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La República sábado, 25 de mayo de 2019

Enfoque

Por políticas públicas responsables

  • Por políticas públicas responsables
ANDRÉS NAVARRO
Santo Domingo

En República Dominicana la deuda social acumulada ha determinado que gran parte de la población esté atenta solo a los resultados inmediatos que las acciones coyunturales puedan reportarle. Eso ha determinado que hoy nos encontremos en medio de un círculo vicioso en el cual la clase política prioriza las acciones de corto plazo con resultados tangibles sobre la base de que “eso es lo que quiere la gente”. A su vez, la gente prefiere apostar por soluciones inmediatas a los problemas menudos porque no confía en que se cumplirán las promesas de solución de los problemas más complejos. Con esa lógica de actuación jamás podremos desencadenar procesos de desarrollo sostenible en nuestro país.

La pregunta clave es: ¿cómo podemos hacer de las políticas públicas actuaciones que den respuestas inmediatas a problemas cotidianos y que, a su vez, estén dirigidas a reportar resultados de mediano y largo plazo para resolver problemas estructurales? Desde mi punto de vista, las respuestas podrían ser diversas, dependiendo de si se está en el gobierno o en la oposición, de si se basa en un pensamiento conservador o progresista, de si se es parte de una experiencia nacional o local, entre otras condicionantes.

Sin embargo, entiendo que las respuestas a dicha cuestionante no deben ser ajenas a ciertos criterios básicos que sirvan para superar ese círculo vicioso. En ese sentido, un Estado moderno debe caracterizarse por el establecimiento de políticas públicas que garanticen el desarrollo sostenible de la sociedad. En el caso de República Dominicana se requiere partir de su Estrategia Nacional de Desarrollo. Hoy en día, dicha estrategia amerita una evaluación que determine el grado alcanzado en sus metas y, a la vez, que permita su actualización en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Otro criterio es que las políticas públicas se desprendan de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que reflejen un alto grado de responsabilidad del Estado, en tanto cursos de actuación para los planes, programas y proyectos en los diversos sectores. Partimos de la concepción de que toda política pública para ser responsable debe reunir cuatro condiciones al menos: a) Ser institucionalmente legal, b) Ser técnicamente confiable, c) Ser económicamente financiable y d) Ser socialmente legítima. Esto nos remite al apego a las normas, al rigor en la formulación, a la calidad del gasto y a la participación social en el desarrollo del país.

Institucionalmente legal
Es necesario garantizar que las políticas públicas estén apegadas al marco jurídico del sector o los sectores de incidencia para que cuenten con solidez institucional. El apego a las normas debe implicar no solo actuar conforme a la estructura legal en cada ámbito de desarrollo de República Dominicana, sino también debe mover a la revisión de las leyes y reglamentos para garantizar que las actuaciones del gobierno respondan a los retos del presente.

A su vez, es importante que la institucionalidad de gestión de cada política cuente con el debido soporte de la Ley Orgánica 247-12 de la Administración Pública y de las leyes propias de cada entidad gubernamental. De esta forma se podrán evitar males que reducen, y hasta anulan, la efectividad de las políticas públicas como la usurpación de funciones, la duplicidad de competencias o la incapacidad de coordinación interinstitucional, entre otros.

Técnicamente confiable
El rigor en la formulación de las políticas públicas debe iniciar con el uso de evidencias sobre el origen, naturaleza y alcance de los problemas que se pretenden enfrentar. Dichas evidencias deben ser aportadas por la investigación científica de la realidad a intervenir, de forma que podamos superar la mala práctica de actuar sobre la base de supuestos, prejuicios o instintos de los tomadores de decisiones.

Por otra parte, es necesario el establecimiento de una estructura de contenido que facilite la definición de planes, programas y proyectos conforme a los objetivos y metas a alcanzar por cada política pública. Igualmente es recomendable que se garantice un sentido de integralidad entre los diversos niveles de actuación que permita impactos positivos entre unos proyectos y otros, en un ambiente de sinergia.

Ahora bien, junto al buen diseño de la estructura y los contenidos de las políticas es preciso garantizar el establecimiento de un sistema de indicadores que permita su monitoreo y evaluación. La métrica de seguimiento a las actuaciones públicas es lo que permite realizar las adecuaciones oportunas para asegurar el éxito en la procura de los resultados esperados. Lo que no se mide, no mejora.

Económicamente financiable
Podríamos contar con políticas públicas bien diseñadas sin lograr ser efectivas, si por el alcance o el ritmo de ejecución su financiamiento no queda garantizado a mediano y largo plazo. Debemos recordar que la sostenibilidad financiera de la actuación del Estado es una variable clave para la continuidad y reproducción de las acciones en cada ámbito de desarrollo.

La calidad del gasto debe partir desde el mismo diseño del presupuesto de cada política pública, conforme a su alcance y a la disponibilidad de recursos para el año fiscal correspondiente. Dicha calidad estará sustentada en el rigor de la ejecución presupuestaria, cumpliendo con las normas y procedimientos de administración pública.

Socialmente legítima
Un Estado moderno debe caracterizarse por actuaciones no solo legales, sino también legítimas. Para que las políticas públicas sean legítimas deben contar con una base social que la sustente, a través de mecanismos de participación social en las diversas etapas de su desarrollo.

La participación de las organizaciones sociales en el establecimiento de las políticas públicas facilita la articulación de la ciudadanía en el quehacer público, promoviendo el desarrollo de una cultura de corresponsabilidad Estado - Sector Privado - Sociedad Civil. Esta es la vía más efectiva de construir y fortalecer el Capital Social, definido como el grado de confianza que los ciudadanos tienen entre sí y sus instituciones.

Cuando logramos que las políticas públicas cuenten con estas cuatro características les conferimos un carácter de actuación de Estado y reducimos la probabilidad de fractura ante los posibles cambios de funcionarios o de gobiernos. Las políticas públicas responsables representan una condición fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra nación y deben ser parte del cambio institucional que amerita urgentemente el Estado dominicano.


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