Testigo descarta delito en documentos de Odebrecht

En la continuación de la audiencia del juicio de fon­do seguido a los implica­dos en el caso Odebrecht, la perito contable María Álvarez de Maio, admi­tió ayer que no encontró ilícito en los documentos de las empresas de Ángel Rondón, Andrés Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Tras declarar en el Pri­mer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la testigo número seis, quien era analista de la Unidad de Investigaciones del Mi­nisterio Público, dijo que no encontró ilícito en los documentos que analizó para la elaboración de los informes societarios que acreditó ante el tribunal.

La testigo, al ser someti­da al contrainterrogatorio, declaró que las empresas Lashan Corp.; Copodan, SAS; Conamsa, SRL; Ro­ymar, SRL; Hacienda Los Ángeles y Adeline Group Corporation, propiedades del imputado Ángel Ron­dón, no están vinculadas a los demás acusados.

Asimismo, la perito con­table declaró que no en­contró acta de asamblea, de gerencia, de consejo de administración que es­tablezca la realización de operaciones entre las em­presas de Rondón con los encartados Conrado Pitta­luga, Roberto Rodríguez, Díaz Rúa, Tommy Galán y Andrés Bautista.

La testigo, ante las pre­guntas de uno de los abo­gados de Conrado Pittalu­ga, indicó que si hubiera encontrado algún ilícito no lo habría plasmado en el informe, sino que sim­plemente lo hubiera noti­ficado.

Cuando le tocó el turno a la defensa de Rondón, Ál­varez de Maio dijo que en los documentos analiza­dos no encontró vincula­ción entre las empresas del referido imputado, con las de los demás acusados en el caso. La abogada Emery Rodríguez le preguntó si en las asambleas, ordinarias, extraordinarias o anuales de esas compañías, con cu­yos documentos hizo los informes, se registraron cesión de crédito, autoriza­ción de préstamos o tras­pasos de acciones a los im­putados Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Juan Roberto Rodríguez o Conrado Pittaluga, o a una de sus empresas, a lo que Álvarez de Maio respon­dió que no. Además, al ser cuestionada si en Hacien­da Los Ángeles hubo con­venios con empresas de los demás imputados, Álvarez de Maio también respondió negativamente.

También al tribunal se incorporaron más de 40 pruebas documentales a través de la testigo número 7, Digmari Rodoli, también analista de la Unidad de in­vestigaciones criminales del Ministerio Público.

El tribunal recesó el co­nocimiento de la audiencia para hoy martes, a las 9:00 de la mañana, para conti­nuar con el testimonio de la perito contable, quien fue aportada como testigo a cargo por el Ministerio Pú­blico. Tras ser preguntada la testigo por la defensa de uno de los imputados sobre su calidad para la elabora­ción de los informes, admi­tió que los realizó a solici­tud del Ministerio Público a solo un año de entrar a tra­bajar a la Procuraduría Ge­neral de la República.

Declaró que no posee es­tudios especializados de maestría en derecho socie­tario y que elaboró los in­formes porque tenía cono­cimientos “básicos” de la Ley de Sociedades Comer­ciales, en virtud de un di­plomado de cuatro meses impartido por el Ministerio Público.

SOBORNOS Investigación. María Álvarez de Maio fue una de las analistas del Ministerio Público que elaboró informes so­cietarios de las empresas que, supuestamente, los imputados utilizaron pa­ra lavar dinero de los so­bornos recibidos.