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El peligro de legislar desde el poder judicial

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JONATHAN D’OLEO PUIGSanto Domingo, RD

Durante la pa­sada con­tienda elec­toral al expresiden­te Leonel Fernández se le preguntó en televisión en más de una ocasión so­bre el tema de la legaliza­ción del aborto. En cada oportunidad, Fernández se mantuvo al margen de articular su opinión sobre el particular y le pasaba la papa caliente al poder ju­dicial. Lo hacía tan sutil­mente que ni se quemaba ni sudaba a medida que lograba pasar la página hacia un tema de menos controversia con la aquies­cencia de algunos miem­bros de la prensa.

Como todo buen cate­drático, Fernández escu­chaba atentamente la pre­gunta y daba inicio a su respuesta con una obertu­ra descriptiva sobre el es­tado de cosas. En ese sen­tido, hacía referencia al artículo 37 de la Constitu­ción de la República y có­mo el mismo garantiza el derecho a la vida refirién­dose a él como uno de ca­rácter “inviolable desde la concepción hasta la muer­te”. Seguido, Fernández pasaba al código penal y decía cómo este, basado en la cláusula constitucio­nal antes mencionada, pe­naliza el aborto.

Finalmente, hablaba de las famosas tres causa­les y cómo ellas se pueden viabilizar por medio del Tribunal Constitucional, eludiendo así el proceso democrático de legislación en la Cámara de Diputa­dos y el Senado.

Así concluía el libreto de su respuesta y, para la frus­tración del ciudadano que con todo el derecho desea­ba saber su posición, quie­nes le hacían la pregunta no insistían. En cambio, pare­cían conformarse con aquel discurso elusivo sin exi­gir que emitiera su opinión más allá de la disertación aparentemente imparcial, pero claramente a favor de legislar a través del poder judicial.

Dicho eso, cabe señalar que la práctica de legislar desde la judicatura cons­tituye una afrenta para el Estado social y democráti­co de derecho al cual Fer­nández se refiere con tanta frecuencia en sus diferen­tes comparecencias polí­ticas y académicas. Ello se debe al hecho de que la le­gislación judicial permite la evasión del debido pro­ceso democrático; proceso que, en principio, exalta la voluntad popular encarna­da en el cuerpo congresual quien es que tiene, a su vez, el poder constitucio­nal no nada más de legis­lar, sino también de fisca­lizar y representar el mejor interés de los hijos de esta patria, incluyendo los de­rechos de los bebés que to­davía no han visto la luz del día, pero cuyos corazo­nes palpitan indicando que tienen vida. Y si tienen vi­da, también derechos que deben ser defendidos por nuestros líderes elegidos, no por jueces nombrados que, sobre la base de cual­quier tecnicismo, pueden poner en peligro la vida de los no nacidos.

Como buen abogado, en el desarrollo de su res­puesta, Fernández aludió a precedentes jurispruden­ciales que, ciertamente, va­lidan su argumento de que el aborto se puede despe­nalizar por vía del poder judicial sin necesidad de pasar por el cedazo con­gresual. En tal sentido, Fer­nández hizo referencia, es­pecíficamente, a los casos de España y Estados Uni­dos de Norteamérica. En esos dos casos, así como en la gran mayoría de las instancias en que el abor­to ha sido legislado desde la banca judicial, se legali­zó la interrupción del em­barazo sin mayores sonro­jos ni arrebatos, a pesar de que se violentó descarada­mente el proceso democrá­tico. Por vía de consecuen­cia, entonces, podríamos inferir que el expresiden­te Fernández podría estar a favor de la despenaliza­ción del aborto pues, sobre la base de esos preceden­tes, si el tema del aborto lo conoce el Tribunal Consti­tucional, como sugiere el expresidente, es muy pro­bable que RD corra la mis­ma suerte y termine con una realidad donde sea le­gal darle muerte a la cria­tura dentro del vientre.

No cabe dudas de que la manera en que Fernández Reyna contestó la pregun­ta sobre el particular obede­ce a un cálculo político don­de quiso, indudablemente, quedar bien tanto con Dios como con el diablo. Siendo eso categóricamente impo­sible, es muy probable que el expresidente haya enaje­nado a una legión significa­tiva tanto de ángeles como de demonios en su esfuerzo por conquistar votos. Evi­dentemente dichos esfuer­zos no fueron suficientes para que Fernández salie­se electo presidente nueva­mente.

Al decir esto es también preciso señalar que Fernán­dez obtuvo una victoria re­lativa en el sentido de que posicionó a su recién nacida “Fuerza del pueblo” como la segunda fuerza en el Se­nado y la tercera en la Cá­mara de Diputados.

En mi opinión, desde esas posiciones el expresi­dente tiene la oportunidad de asumir una posición diáfana y sincera en torno al derecho a la vida. Tiene la alternativa, por un lado, de proceder como Pilato lavándose las manos mien­tras los jueces deciden si los bebés pueden o no ser crucificados. Por otro lado, tiene la gran oportunidad de reafirmarse como un paladín del Estado social y democrático de derecho utilizando a su joven, pe­ro formidable “Fuerza del pueblo” para ponerle fre­no a la embestida contra la vida que los perremeístas llevan tiempo maquinan­do y que, a partir del 16 de agosto, tendrán el poder para ejecutar. Este proyec­to del nuevo partido oficia­lista es uno que, si bien en apariencia parece benévo­lo pues lo venden como un paso al frente en la batalla por los derechos de las mu­jeres, en esencia es perver­so pues, a fin de cuentas, si tiene éxito, legalizaría el efectivo asesinato de seres humanos.

El autor es economista y más­ter en políticas públicas. www.jonathandoleo.com

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