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La República sábado, 25 de abril de 2020

Enfoque

El Informe de auditoría del grupo de expertos de la OEA

  • El Informe de auditoría del grupo de expertos de la OEA
ROBERTO ÁLVAREZ
Santo Domingo, RD

 El inesperado fra­caso de las elec­ciones munici­pales del 16 de febrero pasado produjo en el país una in­dignación generalizada por lo traumático del evento. Ante ese escenario, el Parti­do Revolucionario Moder­no (PRM) fue el primero en solicitar al presidente Eduar­do Frei, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, el 17 de febrero, la de­signación de un grupo de expertos para determinar “las causas que originaron los hechos que motivaron la suspensión de las elecciones municipales”.

Dadas las protestas masi­vas y diarias de la población y de los partidos políticos, el gobierno se vio forzado a suspender la investigación por un supuesto sabotaje a las elecciones que llevaba a cabo el ministerio público y solicitar a la OEA, a través de la Junta Central Electoral (JCE), una auditoría sobre las causas de los fallos en el sistema de voto automatiza­do, vinculante para las par­tes; es decir, de resultados obligatorios para el Estado.

El pasado 14 de abril, la OEA publicó su esperada au­ditoría en la cual identifica las causas por las cuales no fue posible la correcta imple­mentación del voto automa­tizado en las elecciones de fe­brero.

Resalto dos aspectos del Informe, un dilema y una oportunidad.
Primero, el informe con­tiene 21 hallazgos, pero el más trascendente es el que establece de manera tajan­te que: “El equipo auditor no encontró evidencia de ata­ques externos, sabotaje o in­tento de fraude.”

No es posible minimizar este hallazgo, en particular después que desde el gobier­no intentaran implicar al can­didato presidencial del PRM, Luis Abinader, en un supues­to sabotaje de las elecciones, tratando de fabricar una bur­da trama que incluyó alla­namiento, apresamiento e interrogatorio del coronel Ramón A. Guzmán Peralta, jefe de su avanzada electoral.

El intento de involucrar al candidato Abinader, punte­ro en todas las encuestas in­dependientes, quedó desve­lado en el interrogatorio del ministerio público al coronel Guzmán Peralta. Una verda­dera cacería de brujas basa­da en una patraña de humo y espejos.

Este ha sido un golpe bajo a nuestra frágil institucionali­dad y a la democracia, cuyo mínimo desagravio, de exis­tir decencia, debería ser una disculpa formal del gobierno al Lic. Abinader.

Segundo. Vale aclarar que la auditoría es un análisis téc­nico de las causas de las fa­llas y que no señala directa­mente a los responsables de estas, ya que esa facultad no es parte del alcance de su mi­sión. Funcionarios de la OEA expresaron en varias ocasio­nes que los expertos no eran fiscales; que, si surgieran irre­gularidades en relación a los hechos estos serían señala­dos en la auditoría, pero que su investigación, tipificación y encausamiento, de corres­ponder, serían competencia exclusiva de las autoridades por ser un atributo de sobera­nía nacional.

En este contexto, la audi­toría determinó que el moti­vo principal por el cual se sus­pendieron las elecciones se debió al mal diseño del soft­ware, al carecer este de los mecanismos de control de integridad capaz de detec­tar cualquier problema en el proceso de descarga de las boletas electrónicas.

Además, al no existir pro­cedimientos formales de prueba del software, por di­versos motivos no se efectua­ron suficientes “tests” en di­versas etapas del proceso que permitieran revelar los defec­tos del software.

La ausencia de controles de calidad, previo a la dis­tribución de las urnas el día antes de las elecciones, no permitió que los técnicos to­maran conciencia de la en­vergadura del problema, y se procedió a distribuir las ur­nas a los recintos con ofertas electorales incompletas.

Los técnicos desplegaron sus equipos el día de las elec­ciones a las 5:00 am, confia­dos en que podrían recon­figurar en los recintos los problemas ocurridos en las descargas. Esa mañana se to­maron una serie de medidas de mitigación que acumula­ron nuevos errores, empeo­rando en varios casos las si­tuaciones ya de por sí graves, como, por ejemplo, la reper­sonalización masiva a última hora, descargando en nume­rosas máquinas datos perte­necientes a otro colegio.

Este último hecho tiene un agravante ya que, como se­ñala el inciso 7 de las conclu­siones de la auditoría, los téc­nicos encubrieron el hecho. El informe dice: “Esta falla en la mitigación no fue expues­ta a la sociedad, tampoco a los observadores internacio­nales, ni se incluyó en la re­latoría por parte de los técni­cos de la JCE. Fue reconocida por el personal técnico de la JCE, luego de que el equipo auditor le comunicase el ha­llazgo”.

A diferencia del Informe de Auditoría de Bolivia de la OEA (los expertos que vinie­ron a RD son los mismos que fueron a Bolivia), en el nues­tro no se revelan hechos que pudieran claramente ser con­siderados delictuosos ni com­plicidad de los miembros de la JCE.

En el caso de Bolivia se utilizaron dos servido­res ocultos no controlados por personal de la JCE de ese país, se alteraron actas y falsificaron firmas de los oficiales de las mesas elec­torales. Por eso la justicia boliviana ha procesado 34 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral.

Ante el cúmulo de errores detectados en nuestra Audi­toría surge el dilema: ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros de la JCE y de los técnicos por el daño a nues­tra democracia y por el des­pilfarro de más de RD$3,000 millones? ¿Se cometieron delitos que deberían ser per­seguidos por la Procuraduría Electoral?

Es obvio que no conviene modificar ahora la composi­ción de la JCE, pero la Procu­raduría debería abrir una in­vestigación sobre los hechos y determinar si hubo algún delito electoral cometido por funcionarios, técnicos o em­pleados de la Junta.

Finalmente, se abre una oportunidad inédita para ampliar las medidas de ade­centamiento de todas las áreas técnicas de la JCE y de las Juntas Municipales, así como para neutralizar la pro­paganda y gastos de corte electoreros del gobierno. Hay que profundizar.

Una crisis de esta grave­dad es demasiado importan­te para desperdiciarla.


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