Nosotros y Haití

Siempre he dicho que Haití es nuestra primera prioridad. En ese territorio, que no es una nación, viven once millones de personas en la miseria, violencia y el caos. Todos ellos quieren venir para nuestro país, si eso llega a ocurrir, quienes dirigen a ciertos países y organizaciones internacionales actuarán y convertirán esta isla en un solo estado.

Para que eso no ocurra debemos nosotros ser proactivos y claramente indicarle a la comunidad Internacional y países como Estados Unidos, Francia y Canadá que son ellos que tienen la responsabilidad de Haití, sin embargo, no debemos solo quedarnos en palabras, también debemos actuar con acciones dirigidas a:

1. Repatriar a todos los ilegales.

2. Dar prioridad a la construcción del muro en toda la frontera.

3. Modernizar y preparar a nuestros servidores públicos de aduanas, migración y fuerzas armadas.

4. Desarrollar económica y socialmente a los pueblos fronterizos.

Ese es un proceso de carácter interno que durará años, mientras tanto debemos formular políticas que a nivel internacional contribuyan a resolver el problema haitiano.

En el 2006 publiqué en la revista Política Exterior de la Cancillería un artículo que titule “Haití es un Estado Fallido”.

Posteriormente y a raíz del devastador terremoto que destruyó a Puerto Príncipe en el 2010, hice un extenso trabajo técnico para la reconstrucción de Haití, más luego y junto al Canciller Morales Troncoso, viajamos a diversos países con la finalidad de que los países donantes para la reconstrucción de Haití hicieran los aportes prometidos de unos diez mil millones de dólares.

Un magnicidio en un estado fallido es diferente a cuando ocurre en uno organizado. Hoy Haití no tiene las instituciones que hacen posible manejar a una nación. Haití es en estos momentos una selva, no obstante, debo hacer mención de lo que era antes de su independencia y lo que actualmente es.

Esa colonia francesa de Saint-Domingue, fue la más próspera del imperio francés. Han transcurrido 204 años de la independencia de Francia, y desde aquel entonces gradualmente se ha ido convirtiendo en la nación más pobre del hemisferio occidental.

Esa es la triste realidad del país que primero abolió la esclavitud en el mundo y la segunda del continente americano en lograr su independencia. La forma en que la Comunidad Internacional ha abordado el caso haitiano ha sido errónea.

Han querido trasplantar modelos que no son factibles en Haití. Han celebrado elecciones y han elegido gobiernos, pero la realidad es que allí nada de eso ha funcionado.

Eso ha ocurrido debido a que no están presentes las instituciones que hacen funcionar a un régimen democrático.

No obstante, la Comunidad Internacional no ha querido reconocer esa situación y aun con la experiencia después del terremoto donde se gastaron billones de dólares provenientes de los países donantes, sin obtener ningún resultado, siguen haciendo lo mismo.

La realidad es que hoy en día nadie quiere entrometerse en los problemas haitianos y eso incluye a los gobiernos dominicanos. La diferencia con nosotros es que somos sus vecinos y sus problemas no se detienen en la frontera. Tenemos que ayudar. En un caso como el de Haití, que es claramente un Estado fallido, lo mejor hubiera sido establecer un “Protectorado”, pero el capítulo XII, artículo 78 de la Carta de las Naciones Unidas, indica que no es posible hacerlo en territorios que hayan adquirido la calidad de miembros de esa organización.

Dada esa situación, las Naciones Unidas y los países con categoría de miembros permanentes en su Consejo de Seguridad, han basado sus intervenciones en varios estados fallidos utilizando el esquema de mantener el principio de soberanía convencional, no obstante, de que su aplicación haya resultado negativa.

¿Cómo entonces conciliar esa situación con la realidad actual de la nación haitiana? Para ello es necesario buscar otros mecanismos que permitan que un valor inmutable como el principio de la soberanía se mantenga.

Pero que, a la vez, no se constituya en un obstáculo insalvable a la propia existencia de Haití como nación.

Es por eso que en algunos casos se han planteado otras opciones para que la ayuda internacional sea más efectiva.

Nosotros creemos que una alternativa es la aplicación del concepto de “Soberanía compartida” bajo la cual se lograría una especie de asociación entre las autoridades locales y las externas.

Esta opción permitiría llegar a un acuerdo bajo el cual la Comunidad Internacional pueda aplicar un esquema parecido a lo que se buscaría lograr con un protectorado. Pero la denominación y la modalidad sería diferente al protectorado.

Esta se denominaría “Alianza Estratégica”, y se haría un gobierno compartido con la Comunidad Internacional. Bajo un esquema de esa naturaleza Haití delegaría en la Comunidad Económica Internacional el manejo y control de la economía durante unos 15 años.

Sin embargo, la otra parte que es Haití gobernaría y manejaría los otros poderes y áreas que normalmente conforman a un Estado independiente.

En el fondo esto es una especie de alianza estratégica, bajo la cual los poderes serían compartidos entre las dos partes.

Existen a nivel internacional ejemplos de países que tuvieron éxito con ese esquema. Según las experiencias obtenidas, este concepto resulta viable siempre y cuando exista un equilibrio entre las dos partes, es decir, los actores internos que son los haitianos y los externos representados por la Comunidad Internacional.

En un pacto como ese, el instrumento para ejecutar el proceso de la reconstrucción económica de Haití, sería básicamente una Agencia de Desarrollo, que asumiría todas las funciones económicas y coordinaría sus actividades con el FMI, BID, OEA y Banco Mundial.

Esta agencia deberá ser autónoma y su principal atribución sería diseñar y ejecutar el programa de reconstrucción de Haití.

Su principal fuente de recursos serían las donaciones que harían el grupo de países donantes, así como los fondos prestados y provenientes de los Organismos Internacionales.

La fase inicial de este programa a ejecutar tendría como primera prioridad el crear la infraestructura que Haití necesita para su crecimiento económico en áreas como carreteras, hospitales, escuelas técnicas, acueductos y energía.

Un programa de esa naturaleza podría necesitar en la primera fase, que sería de cinco años, unos diez mil millones de dólares.

Al cabo de quince años y bajo un esquema como el indicado, Haití habrá consolidado las bases de su desarrollo económico y social, pero a la vez creado las instituciones que hacen viable a la democracia.

Es a partir de ese momento que Haití sería un Estado-Nación capaz de manejarse bajo un régimen democrático, sin intervención externa.