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Lo que hacían los acusados en la “Operación Coral” para obtener millonarios fondos del Estado

CIENTOS DE POLICÍAS Y MILITARES SE COLOCABAN DE MANERA FRAUDULENTA EN LA NÓMINA DEL CESTUR Y EL CUSEP, CUYOS PAGOS IBAN A LAS MANOS DE LOS ACUSADOS

Las personas detenidas en la “”Operación Coral” continúan moviendo sus tentáculos en algunas instituciones para evitar que el ministerio público obtenga las pruebas en su contra.

Así lo establece la acusación presentada en su contra, donde el ministerio público señala que Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad del expresidente Danilo Medina, y principal cabecilla del entramado, junto a el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy May Guzmán Sánchez; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; y los miembros de Policía Nacional Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Pereyra Núñez “sigue haciendo operaciones en instituciones del Estado a través de la colocación estratégica de personas que pertenecen a la red”.

Indica que esas personas le responden, no solo en acciones de distracción, sino “maniobrando para evitar que evidencias importantes para las investigaciones que realiza el Ministerio Público lleguen a sus manos”.

Sostiene que cientos de policías y militares se colocaban de manera fraudulenta en la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y la del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), de las que el coronel Rafael Núñez de Aza, era exdirector financiero, cobrando en promedio, entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, salario del que recibían un porciento de los ingresos a cambio de dadivas de bajos montos.

“Por igual, se distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia. La diferencia entre lo pagado y la dadiva iban a distintos miembros de la organización”, dice la acusación.

Otras de las modalidades en la que la red obtenía fondo era a través de las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.

El ministerio público identifica a una red de personas, integradas por José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario que se encargan de hacer depósitos transacciones para la colocación de los fondos distraídos del patrimonio del Estado, pero que finamente terminaban de manera directa o indirecta en manos de los imputados.

“El entramado societario que tenía como uno de los cerebros financieros principales al coronel Rafael Núñez de Aza, lavaba activos provenientes de actos de corrupción, como la estafa y la coalición de funcionario a través de diferentes modalidades, destacándose entre ella la acciones cometida por la pastora Rossy Guzmán, quien constituyó varias empresas para lavar dinero como es el caso de Único Real State, adquiriendo un apartamento ubicado en Balcones del Atlántico, Las Terrenas Samaná, el cual aparece con un supuesto préstamo que realizó el coimputado Raúl Girón”.

Según la acusación, El principal imputado, mayor general Adán Cáceres, quien dentro de la organización utilizaba el codinome ABC, todavía continua recibiendo dinero producto de las maniobras fraudulentas, al igual que Rafael Núñez de Aza, lo que obligó al Ministerio Público a tomar medidas extremas de confidencialidad para poder garantizar la materialización de la “Operación Coral”, de acuerdo al plan que se trazaron.

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