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La República domingo, 20 de septiembre de 2020

Enfoque

SCJ, falla zafarrancho contrario a la ley

  • SCJ, falla zafarrancho contrario a la ley

    Suprema Corte de Justicia.

Ángel Lockward
Santo Domingo, RD

La Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación existe únicamente para garantizar la unidad jurisprudencial y, sin embargo, está haciendo exactamente lo contrario a la luz de dos decisiones recientes: La Sentencia 0789-2020 de la Primera Sala, que va en el sentido correcto y la Sentencia 033-2020, que estableciendo lo contrario, va por el camino del error más desastroso. Ambas que acaban de ser publicadas, llevan fecha del mes de julio.

La primera establece que el Ministerio de Agricultura como creación legislativa tiene calidad jurídica para actuar en justicia sin que sea necesario poner en causa al Procurador General de la República como disponía la vieja Ley 1486 de 1938.

La segunda niega capacidad y calidad a la Dirección General de Bienes Nacionales para actuar en justicia y Casa con envío a la Tercera Sala del TSA, el diferendo: Una locura que contraviene decenas de decisiones del Tribunal Constitucional, sentencias previas de la SCJ, cientos de fallos del TSA y generará un caos judicial en la Administración de justicia contenciosa administrativa.

La Tercera Sala de la SCJ, cita el principio iura novit curia, para variar la calificación dada en el TSA a la calidad de Bienes Nacionales para actuar en nombre del Estado en materia de expropiación y, declara a dicho órgano, sin capacidad para actuar por el Estado en materia expropiatoria: Un atropello al derecho.

Para empezar la capacidad de los entes públicos –siempre- la tiene el Estado –excepto cuando son organismos autónomos- y, cuando no existía la jurisdicción contenciosa administrativa en 1938 la representación conforme al artículo 15 de la normativa, correspondía al Procurador General de la República para que la Administración del Estado no estuviera indefensa; eso varió con la Ley 1494 de 1947 que creó la Jurisdicción Contenciosa y estableció en ella la representación permanente de la Administración a cargo del Procurador General Administrativo.

Más recientemente, la leyes 11-92 y 183-02, que crearon lo contencioso tributario y lo financiero/monetario, crearon la figura de un Procurador para estas jurisdicciones especiales que junto al PGA pasaron a representar a la Administración en el Tribunal Superior Administrativo, disponiendo que este tenía la representación permanente del Estado: Excepto conforme al artículo 6 de la Ley 13-07, cuanto el ente público comunicaba por escrito que ejercería su defensa, a los fines de que el Procurador se abstuviera de presentar escrito de defensa o conclusivo.

En el Tribunal Superior Administrativo, en donde – sin una ley – se ha hecho camino al andar, se ha admitido – erróneamente – que postulen en un mismo caso, tanto el Procurador General Administrativo como los abogados del órgano u órganos públicos, concomitantemente como si fueran personas jurídicas distintas: Eso es una Torre de Babel en que pocas veces coordinan y con frecuencia concluyen en forma distinta en violación a la Constitución, la Ley y al principio de igualdad entre las partes.

La Constitución del 2010 se encargó de este tema en su artículo 166, al consagrar la representación permanente de la Administración en esa jurisdicción especializada, al margen del Procurador General de la República, en consecuencia, esté o no representado el órgano público del caso, la Administración siempre lo está y, en consecuencia, siempre se cumple en el tribunal, con la capacidad – que posee el Estado como persona jurídica – y la calidad que la normativa le otorga a su representante, sea al Procurador, un abogado designado por el órgano público.

El caso de Bienes Nacionales es todavía más peculiar puesto que en una materia específica el legislador en el artículo 18 de la Ley 1832 de 1948 estableció que: Estará a cargo del Director General de Bienes Nacionales dirigir los procedimientos de lugar en los casos de expropiación por utilidad pública o interés social a favor del Estado y representar el Estado en todos los actos y recursos del caso.

Es por ello que cuando el Poder Ejecutivo declara de utilidad pública o interés social, porque no puede expropiar –eso compete al Juez– en casi la totalidad de los casos, mediante el decreto de declaratoria designa para su ejecución y para todos los trámites, amigables o judiciales, al Director General de Bienes Nacionales: Establecer hoy, que eso no es así, es una grosería jurídica o un error imperdonable.

El Director General de este órgano público, que desde luego, no tiene por sí mismo –ni necesita- personería jurídica, actúa en nombre del Estado, que sí la tiene y su calidad general deviene de la Ley y en cada caso, del correspondiente decreto de declaratoria que es en sí mismo un acto administrativo constitutivo de poder especifico otorgado por el titular del Estado, el Presidente de la República.

Los colegas, para evitar que el error grosero de la Tercera Sala, les afecte, en lo adelante, deben solicitar que los órganos del Estado actúen previa notificación al Procurador General Administrativo, de que se abstenga de argumentar y concluir y, sobre todo, en virtud del control difuso, solicitar la declaratoria de no conformidad con la Constitución de la Ley 1486, en el aspecto relativo a la representación en la jurisdicción contenciosa administrativa.

En el marco general sobre la representación del Estado, en temas administrativos ajenos a la expropiación y en los ordinarios, hasta que se corrija este zafarrancho, los colegas no deben olvidar lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias, en particular, la Sentencia TC 0542-16, párrafo g y h: un acto relacionado con procesos constitucionales –como es la expropiación– debe tenerse como válido y eficaz cuando el mismo haya sido notificado en las oficinas de la autoridad o funcionario de que se trate, incluso cuando la notificación se hiciera ante una representación local, su representación legal y ante la propia persona de dicha autoridad o funcionario…