La lucha por una vivienda digna en América Latina

Tras meses de confinamien­to, América La­tina comienza a salir a la calle poco a poco. Sin embargo, para muchos, ha sido duro quedarse en casa, pues sus viviendas no siempre son dignas de ser llamadas así. Un año antes de la declara­ción de esta pandemia, que ha destapado las desigual­dades sociales, el Banco Mundial advertía que dos de cada tres familias en la región necesitaban mejorar sus viviendas porque estas no cumplían con los están­dares mínimos de bienestar y seguridad. Estos cambios siguen pendientes.

Algunas casas no cuen­tan con agua, alcantarilla­do, ventilación, transpor­te, electricidad o acceso a Internet; un cóctel de ca­rencias que puede causar problemas laborales y de salud durante periodos ex­tendidos de confinamien­to. “Las ciudades han sido el epicentro de esta pande­mia y la vivienda ha sido la primera línea de defensa y protección, lo cual arroja luz sobre una problemática pendiente de solución des­de hace décadas”, subraya Tatiana Gallego, jefa de la División de Vivienda y De­sarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desa­rrollo (BID). Además, esta población vive en ghettos alejados del resto de la po­blación, en barrios en la pe­riferia y sin acceso a servi­cios básicos, zonas verdes, colegios u hospitales. Más problemas.

Pese a todas estas eviden­cias que emergen de nue­vo con la Covid-19, la lu­cha para tener una vivienda digna y resiliente parece es­tar congelada. Lo que está pasando es muy dramático para los pobres y los nue­vos pobres que todavía no ven que van a perder su em­pleo en esta crisis. Es pron­to para saber qué aportará la pandemia porque toda­vía estamos en una fase de supervivencia. Pero ahora que los latinoamericanos empiezan a sacar la cabeza del agua y entrar en su nue­va normalidad, ¿qué ense­ñanzas se pueden sacar de la pandemia?

Pocos metros y mala calidad: mejorar los estándares

La pandemia ha vuelto a poner bajo el foco un pro­blema de sobra conocido: el diminuto tamaño de las vi­viendas sociales, y la caren­cia de servicios y salubridad en sus barrios.

En Chile las viviendas so­ciales destinadas a familias llegaron a medir apenas 36 metros cuadrados y en ca­sos extremos no más de 27. Hoy, la ley chilena estable­ce el estándar mínimo en 55. La investigadora france­sa explica que este país fue el primero en implementar una política de producción masiva de viviendas socia­les en los años 90 con unos estándares de calidad muy bajos. A partir de los años 2000, la cosa mejoró.

Aun así, los chilenos vi­ven pensando en su vivien­da. Los más pobres, en có­mo obtener una digna. Las condiciones en las que vi­ven, en particular en condo­minios sociales heredados de la fase de producción ha­bitacional masiva, dejan to­davía mucho que desear.

Pero el virus ha hecho que algunas autoridades abran los ojos. hay que aca­bar con el déficit habitacio­nal y el desempleo.

En otros países como México, Brasil o Colom­bia, que también siguieron el ejemplo de Chile en los años noventa, la situación es aún más inquietante: los estándares, por ahora, no cambian. Sigue habien­do viviendas que no miden más de 40 metros cuadra­dos y donde no caben los muebles básicos. “En estas condiciones, efectivamente, estos tiempos de pandemia y confinamiento son muy duros”, confirma Paquette.

El error de tomar la casa como mercado

El salario mínimo en América Latina aumenta desde 2000, pero sigue sin ser muy idóneo: entre unos 200 y 400 euros mensuales en función del país, en ene­ro del 2020. Con la crisis, la región se hunde en un con­texto de retroceso: la pan­demia hará regresar la ren­ta por habitante a niveles de 2009. Sometida a esta fra­gilidad económica, ¿cómo puede una familia acceder a una vivienda social?

Y aquí se presenta otro problema: muchas perso­nas han perdido su empleo por culpa de la pandemia, en particular en los hogares pobres, y no pueden seguir pagando su casa. En Amé­rica Latina, con o sin coro­navirus, el endeudamiento por culpa del alojamiento es muy elevado y es posible que el piso, por su mala ca­lidad, no dure el tiempo co­rrespondiente al crédito hi­potecario.

Céspedes explica que a los “más pobres” se les da un subsidio con el que ac­ceder apenas a una vivien­da sin servicios cerca y con una calidad de materiales muy mala. Benedicto agre­ga: “Todavía hay mucha gente sin vivienda en Chi­le porque, si la economía se basa en la construcción de más y más de ellas, se dejan muchos otros temas de lado como mejorar y facilitar el acceso”. El objetivo de estas políticas, cree la experta, es mantener a la gente unida al Estado para fomentar el mercado, la privatización y que los más necesitados si­gan pidiendo subsidios, sin derechos sobre el territorio, dando lugar a más ghettos a los que nadie presta aten­ción.

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma para am­pliar la protección social de los más vulnerables. En lí­nea con esta idea, Gallego añade que en los últimos 12 meses, países como México o Brasil han lanzado nuevos apoyos a la regularización y la titulación, combinadas con soluciones (subsidios y micro-créditos) a la mejo­ra, el incremento y la auto­producción asistida de la vi­vienda.

Apoyar la cohesión vecinal

Para la jefa de la Divi­sión de Vivienda y Desarro­llo Urbano del BID son “los efectos perversos del haci­namiento estructural”, que en condiciones de confina­miento obligatorio no solo intensifica las probabilida­des de contagio dentro de la familia, pero también pue­de incrementar la violencia. El Programa de las Nacio­nes Unidas para los Asen­tamientos Humanos (ONU-Hábitat) estima que un cuarto de la población ur­bana mundial vive todavía en barrios marginales y el mismo porcentaje se aplica a América Latina. “En esos barrios de vivienda social se da más bien la desconfianza y el miedo entre vecinos”, describe Paquette. “Me acuerdo que en un traba­jo de campo en el Norte de México, una familia en un conjunto de viviendas so­ciales me contó que nunca dejaban la casa sola. Siem­pre había gente porque era común que entrara uno de los vecinos a robar”, testi­fica. Esta falta de cohesión entre la gente se debe, entre otras cosas, a que no eran ellos los que habían creado su barrio y que les habían asentado ahí, en casas indi­viduales, lejos de todo y en particular de sus redes de solidaridad, esenciales para la vida cotidiana.

Sin embargo, después de estos meses de crisis, la gen­te ha comenzado a conocer­se, apoyarse y organizarse. “Ahora es importante ver cómo podemos conservar estas formas de organiza­ción vecinal de cara al futu­ro. Es muy valioso y hay que fortalecerlo”, propone la in­vestigadora francesa. A Be­nedicto y Céspedes también les gustaría que fuera a más. Para ellos, los movimientos sociales no son tan reivindi­cativos como deberían, vis­ta la situación deplorable en la que están algunos ciuda­danos. “Es verdad que se ha conseguido mucho con los movimientos en Chile, pero en Arica, por ejemplo, yo no he visto nada, no hay ayu­da y la situación en muchos lugares sigue siendo desas­trosa y no avanza”, lamen­ta la mujer. En busca de so­luciones, Gallego reconoce que la interacción social ne­cesita reactivar sus espacios públicos gracias a métodos innovadores como la con­vocatoria del BID Volver a la calle.

Por otra parte, los gobier­nos locales, al no verse in­volucrados en los progra­mas de producción masiva de viviendas sociales, pue­den negarse a hacerse car­go de la gestión de los ba­rrios una vez construidos al no tener recursos. Para sol­ventar dichos percances, al igual que muchos expertos, Paquette es más partidaria de que el Gobierno apoye la producción social de há­bitat, es decir, a los lugare­ños para que construyan y mejoren sus viviendas con apoyo técnico; lo que, ade­más, fomentará la cohesión social.

El barrio como solución

La lista de mejoras nece­sarias es larga, pero uno de los mayores retos para Ga­llego y Paquette es la rege­neración urbana, es decir, el perfeccionamiento de las vi­viendas existentes, antes de dedicarse a la construcción de unas nuevas. “Las políti­cas habitacionales se enfo­can en el segundo objetivo y poco en el primero porque no genera más economía ni beneficia a los desarrolla­dores inmobiliarios”, deta­lla la urbanista francesa. Y concluye: “Ojalá pudiera el regreso a la ‘nueva norma­lidad’ generar un cambio de paradigma en la materia. A no ser que los gobiernos elijan de nuevo apoyarse en la producción habitacio­nal masiva para reactivar la economía... El riesgo es muy real”.

Gallego reconoce el pe­ligro existente de una su­burbanización “ineficien­te y expansiva”, pero se muestra más esperanza­da: “La reciente pandemia nos ha permitido realizar una reflexión profunda so­bre los desafíos que presen­ta el modelo de desarrollo urbano y de vivienda ac­tual, y sobre las oportuni­dades que se pueden abrir como respuesta a los cam­bios en el comportamien­to de la población”. Bajo su punto de vista, la pandemia ha revelado nuevas posibili­dades para reevaluar siste­mas de planificación y orde­namiento del territorio más equitativos y .