Licitan resmas de papel y hasta almuerzos
Licitaciones públicas han sido anunciadas recientemente en diarios impresos de circulación nacional. ARCHIVO/LD
Desde almuerzos para sus empleados hasta resmas de papel bond, son de las necesidades que algunos organismos estatales han intentado suplir mediante licitaciones públicas que han sido anunciadas recientemente en diarios impresos de circulación nacional.
El pasado martes 20 de julio, por ejemplo, la Dirección General de Pasaportes (DGP) convocó a presentar propuestas para la contratación del suministro del almuerzo para los empleados del área metropolitana de la institución.
Otro caso particular es el de Junta Central Electoral (JCE), que tres días después, hizo un llamado público para la selección de la o las empresas que se encargaran de suministrarles un total de 30,000 resmas de papel bond 20 blanco, de tamaño 8 ½ x 11.
Tanto la DGP y como la JCE se han amparado en las disposiciones de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, que “tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado…”, según lo describe en su artículo primero.
Los procedimientos que regulan esta pieza legislativa son utilizados por los organismos públicos para “adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones, así como sus modalidades”.
Equipos informáticos De las licitaciones que figuraron en los medios impresos durante estas dos últimas semanas, las más comunes fueron la búsqueda de proveedores de equipos informáticos, empresas de herramientas y soluciones Fortinet, así como para la renovación de plataformas FIREWALL y de software.
De 71 anuncios de convocatorias identificados en cinco periódicos, por lo menos 12 correspondían a este tipo de servicios, para un 17% del total analizado.
Entre las entidades gubernamentales que solicitan únicamente equipos se encuentra el Consejo del Poder Judicial, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Ministerio de la Presidencia (MP).
En tanto, el Servicio Nacional de Salud (SNS) busca contratar alguna empresa para la renovación de software; la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), para la adquisición y transformación de las plataformas FIREWALL y para herramientas y soluciones Fortinet el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.
La segunda categoría con mayor demanda de las instituciones públicas es la de combustibles para sus vehículos o tickets del producto para sus empleados.
Es el caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) que convocó el pasado martes 13 para adquirir servicios de combustible a través de tickets para “el personal con asignación, la flotilla vehicular y camiones tanques para el suministro de las plantas eléctricas de la institución”.
El 16 de julio, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) también llamó a licitación de combustibles pero solo para proveer a sus unidades y trabajadores.
El Plan de Asistencia Social de la Presidencia, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y el cuerpo de seguridad presidencial también realizaron peticiones en esa dirección.
En el caso de los ministerios de Deportes, Agricultura y Turismo, sus anuncios son para captar proveedores de utilería deportiva en el caso del primero, el segundo en busca de interesados en la preparación de 418,500 tareas de tierra en labores de corte y cruce, mientras que para el ultimo la necesidad a suplir es la de servicios de Mystery Shopper.
CIFRAS
Fijado por la ley. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) establece en su portal web que las entidades públicas deben realizar el procedimiento competitivo para las compras y contrataciones que excedan los umbrales establecidos en la Ley 340-06, actualmente fijado en RD$147,699.99.
Directa. Si la institución no sobrepasa la cifra, puede realizar compras de bienes y servicios de manera directa. “La compra directa no es una modalidad de selección, por lo tanto, no es necesario establecer un plazo mínimo entre la publicación del procedimiento y la recepción de ofertas para proceder a la selección de los proveedores”, establece la DGCP en el escrito digital.