Faltan actores clave en red de corrupción y lavado de activos

Días después de que la Pro­curaduría in­formara la detención del general Adán Cáceres y a sus relacionados, a quienes se les imputa montar una la red de corrupción y lava­do de activos en perjuicio del Estado que superaría los 3,000 millones de pesos, un amigo me pidió mi opinión sobre las consecuencias de ese expediente.

“Me extrañaría mucho que en ese caso se llegue al fondo”, respondí al ami­go, para hoy dar más ar­gumentos sobre mi des­confianza en la justicia dominicana y del pragma­tismo de las autoridades norteamericanas que ayer, hoy y siempre se ofrecen para dar apoyo al “gobier­no” en la “lucha contra la corrupción”.

Los norteamericanos sa­ben de la A a la Z qué hizo la Odebrecht y con quiénes en República Dominicana, al igual que la compra de aviones Tucano, entre otros escándalos de corrupción, pero hasta ahora solo han usado esa información pa­ra ejercer presiones políticas y obtener respaldo a sus po­líticas hemisféricas, jamás para contribuir a erradicar el robo del patrimonio.

Un país con políticos co­rruptos –y sobre todo con go­bernantes y funcionarios co­rruptos– es la mesa deseada del poder norteamericano para poder doblegar a favor de sus intereses, la “volun­tad” y las acciones de los di­rigentes que carecen de la en­tereza moral para estrellarle la puerta en sus narices cuan­do vienen en su condición de pro-cónsules.

Son selectivos Si el militar Cáceres y sus aso­ciados son hallados culpables de robar fondos públicos y para justificarlos incurrieron en lavado de activos, sería la primera condena de esta magnitud en el país y tendría que golpear a quienes crea­ron la red y a los que presta­ron el sistema financiero para el lavado.

El exfiscal y dirigente del partido Alianza País, doctor Guillermo Moreno, tiene me­ses publicando en su colum­na semanal en el periódico Diario Libre el rosario de de­nuncias y querellas sobre co­rrupción que ha sucumbido en su intento de hacer justi­cia por dos razones determi­nantes: los fiscales les restan méritos y obstruyen la inves­tigación, o los jueces las des­estiman. Hay casos de los re­cordados por Moreno que son emblemáticos y elocuen­tes porque resulta que re­presentantes del ministerio público que se negaron a in­vestigar querellas y a poner expedientes en manos de la justicia, hoy hablan con una seguridad como si vivieran en Francia.

Es el caso de la fiscal Yeni Berenice Reynoso, una de las investigadoras de los casos de corrupción del presente.

¿Ya hay tipificación? Cuando Moreno le entregó a la entonces procuradora del Distrito Nacional (Yeni Bere­nice Reynoso)una querella en el año 2013 acusando de co­rrupción y lavado de activos a un expresidente de la Repúbli­ca, ella misma lo desestimó el 25 de mayo de ese año y dis­puso el archivo definitivo “por la deficiencia del sistema legis­lativo dominicano. En lo que respecta al tema en cuestión (corrupción), no es posible imputar determinadas con­ductas”, dijo entonces.

¡Ah caramba! Hace ocho años Reynoso se encontró con que “la falta de tipifica­ción de las acciones impi­de que el ministerio público pueda actuar” cuando le lle­gó a su mano un expediente con acusaciones directas.

Uno se pregunta ahora… ¿ya hay tipificación de las acciones de corrupción y es posible investigar y acusar desde el mismo ministerio público?

Si es así, en el país hay una gran esperanza porque des­de que la extinta expresiden­te de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte, en agosto de 2013 declarara que “con los recursos que se distraen a tra­vés de las distintas instancias del Estado, se podrían hacer dos República Dominicana”, ningún fiscal se dio por aludi­do ni ha hecho nada contra la corrupción.

Escándalos sin sanción En plena vigencia de la Ley 72-02 sobre Lavado de Ac­tivos provenientes del nar­cotráfico, la selectividad del ministerio público para in­vestigar y acusar, y de los jueces para condenar, que­dó en evidencia con dos ca­sos que ocurrieron al mis­mo tiempo.

En el año 2009 las autori­dades detuvieron a Manuel Emilio Mesa Beltré (El Grin­go) acusado de operar ne­gocios de drogas y le incau­taron más de 50 millones de pesos que estaría movili­zando en casas de cambio y financieras.

Aparte del juicio al acu­sado de narcotráfico, por la aplicación de la Ley de Lava­do de Activos, siete financie­ras o casas de cambio fueron multadas y cerradas por la Superintendencia de Bancos.

Pocos meses después, el 2 de marzo de 2010, el español Arturo del Tiempo Marqués fue detenido en Barcelona, España, por llevar desde aquí más de 1,000 kilos de cocaí­na en una carga de baldosas.

Resultó que Del Tiempo era un desconocido en Espa­ña, pero se había radicado en el país cinco años antes y ha­bía echado tantas raíces que para su Torre Atiemar obtu­vo un préstamo cercano a los 15 millones de dólares en el banco comercial más grande del país.

Del Tiempo fue condena­do en España por narcotrá­fico, pero aquí el ministerio público no solo no hizo nada para investigar el grueso la­vado de activos, sino que el principal socio del narcotra­ficante, el colombiano Ger­mán Eduardo Duque García, fue apresado y poco tiempo después sacado de la cárcel con una fianza y salió del país cerrando un expediente ci­mero de la peor impunidad.

La Ley 72-02 sirvió para “hacer justicia” contra un nar­cotraficante dominicano que acumuló 50 millones de pe­sos en una financiera que ter­minó cerrada, pero nada hizo para investigar un préstamo de más de 500 millones de pe­sos que violó abiertamente el artículo 38 de esa ley que obli­gaba al banco a asegurarse de identificar tanto al negociante como la procedencia lícita de los fondos con que iba a pagar.

Ahora la Ley 155-17 con­tra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terroris­mo, en su artículo 32, identi­fica claramente en su primer acápite a “las entidades de in­termediación financiera” y a las inmobiliarias y los profe­sionales liberales, entre otros, como sujetos obligados del cumplimiento de la ley.

Si los fiscales no les en­cuentran al militar Cáceres y a su “red de corrupción y la­vado de activos” los fondos debajo del colchón, se supo­ne que junto a estos primeros apresados caerán los ejecuti­vos bancarios, inmobiliarios y profesionales liberales que facilitaron sus servicios para que se consumara el lavado de activos.

Ahí es que están mis du­das. ¿Se atreve este minis­terio público a someter a la justicia a los lavadores de di­nero robado al Estado dejan­do fuera a las lavanderías que según la ley están obligadas a identificar operaciones sos­pechosas y depósitos injusti­ficados?

Si estos militares y civiles son condenados por lavado y los bancos e inmobiliarias donde invirtieron el dine­ro no son enjuiciados, el país vivirá otra entrega de la co­media de “lucha contra la co­rrupción” a la que nos tienen acostumbrados.

¡Y no haréis justicia!