Lo que el juez Alejandro Vargas valoró para ordenar la libertad de Domingo Antonio Santiago Muñoz
deberá presentarse ante las autoridades que investigan el caso en caso de que así lo requieran
Domingo Antonio Santiago Muñoz fue dejado en libertad por el juez Alejandro Vargas.
El juez Alejandro Vargas dejó el libertad al señor Domingo Antonio Santiago Muñoz, uno de los apresados en la Operación Anti-Pulpo, por considerar que coherente la versión que ofreció durante su comparecencia en la audiencia.
Sin embargo, deberá presentarse ante las autoridades que investigan el caso en caso de que así lo requieran.
El magistrado sostuvo que las explicaciones de Santiago Muñoz durante su intervención coincidían con las expuestas por el imputado Alexis Medina Sánchez, quien enviado a prisión preventiva por tres meses.
El ministerio público acusa a Medina Sánchez de ser el principal cabecilla del entramado de corrupción que habría estafado al Estado con casi 4,800 millones de pesos.
De qué lo acusaba el MP
Según el Ministerio Público, Domingo Antonio Santiago Muñoz era uno de los principales testaferros que permitieron camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Juan Alexis Medina Sánchez en el entramado de corrupción administrativa desarticulado con la Operación Anti Pulpo.
En la audiencia, el MP dijo que cuando los fiscales allanaron a Santiago Muñoz le encontraron un contraescrito que revela la verdadera propiedad de un inmueble registrado a su nombre, pagado mediante un préstamo bancario pero que en realidad era saldado por el imputado Juan Alexis, quien, según la investigación, aprovechaba el lazo familiar con su hermano, el entonces presidente Danilo Medina, para entablar negocios millonarios con diversas entidades del Estado.
La acusación indica que el imputado recibió en 2014 un poder de firma ilimitado de parte de General Medical Solution A.M., propiedad de Medina Sánchez, para líneas de crédito, certificados de inversión y otras transacciones.
Esa firma obtuvo contratos por más de 223 millones de pesos con el Ministerio de Salud Pública, Fuerzas Armadas y Ministerio de Hacienda, según consta en el documento de solicitud de medidas de coerción.