Inoportuna ‘orden’ de Educación

La sociedad dominicana fue estremecida por uno de los movimientos sociales más impactantes, masivos y efectivos que hayamos conocido: La demanda de asignación de un mayor porcentaje del PIB para la educación preuniversitaria, como forma de tener una educación de calidad y convertir ésta en una herramienta para lograr las transformaciones necesarias en la familia, en las condiciones de vida de todos sus habitantes y en la sociedad dominicana.

Desde el Diseño del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, se partió de una visión compartida reconociendo que para hacer posible lo pactado, se requería de reformas profundas en la calidad y pertinencia de los aprendizajes, en la dignificación y desarrollo de la carrera docente, en la instalación de una cultura de evaluación sistémica; en la modernización de la gestión del sistema educativo, y una inversión sostenida de los recursos asignados con esta visión.

La familia como actor fundamental en el proceso formativo de sus hijas e hijos

Estos razonamientos se sustentaron en el contenido del artículo 63 de la Constitución del 2010, que consagra el derecho a una educación integral, de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin ningún tipo de limitación, cimentada en valores éticos y en su propia potencialidad. Ahí se establece que la familia es la principal responsable de educar a sus integrantes, y “tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores”.

En el pacto se consigna que “las políticas educativas deben constituirse en políticas de Estado...”, se entiende que los cambios y ajustes “deberán ser realizados mediante un proceso plural, colectivo y de amplia participación (...) a fin de garantizar su legitimidad”. Se agrega la necesidad de “Promover un debate nacional sobre la enseñanza laica y/o tratamiento de la religión en la educación, como un compromiso del Estado”. Profundiza en el 5.2.7, al “promover la cultura del diálogo y el mutuo entendimiento entre los actores del sistema...”.

Se plantea como eje central de este pacto, “fortalecer la participación de la familia, la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación de todo el proceso educativo...”. Como se puede ver, el 4% fue concebido para que desde el ámbito público las políticas educativas estén sustentadas en el diálogo y la participación de todos los actores del sistema.

Una Orden Departamental unilateral e inoportuna

El Ministerio de Educación, con esta Orden, pretendió introducir variables en el establecimiento de la política de género, en los planes, programas, proyectos, estrategias y actividades administrativas; en herramientas pedagógicas que promuevan estas perspectivas, en el enfoque de género del currículum, y en “trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos...”.

Más allá de la pertinencia o de la buena fe de dicha Orden, un mal de fondo le afecta. El MINERD se arroga atribuciones que otorga la Ley General de Educación al Consejo Superior de Educación, que en su artículo 76 dispone que este “es el máximo organismo de decisión en materia de política educativa y junto al Secretario de Estado de Educación y Cultura es el encargado de establecer la orientación general de la educación dominicana en sus niveles de competencia, y de garantizar la unidad de acción entre las instituciones públicas y privadas que realizan funciones educativas”. Además, con su actuación desconoce el compromiso del Pacto Educativo que, en casos como estos, obliga al consenso.

Es importante destacar que las órdenes departamentales están más orientadas a regular determinados aspectos administrativos, pues los de carácter sustantivo, como es el caso, deben provenir y/o emanar del Consejo Nacional de Educación.

Actores del sistema educativo, a los que el Estado prometió tomar en cuenta como sujetos activos, han sido relegados a la condición de objetos pasivos. El sentirse ignorados, aumenta la beligerancia de estos sectores, cuya respuesta contestataria era previsible, como también el daño que esta acción ocasiona al Partido en el Gobierno; este inoportuno involucramiento como parte contendiente, en una batalla mediática donde el Estado debe ser un auspiciador de consenso, diálogo y concertación.

Es difícil pensar que quienes tomaron esta decisión desconocían el impacto de la misma. Es importante destacar que el artículo 7.3 de este Pacto dispone “asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados”, los cuales no han sido presentados. Plantear que dicha Orden Departamental no toca en su contenido la concepción que sobre los temas de género, sexualidad y religión tienen las iglesias, es un cuento de camino.

La visión del gobierno sobre la implementación del 4% ha sido cuantitativa

Desde 2013 hasta 2018, el monto total del 4% del PIB, asignado a Educación, según el MINERD, es de 754,549 millones de pesos, suficiente para mejores resultados cualitativos, en correspondencia con la inversión como estrategia, y del gasto como necesidad complementaria.

Resulta altamente preocupante que a estas alturas el rendimiento y los resultados de las evaluaciones de los estudiantes en asignaturas tales como Matemática y Lengua Española continúen siendo dramáticamente bajos.

Según se ha admitido, la generalidad de los estudiantes que tomaron estas pruebas entró a segundo grado en el año escolar 2013-2014, es decir, cursaron cinco grados con el presupuesto correspondientes al 4% del PIB. Sin embargo, en las áreas claves del conocimiento, el porcentaje obtenido por nuestros estudiantes deja mucho que desear, lo que debe movernos a una profunda reflexión, toma de conciencia y de acciones sistémicas, para superarlo.

¿Cómo se explica que con tantos recursos invertidos, nuestros estudiantes muestren niveles de desempeño cualitativo tan bajo?

Es evidente que los objetivos del Gobierno son de manera principal cuantitativos, observables de manera inmediata, utilizables como propaganda proselitista. Los logros cualitativos, por el contrario, toman su tiempo, y sus efectos positivos se verían, a mediano y largo plazo. Sería una inversión, porque los pesos gastados retornarían a la sociedad, constituyendo el principal activo de la Patria.

¿Qué está pasando con el uso del 4% para la Educación?

¿A qué se le está prestando mayor atención? ¿Qué se está priorizando en beneficio de los estudiantes? ¿Cuál es el foco de la política educativa?

O hay una distorsión, o hay un desenfoque en los aspectos prioritarios. Si nuestros muchachos van a la escuela y NO aprenden, esto debe llamar la atención de todos los actores y sectores de la sociedad.

Valoramos la jornada extendida y sus beneficios: desayuno, almuerzo y merienda. Sin embargo, es cuestionable que cinco años después, los resultados en la mejora de la calidad del aprendizaje estén siendo deficientes. La misión fundamental de la escuela es que los estudiantes aprendan y aprendan bien. Es positivo que el MINERD haya tenido la honestidad y la valentía de comunicar estos resultados a la comunidad, pero no basta.

Se percibe mayor atención a los insumos, a la compra de productos, a las construcciones, y oferta de servicios en general, descuidando los aspectos referidos a la formación de los estudiantes. Se han relegado los aspectos pedagógicos y técnicos, impidiendo que la formación sea más adecuada. Hay que ponderar la necesaria inversión en el capital humano y en lo que realmente hará y hace la diferencia.

Construir ciudadanía y entender que quienes van a la escuela son sujetos de derecho, que pueden aprender y desarrollarse plenamente, se constituye en un compromiso de Estado de primer orden, cuya concreción no puede esperar más.