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Haití: Estado de emergencia internacional

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Rafael G. Guzmán FermínSanto Domingo, RD

El asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moise es un hecho que ha conmocionado a la comunidad internacional, en un confuso magnicidio perpetrado en su residencia privada en una operación tipo comando por “un grupo de individuos no identificados”, de acuerdo al comunicado leído por el primer ministro interino, Claude Joseph.

El asesinado mandatario deja una nación sumida en una gran crisis económica, social, sanitaria, medioambiental, y de manera particular de tipo político, consecuencia quizás de sus ambiciones de permanecer en el poder violentando la Constitución de la República, que lo condujo a abolir el parlamento, suprimir los jueces del Tribunal Superior de Justicia y gobernar por decreto como un dictador.

Situación institucional haitiana: Tras el magnicidio, se ha generado un vacío de poder, producto de la ausencia de las autoridades legalmente constituidas desde la perspectiva institucional que soporta la estructura del Estado, como son las siguientes:

1.- Poder Ejecutivo: presidente asesinado.

2.- Primer Ministro: sin ratificar (de facto), pues el pasado lunes fue designado el Dr. Ariel Henry por el asesinado mandatario, pero ahora no lo quiere reconocer el antiguo primer ministro interino, Claude Joseph. Para agravar aún más la inestable situación, el destituido Senado de la República ha designado como presidente provisional de Haití al senador Joseph Lambert, desconociendo así la autoridad de Claude Joseph.

3.- Poder Legislativo: perimido (de facto).

4.- Poder Judicial: presidente de la TSJ muerto por COVID-19 y 5 jueces cesados.

5.- Vicepresidencia: no existe.

Cabe destacar que en Haití la figura vicepresidencial no existe de acuerdo a la Constitución, por cuanto el sucesor del presidente por ausencia definitiva, recae sobre el presidente del Senado. De manera que los tres poderes del Estado están actualmente acéfalos, lo que constituye la peor crisis institucional para cualquier Estado desde el ámbito constitucional.

Grandes interrogantes Desde el punto de vista militar, la operación comando perpetrada por mercenarios, fue bien planificada, rápida y aparentemente exitosa. Pero quedan muchas interrogantes: ¿Quién financió tal operación paramilitar? ¿Cuál de los sectores en pugna fue capaz de efectuar tan osado magnicidio? ¿A qué grupos de poder en Haití le ha beneficiado ese vil atentado? ¿Cuál fue el costo de dicha operación y quienes en el continente americano poseen las estructuras paramilitares capaces de realizar este tipo de intervenciones?

Son cuestionamientos que necesariamente deben investigarse profundamente, pues estamos hablando de asesinar a un presidente en funciones de una República. Recordemos que el mismo presidente colombiano, Iván Duque, recientemente sufrió un atentado mientras volaba en el helicóptero presidencial.

Hasta ahora, una de las hipótesis más creíbles está basada en declaraciones de los principales testigos, tal como la sobreviviente primera dama MartineMoise, su hija y la revelación de que el presidente asesinado fue torturado para que firmara su carta de renuncia a la presidencia.

En este contexto, podemos destacar que la mejor inteligencia militar latinoamericana, después de la cubana, es la de Colombia, y precisamente es el mandatario colombiano quien con mayor certeza ha hecho pronunciamientos definidos para una viable solución a la situación haitiana, la cual, de no actuarse con diligencia, podría degenerar en la anarquía total, y su efecto expansivo afectar, no solo a nuestra nación, sino a toda la región, ante las serias amenazas de los narcos Estados y dictaduras regionales.

Crónica de un asesinato anunciado El punto más álgido de su presidencia fue la fecha del término de su mandato presidencial de cinco años y las manifestaciones en su contra. El presidente Moise tomó posesión el 7 de febrero del 2017, luego de haber ganado unas elecciones muy cuestionadas en el año 2016, donde hubo una abstención del 79% de los votantes. A pesar de que la Constitución haitiana es muy clara en varios de sus articulados sobre el término del mandato presidencial, el señor Moise insistía obstinadamente en sus propósitos de que su mandato concluía el 7 de febrero del 2022.

Estas ambiciones lo llevaron a gobernar bajo un clima de agitación, inestabilidad e irritación social generalizada, agravadas por la pobreza extrema, estructuras poderosas del narcotráfico, la violencia de bandas armadas que se disputan nueve zonas del territorio haitiano y las acusaciones de corrupción a su gobierno, lo que provocó estallidos sociales en todo el país, cubriendo de inestabilidad política su mandato con varias acusaciones de intentos de golpes de Estado.

La violencia callejera, la inseguridad pública y la incapacidad de la policía haitiana para enfrentar la criminalidad y el narcotráfico convirtieron a Haití en uno de los países más peligrosos del planeta, aparte de continuar siendo uno de los más pobres del mundo.

A pesar de este panorama convulso, el ultimado dignatario planificaba impulsar una reforma constitucional para una reelección presidencial a través de un referéndum, prohibida por la Constitución y la decisión del Consejo Superior del Poder Judicial. Para agravar más el escenario político, se puso en contra de los grupos de poder empresarial, y se dedicó a realizar fuertes inversiones en el sector de abastecimiento de aguas (recordemos la construcción del canal para el desvío del río Masacre) y en el sector eléctrico, poderoso cartel de empresarios haitianos, a quienes denunció en una entrevista internacional que planeaban darle un golpe de Estado.

Desde mi punto de vista, creo que ha sido un magnicidio con un golpe de Estado encubierto. A tal efecto, existen dos doctrinas en derecho; la objetiva, que atiende solo la naturaleza del derecho lesionado y la subjetiva, que vislumbra el móvil del crimen. Ambas teorías señalan la importancia del ataque a la seguridad contra el poder del Estado. Finalmente, felicitamos al presidente de la República Luis Abinader por las oportunas medidas preventivas adoptadas para proteger la soberanía nacional al ordenar el inmediato cierre de la frontera y el refuerzo militar. Aunque soy de opinión, que se debería solicitar el envío de una Fuerza de Paz de Naciones Unidas, para estabilizar la democracia y libertad, evitando una guerra civil en gestación. Nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo haitiano.

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