Sistema nacional de seguridad ciudadana: un gran acierto

Fuimos uno de los primeros en felicitar al pr e s ident e Luis Abinader por la creación, mediante el Decreto 581-21, del SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA bajo el mando del Ministerio de Interior y Policía, luego de hacer tantas recomendaciones al respecto, producto de más de treinta años de experiencia en el ejercicio policial.

El mencionado Ministerio, por ser constitucionalmente rol de su competencia según el artículo 261, tendrá a cargo gerenciar la aplicación de acciones, programas, políticas y planes diseñados en el ámbito de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana, lo que permitirá la implementación de políticas públicas de prevención del delito, área en que el Estado había recesado de hacer desde que dejó de aplicar el exitoso PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA a partir del año 2013.

Luego de esa desafortunada decisión de aquel gobierno, la criminalidad y la delincuencia iniciaron su gradiente ascendente hasta situarse otra vez, hasta el día de hoy, como la primera preocupación de la ciudadanía en todas las encuestas de medición, superando al costo de la vida, el desempleo, la inflación, entre otros.

Está claro, que la inseguridad ciudadana no es una problemática exclusiva de la policía, es en realidad un problema social, y como tal, debe de ser estudiado, analizado y tratado en su conjunto, por todas las instituciones del Estado, ya que es multicausal, por lo que las respuestas a esta “afección” social deben ser “multidimensionales”.

A los fines de explicar las causas de la generación de delincuencia y violencia en los conflictos sociales, me permitiré describir el TRIÁNGULO DE LA VIOLENCIA del sociólogo noruego Johan Galtung, donde esquematiza la violencia como un iceberg, en el cual la llamada violencia directa es aquella que la sociedad sufre a diario -atracos, asaltos, homicidios, robos, etc- siendo esta una pequeña parte del conflicto social; por lo demás, la única visible. (ver gráfica)

Luego define las invisibles, como los tipos de violencia que la sociedad y el Estado no tienen conciencia que se producen, pero que, como el magma de un volcán, arden en su interior, hasta que un día hace erupción hacia arriba, convirtiéndose en violencia directa.

Estas son la violencia estructural y la violencia cultural. En este sentido, tenemos que la violencia estructural es responsabilidad del Estado, debido a que las “estructuras” estatales no llegan a satisfacer las necesidades sociales, tales como falta de oportunidades, de acceso a la salud, educación, ausencia de canchas deportivas en barrios marginados, carestía de la canasta básica de alimentos, etc. Y la violencia cultural, es aquella de la que la misma sociedad es responsable como marco legitimador de esa violencia, manifestada en el arte, religión, simbolismos, lenguaje, medios de comunicación, falta de formación familiar y de enseñanza de cultura cívica.

Por ejemplo, la transmisión de músicas cuyas letras incitan a la violencia asesina, al sexo violento, al consumo de drogas y al irrespeto a las autoridades. Este tipo de música, escuchada a diario por menores en su edad de formación moral de los tres años en adelante, crecen en un ambiente de presión social que al final terminan siendo abusadas sexualmente y embarazadas, luego abandonadas, y ahí empieza el círculo vicioso de familias vulnerables y violentas, pues esa criatura que nace producto de la violencia y marginalidad se formará como tal, un ser humano violento.

Naturalmente, esto es más complejo de lo descrito, pero intento resumir lo principal para enfocar lo siguiente: 1 La Policía Nacional, sin ser la causante de la violencia directa, la cual es producida por la ineficiencia del Estado y la misma sociedad, es la única institución que enfrenta, día a día, para dar seguridad ciudadana y proteger la sociedad de los violentos, a pesar de sus carencias e ineficiencias por falta de inversión del Estado.

2 Puedo asegurar que el gran éxi to del PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA consistió en atacar las causas generadoras de violencia estructural, junto con las demás instituciones del Estado, haciendo la mayor labor de prevención desde el Ministerio de Interior y Policía, como órgano rector de las políticas públicas de seguridad ciudadana.

3 El recién creado SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA debe ser eminentemente preventivo y procurar el retorno al ministerio de Interior y Policía de los programas del 9-1-1 y Asistencia Vial, por ser rol de su competencia, los cuales que fueron trasferidos de manera inconstitucional a los ministerios de la Presidencia y Obras Públicas respectivamente, para politizarlos con propósitos reeleccionistas, desvirtuando sus funciones.

4 Devolver a la Policía Nacional sus capacidades en la Dirección Central de Seguridad Preventiva, despojadas por el 9-1-1, retomando la central de comunicación policial para recuperar el mando y control en la ejecución del patrullaje preventivo.

5 La creación del INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA, con el objeto de ser fuente de suministro de información científico-profesional a la Estrategia y Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para estudiar las causas y circunstancias de los hechos delictivos en todas sus manifestaciones, o sea, el delincuente, el delito, la víctima y el control social desde la propia perspectiva de personalidad y psicología del individuo hasta la influencia de la sociedad y el entorno en que cada uno se cría y desarrolla. Utilizando como fundamentos los conocimientos de las ciencias interdisciplinarias, tales como: la sociología, trabajo social, psicología, psiquiatría, antropología, medicina, matemáticas, física y química, apoyándose en otras ciencias de carácter forense y el derecho penal.

Este instituto debe ser de carácter AUTÓNOMO, con el objeto de que sus análisis y recomendaciones sean estrictamente profesionales, donde primen el interés nacional por encima del interés político partidario.

Finalmente, el Estado debe estar consciente, que el país se enfrenta al impacto de una gran crisis económica global, y eso generará conflictos sociales de violencia directa, por lo que es urgente la adopción de las acciones preventivas necesarias desde el Estado y poner a la Policía Nacional en condiciones de ejercer su rol preventivo, para de esta manera garantizar la seguridad y paz pública.