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La República domingo, 04 de octubre de 2020

El bochorno de Educación

  • El bochorno de Educación
Ángel Lockward

Los medios de comunicación han sido escenario de los que parecen ser los tres primeros lances políticos del Gobierno/ PRM y el Partido de la Liberación Dominicana; la persecución de la corrupción, la cancelación de personal designado en la Cancillería y los Directores regionales y de Distritos del Ministerio de Educación. 

A nadie se le ocurre que –guardando el debido proceso- la corrupción no se persiga y, desde luego que es injustificable el bochorno de tener a unas 1,500 personas designadas en el exterior cobrando en dólares, la mayoría sin haber ido nunca a trabajar un solo día: Argentina y Perú tienen menos de 300 en su servicio exterior, ahí se robaban unos USD$ 65 millones al año. El PLD debería estar avergonzado de eso.

Algunos comunicadores ni se sonrojan cuando el Canciller informa que ha cancelado 780 perso
nass… que no trabajaban, luego de los 57 embajadores y ministros cesados en agosto: Nadie puede defender eso. 

Ahora –que se toman las medidas para el inicio del nuevo año escolar– corresponde el turno a Educación, órgano en que en el marco de la lucha interna del PLD por la candidatura presidencial, un Ministro se arregló un proceso para designar por cinco años a los Directores Regionales y de Distritos en todo el país: Desde luego que hasta el MAP de Ventura Camejo, estableció, que eso no fue un concurso, igual reclamo entonces hizo la ADP que llevo incluso al Tribunal Constitucional en donde duerme,

La idea parece ser que Navarro, ahora desde la oposición, continúe dirigiendo el Ministerio de Educación en todo el país a través de los órganos administrativos y, todo eso en medio de una emergencia de salud por la Pandemia que impone cambios imprevistos y fundamentales en el patrón de la educación ¿A quién se le ocurre tal desatino, contrario a la Constitución y a la Ley? 

La Constitución en su artículo 4, parte in fine establece que las atribuciones de los ministros son indelegables, pero ahora, algunos desean que en virtud de un pacto, que no fue llevado al Congreso Nacional, el Ministro se desprenda de sus atribuciones en beneficio de los beneficiarios de un “concurso” que el MAP estableció por escrito que no existió, todo en detrimento del servicio público que la Ley 66-97 dispone y que garantiza el Ministro a través de los artículos 109 y 115 de la Ley 66-97. 

Art.109.-La Dirección Regional de Educación y Cultura es el organismo ejecutivo de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura y dependerá de una  Subsecretaria. Tendrá un Director que será designado por el Secretario de Estado de Educación y Cultura. 

Oigo a algunos “comunicadores” que intentan propalar la idea de que existe una Ordenanza del año 2017, que supuestamente dispone la elección de unas ternas convenientes y que ello representa un derecho adquirido: Ningún disparate mayor que ese. 

Lo primero es que ninguna ordenanza puede variar lo establecido en la Constitución o en la Ley, si existiera, es nula de pleno derecho por el principio de la jerarquía de las normas y en virtud del artículo 6 de la Carta Política, puesto que quien atribuye las competencias en este caso, es la Constitución en su artículo134 y la Ley en sus artículos ya citados. 

Lo segundo es que la seguridad jurídica deviene de una situación de licitud, la ilegalidad no genera derechos adquiridos: La Ley debe respetar los derechos adquiridos en una legislación anterior. La pregunta para esos “doctos” es ¿Cuándo se modificaron los artículos 109 y 115 de la Ley 6697 que atribuyen la designación de los Directores Regionales y de Distritos al Ministro? Nunca. 

En los últimos años en el país se produjo una gran cantidad de leyes, creímos que para modernizar el Estado, pero cada día hay más signos de que no fue ese el objetivo de algunos: Según parece esas legislaciones tuvieron como propósito garantizar que tras 16 años la nación siguiera siendo dirigida –y usufructuada-  por el PLD desde la oposición. 

Veamos, no se puede cambiar a los fiscales. La Procuraduría se verá obligada a enviar personal suyo a cada fiscalía para que los procesos avancen, no sólo los de corrupción administrativa, sino todo aquel proceso –particular- en que haya miembros del partido saliente.  No se puede cancelar a los familiares de la jerarquía de ese partido que devengan USD$ 10,000 mensuales designado en un país al que nunca ha ido y menos, si en esa familia morada hay designados solo cinco miembros. 

Ahora, parece que tampoco se puede trasladar a otras funciones, como dispone la norma, a los funcionarios del Ministerio de Educación que administran el proceso educativo y, todo para que un favorito del expresidente Danilo – que nunca ha dado una hora de clases - tenga en sus sueños, posibilidades electorales internas: Estamos locos? 

El PRM no debe desarticular la Administración Pública en violación a las leyes –cosa que no ha hecho– pero tampoco el PLD debe esperar seguir dirigiendo el Estado desde la oposición. 


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