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La República viernes, 09 de octubre de 2020

Protestan contra medida favorece conductor mató dos personas

  • Protestan contra medida favorece conductor mató dos personas
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  • Protestan contra medida favorece conductor mató dos personas
Faustino Reyes Diaz
Neyba, RD.

Decenas de personas del Distrito Municipal de Canoa de Barahona se manifestaron en el Palacio de Justicia de la provincia Bahoruco, contra una garantía económica a favor del conductor de una yipeta que impactó una pasola matando a dos de sus tres ocupantes.

El conductor del vehículo accidentado el pasado lunes en una curva de Batey Dos, en el distrito municipal del Palmar, fue identificado como Wilman Jiménez García, mientras las víctimas son los primos Wingel Manuel González y Juan Carlos Matos.

En el accidente resultó herido Kelvis Fernando González, primo de los hoy difuntos con quienes regresaba a su comunidad natal de Canoa, procedente del Balneario Las Marías.

Para familiares, vecinos y amigos de los fallecidos, el trágico hecho no fue un puro accidente y acusaron al conductor de realizar un “rito satánico” en el lugar del accidente.

“Ese individuo lo atropelló en su vehículo y hace algo no casual. En vez de socorrer a los heridos cuando tenían vidas lo que hizo fue un ritual satánico, encender velas, tocar campana y llamar a su dominio”, dijo el dirigente comunitario Wander Reyes.

Para Henry Antonio Mella Cuevas, dirigente regional del Comité de los derechos humanos, el Tribunal de la Instrucción en este municipio no actuó correctamente al ponerle una garantía económica al chofer que embistió contra los padres de familias que perdieron sus vidas.

 “Estamos en rechazo a la medida tomada por dicho tribunal. Estos jóvenes fueron asesinados y no les dieron apoyo. El conductor andaba sin licencia y el seguro lo sacaron a vapor para favorecerlo”, dijo Mella Cuevas.

Mascobel Matos de León, hermano de Juan Carlos Matos (víctima), abogó para que a Jiménez García se le aplique la pena máxima, Wander Reyes, pidió la intervención en el caso de la procuradora general Miriam Germán.

Según trascendió, Wilman Jiménez García le habrían impuesto como medida de coerción el pago de una garantía económica de un millón de pesos, que supuestamente no había podido entregar por lo que es mantenido detenido.