Esperanzas y dudas arropan la agropecuaria dominicana

Fue en agosto de 2008, en los albores de la crisis financiera mundial, que llegó a República Dominicana la primer vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, y entre los temas de interés para la inclusión de la mujer en el cambio social, despachó una declaración tan afirmativa como real, pero muy pocos prestaron toda la atención a ese consejo gratuito.

Sus palabras fueron: “La República Dominicana es un país rico en recursos naturales, con potencial para convertirse en el granero del Caribe”. Palabras más palabras menos, esta mujer dijo a los dominicanos que aprovechen las convergencias geográficas, climáticas, logísticas, capital humano, tecnología, cercanía a los mercados, entre otros, para convertir en una potencia productora de alimentos para vender al mundo.

Pero, por lo visto, 13 años después, los gobernantes y los empresarios no han puesto manos a la obra y las últimas acciones son una mezcla de esperanza y dudas de que esa gran verdad se comprenda con exactitud.

La esperanza La semana pasada el presidente Luis Abinader tomó el juramento a la Comisión de Recuperación de Terrenos del Estado, creada por el Decreto 307-21, que tiene por objeto auditar las operaciones inmobiliarias que se han realizado con esas propiedades estatales, mediante levantamientos, modificaciones y actualizaciones parcelarias que permitan regularizar la tenencia y el mejor aprovechamiento por las instituciones públicas.

El gobierno ha dicho que está comprometido a “proteger y garantizar el derecho de propiedad” y la titulación inmobiliaria, según expresó el presidente Abinader durante la juramentación de los miembros de la Comisión, presidida por Rafael Presbiterio Mejía Guerrero, John Richard Paniagua Feliz, secretario ejecutivo; Danilo del Rosario, director del Instituto Agrario Dominicano; César Cedeño, director de Bienes Nacionales; Mérido Torres, director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado; Héctor Pérez Mirambeaux, director del Catastro Nacional; Catalino Correa Hiciano, contralor general de la República, y Francisco José Torres Álvarez.

Aunque el decreto no precisa el tiempo de que dispone la comisión para tener los primeros resultados y que quienes tienen en usufructo terrenos públicos puedan demostrar la legalidad de su adquisición y por consiguiente obtener sus títulos definitivos con una orientación de explotarlos con actividades relativas a la vocación y calidad de los terrenos, no hay duda que esta iniciativa puede crear condiciones para una mejora sustancial de la calidad de vida de miles de familias y la sostenibilidad de empresas.

Si la comisión cumple su trabajo y encuentra negocios y apropiaciones irregulares –que con seguridad existen y no en poca cantidad-, el gobierno está en el deber de recuperar esos terrenos o negociarlos por su justo valor para que los recursos se destinen especialmente a mejorar las inversiones agropecuarias e inmobiliarias para beneficio de las personas carentes y con voluntad de producir y educar a su familia.

Respaldo de Abinader Parece que el presidente Abinader dará un fuerte respaldo a esta comisión para que haga su trabajo sin temor a que poderes “fácticos” frenen su objetivo, pero para eso se necesita que mande señales claras de que ahora no habrá vuelta atrás para poner orden en ese ámbito.

Dos serían decisiones que el jefe del Estado debería considerar para darle mayor robustez al trabajo de la comisión: la primera, como he dicho antes, es confirmar el nombramiento del director del IAD, el señor Danilo del Rosario, para que sienta la seguridad de que lo que ahora empieza corresponderá a él terminarlo o avanzarlo mucho, y la segunda es fijar un calendario de supervisión personal (del propio Abinader) de resultados cada tres meses, para que el trabajo no se detenga.

Conozco la trayectoria de Del Rosario y ahora lo que veo es un ritmo muy activo de recuperación del trabajo del IAD, tanto fortaleciendo la capacidad productiva de los viejos asentamientos, como la entrega de parcelas a los campesinos sin tierra, labor que estuvo descuidada y este gobierno está retomando.

Ese tipo de funcionarios son los que el gobierno tiene que aprovechar y motivar en un momento tan difícil como el que vive la sociedad dominicana, sacudida por una pandemia y requiriendo cada vez más alimentos que deben salir del campo y no entrar por los puertos.

El rol del IAD en la comisión es fundamental porque es al que corresponde gestionar la mayor cantidad de tierras para producir, criar animales y aves, cuidar la foresta y los manantiales, pero además su trabajo es el que puede aportar el mayor grado de impacto social en la población más vulnerable del campo dominicano: los campesinos sin tierra y los parceleros asentados.

Tengo el compromiso de respaldar el ordenamiento de la propiedad pública para que se recupere lo que haya sido arrebatado al Estado, pero además para que más campesinos sin tierra sean asentados, todos dispongan de títulos y en las ciudades se haga un verdadero catastro de los bienes entregados por el gobierno y los beneficiarios tengan garantía para ser verdaderos propietarios y acceder a negocios que permitan mejorar su condición.

Las dudas La Cámara de Diputados acaba de aprobar el Presupuesto Complementario enviando por el gobierno que modifica asignaciones a ministerios y dependencias por un monto de RD$85,200 millones.

Los ministerios favorecidos necesitan esos recursos para continuar financiando sus planes y programas, pero lo que ha pasado con el Ministerio de Agricultura no tiene madre.

En momentos en que el país recibe el impacto que viene de la carestía de materias primas e insumos, que se reflejan en los altos precios de la canasta básica, al Ministerio de Agricultura no solo no le asignan fondos adicionales para estimular la producción nacional, sino que según denunció el diputado Rubén Maldonado, vocero de Fuerza del Pueblo, le quitaron RD$145 millones de su presupuesto original de comienzos de año.

¡Caramba! ¿Cómo despojan a Agricultura de fondos en momentos en que hay técnicos agropecuarios nombrados por este gobierno que van para un año trabajando y no han cobrado su sueldo?

¿Cómo puede Agricultura estimular la producción de maíz y sorgo para alimentar pollos y ganado, habichuelas, viandas y hortalizas, si sus fondos no alcanzan para acompañar a los productores y honrar sus compromisos laborales y con los suplidores?

Hace falta que se valore la opinión de la exvicepresidenta de España y se comprenda que este país aun tiene recursos naturales inigualables en el Caribe y es una lástima que no esté produciendo en cantidad y calidad para suplir los mercados de la región y explote mucho mejor los de Norteamérica, Europa y Asia.

Una política de ese tipo rompería el círculo vicioso de la pobreza y el atraso rural y reivindicaría el progreso en una espiral virtuosa de generar empleos, dinámica del mercado interno, exportación y captación de divisas para sostener el crecimiento.