Vacuna, legitimadad de funcionarios y crisis haitiana

Esta semana con la llegada de las primeras 30 mil dosis de vacunas el Presidente Abinader calló momentáneamente las críticas por el retraso en el inicio de la vacunación nacional; se empezó como debe ser con los médicos y, existe un protocolo para el resto de la población a medida que vayan llegando las dosis contratadas para los 7.6 millones de dominicanos… y nadie sabe cuántos los casi dos millones de haitianos y algunos otros extranjeros: El Gobierno tiene contratadas unas 21 millones de dosis.

Ahora la discusión se centra en que algunos –el 40% de la población según el Presidente– no desea vacunarse: La Vacunación es un proceso forzoso de orden público e interés general, dejemos las necedades y vacunémonos.

Igual fue tonta la discusión –crítica- de si el Presidente debió ser el primero; es joven y ya –igual que yo y otros – padeció el Covid 19 y tiene anticuerpos: Ha sido correcta su decisión de vacunarse cuando le corresponda.

Empero siendo realistas, y aunque el Gobierno ha actuado bien y depositó el dinero de las vacunas asignadas al país, es muy difícil que el calendario se cumpla por la guerra que hay en el mundo por el acceso a las vacunas y, para que este año se completen los dos ciclos de aplicación para todos, lo prudente es que aquellas vacunas que han sido aprobadas por la OMS o adquiridas por el Estado dominicano, se liberen de trámites y, el sector privado las importe para suministrar a través del sistema de salud público y privado: El monopolio de del Ministerio de Salud –que solo sirve para negocios de dos o tres– es contrario al interés general.

Superintendencia de Valores Hace unos días el Presidente designó mediante Decreto 59-21 dos miembros del Consejo Nacional del Mercado de Valores; durante unos meses se ha discutido la permanencia en sus cargos de varios funcionarios designados a término, los cuales, legales, han dejado de ser legítimos, dos de ellos renunciaron de sus posiciones: Anina del Castillo y Yolanda Martínez.

La designación a términos busca dar seguridad a los titulares de que no serán removidos por sus decisiones en lo relativo a políticas públicas adoptadas; se les supone ajenos al quehacer partidario mientras desempeñan esas funciones por ese motivo, cuando se dedican a las labores proselitistas –actividad propia del periodo constitucional y que le son ajenas y les están prohibidas– pierden la legitimidad en que se debe apoyar la legalidad de su mandato, haciendo insostenible su mantenimiento en las posiciones del Estado cuando éste renueva sus autoridades políticas.

No tengo dudas de que Gabriel Castro es una persona preparada, de hecho le conocí y defendí en esos términos en el año 2000, empero en la pasada campaña actuó, además de su condición de Superintendente Valores como dirigente político aspirando al Comité Político del PLD, fue jefe de campaña de Gonzalo en la Línea, actividades contrarias a la Norma y, en ese orden, no tiene el amparo del espíritu de la ley, ni la legitimidad que nace de haber cumplido el mandato de apoliticidad que la función requiere y, en consecuencia, debe renunciar o puede ser removido.

Haití Esta semana circula en las redes un enfoque publicado por el Listín Diario hace unos años https://listindiario.com/puntos-de-vista/2015/08/05/383063/notas-del-racismo-haitiano-y-dominicano, sobre el tema de Haití que entra en una nueva etapa de la reincidente crisis de este estado fallido: Otras vez hay dos presidentes y ninguna solución a la vista.

La Tercera Ola de Democratización -es como se conoce en las ciencias políticas este periodo –iniciada en 1978 en República Dominicana- concluyó en 1986 con la salida del poder de Jean Claude Duvalier y, en medio de la corriente neoliberal en que se desarrollaron los procesos en América, al terminar el siglo XX todas las naciones tenían gobiernos elegidos libremente –excepto Cuba- y estables, menos Haití.

Si bien algunas naciones del hemisferio –que han alternado gobiernos liberales y conservadores– han retrocedido, incluso, han abjurado de la democracia y de sus derechos, lo de nuestros vecinos, es caso aparte.

En 1986 se promulgó una constitución y se llamó –los militares- a elecciones; Leslie Manigat, recién elegido, fue destituido y sustituido por gobiernos de facto –sultanatos– hasta que sale Presidente Jean B. Aristide. Destituido este por los militares da inicio a una crisis que originó, tras la disolución del Ejército, una intervención de la ONU y la OEA que se extendió hasta hace poco a un costo de miles de millones de dólares que no dejaron nada positivo.

Tras los gobiernos de facto que sucedieron s los eventos de 1993 Aristide fue restituido para el último año de mandato y le sucedió René Preval, el único que completó dos mandatos constitucionales, pues reelegido Aristide, fueron los norteamericanos que le destituyeron y enviaron al exilio.

Elegido el cantante Martelly, su jefatura del Estado no salió de una crisis y tras terminar un poco a la mala entregó el poder a Jovenel Moise –quien cumplió 4 años el 7 de febrero pasado– y al que desde la primera semana de Gobierno se le ha estado pidiendo la renuncia en las calles; él aduce con razón –y apoyo de la ONU y OEA- que su mandato termina el año próximo.