las personas que figuran de testigos, se le pone una medida de coerción, condenado por la opinión pública?.. eso es venganza social... eso no es justicia desde ningún punto de vista”.

Luego de cuatro años, tres meses y 21 días que duró el proceso Odebrecht –desde el momento en que la Procuraduría General realizó los aparatosos allanamientos y arrestos de 14 personas, que incluían un ministro, tres legisladores, tres miembros del Comité Político del PLD, entonces partido oficial, y los ex presidente y ex secretario general del principal partido de oposición del momento, el PRM, hoy partido de gobierno- la justicia repartió decisiones variopinto que encontró culpables a dos de los imputados y descargó a otros cuatro, de los seis que llegaron al final del juicio. Los demás habían sido liberados de responsabilidades a lo largo del proceso.

Para Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados, “la presión de que son objeto muchos jueces, máxime cuando se va en contra de esa matriz de opinión, tanto de la prensa como de las redes sociales, o es suspendido o es sometido a juicio disciplinario, porque se entiende que ha habido algún tipo de maniobra fraudulenta. Es que esas personas que son señaladas en principio como culpables por algún tipo de opinión pública, tienen que ser culpables sin tomar en cuenta los elementos probatorios que se aporten al juicio, sin tomar en cuenta el debido proceso, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia, porque lo único que tiene que ver es que ese magistrado no quiere verse siendo objeto de un escarnio público”.

Asimismo, el abogado Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Transparencia y Justicia, indica que “no hay esa independencia, pues lo que se da, que se verifica en el día a día, es que no puede juez alguno tener independencia, porque son seres humanos que están tocados por lo que es el populismo mediático, el populismo penal, el populismo judicial, donde se estima, se entiende en el país que solo hay justicia, que solo se está haciendo justicia si una persona es apresada, es llevada a prisión”.