Exdirector del Cestur se pone a disposición Procuraduría para dar versión sobre dos oficiales prestaban servicio en institución
El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, anunció aunque no ha sido imputado en el caso Coral, está dispuesto y disponible para que se conozca su versión de los acontecimientos que han generado la imputación de dos oficiales que prestaban servicios en esa institución.
Así lo informó el abogado que lo representa Cándido Simón Polanco, quien dijo que su cliente actúa con la misma gallardía y respeto que puso a su cargo de director del Cestur a disposición del presidente Luis Abinader que acogió su petición sustituyéndolo por otro oficial de alto rango.
Simón Polanco sostuvo que la disposición de su cliente de ponerse a disposición del Ministerio Público le fue comunicada a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito y los titulares de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, de persecución del Ministerio Público.
Expresó que Torres Robiou le indicó al Ministerio Público estar en su lugar de residencia y que hasta ser sustituido estaría despachando lo imprescindible en el Cestur para no intervenir ni entorpecer las investigaciones que estos tienen en curso.
Manifestó que su cliente pide la comprensión de la ciudadanía y de los medios de comunicación, debido a que su condición de oficial militar le impide expresarse con la libertad que quisiera responder las cuestiones que querrían saber y tiene el derecho a saber en lo que a él concierne, porque como saben en esta materia la responsabilidad es personal y no puede responder por otro.
El coronel Rafael Núñez de Aza, uno de los primeros apresados por los resultados de la Operación Coral, se desempeñó como gerente financiero del Cestur.
Para los de rango más bajo las designaciones las realizaba el encargado de nómina del Cestur Raúl A. Girón Jiménez, otro implicado del caso, señalando que él sólo firmaba los documentos de la nómina.
En su investigación, el Ministerio Público afirmó que una de las formas que usaba este entramado para desviar dinero era el nombramiento irregular de policías y militares en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cestur, que cobraban entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales.
En el expediente del Ministerio Público sobre la Operación Coral se detalló que a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) le pareció “en extremo sospechoso” el alquiler de un inmueble que hizo el general Torres Robiou.