Autoridades aún no han sometido a la justicia al exdirector de RRHH de Salud Pública
A 26 días de suspensión y posterior cancelación no se ha reportado ningún tipo de avance en las investigaciones
Ha pasado casi un mes desde que el ministro de Salud Pública Plutarco Arias, anunciara la suspensión de un empleado de esa institución luego de recibir varias denuncias de corrupción sobre esa persona, ese empleado resultó ser el exdirector de Recursos Humanos, Miguel Mateo Familia.
En esa oportunidad, Familia fue acusado de “cobrar por los nombramientos” que hizo durante su periodo a cargo de ese departamento y que la directora general de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch investigará el caso para realizar una acusación formal.
Sin embargo a 26 días de suspensión y posterior cancelación no se ha reportado ningún tipo de avance en las investigaciones y mucho menos se ha realizado algún tipo de sometimiento a la justicia dominicana por el caso.
A principios de mes, Mateo Familia indicó a través de un comunicado que los nombramientos que realizó mientras estuvo en el cargo fueron por orden del ministro de Salud y en esa ocasión pidió una “investigación profunda” sobre el caso y se puso a disposición de la justicia.
“Todos pueden estar seguros que desde mi designación como director de Recursos Humanos desde el 17 de agosto hasta el 25 de septiembre 2020, todos los nombramientos realizados durante ese período fueron por instrucciones del señor ministro de Salud Pública, cumpliendo en efecto con las leyes y el marco ético e institucional”, escribió el exdirector de Recursos Humanos.
Para responder esos señalamientos, Arias se defendió diciendo que las designaciones que firmó fueron de personas que están laborando en sus diferentes posiciones y no tienen nada que ver con el escándalo que se produjo en ese momento.
De acuerdo con el testimonio del doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien durante 12 años estuvo laborando en el Ministerio de Salud Pública, al LISTÍN DIARIO y la periodista Doris Pantaleón, el monto del pago que se realizaba para alcanzar un nombramiento variaba dependiendo del puesto. En el caso de un médico, una enfermera o bioanalista que tiene garantizado su permanencia en el Estado, el interesado pagaba entre 30 y 50 mil pesos; cuando se trataba de empleos de otra categoría iría entre 10 mil, 15 mil y 20 mil pesos, y en ocasiones la negociación llegaba hasta la entrega del primer salario completo.
No avances por parte de la dirección de Ética
Justo el día después de la suspensión, Ortíz Bosch se apersonó a la sede del Ministerio y sacó una serie de documentos y expresó que ella “personalmente” se encargaría de la investigación, esa fue la última vez en que la Dirección General de Ética Gubernamental se refirió con relación al caso.