Gobierno rechaza fallo CIDH y afirma soberanía RD no se negocia

El Gobierno defendió ayer con rigor el derecho que ampara a la República Dominicana para definir y establecer, como atributo soberano e irrevocable del Estado, los requisitos para definir el carácter de nacionalidad de las personas.

De esta manera, el Gobierno responde a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que ha reiterado tener competencia para conocer casos dominicanos relativos al derecho de la nacionalidad, contrariando así una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en noviembre de 2014.

En una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, explicó que el artículo 184 de la Constitución establece que las decisiones del TC “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado“.

También ha dicho Espinal que en virtud de que el TC ya emitió una sentencia sobre la nacionalidad, al Gobierno “no le compete la decisión que haya tomado el organismo regional en ese sentido”.

Asimismo, declaró que República Dominicana respeta y valora el papel de la Corte, y aclaró que la falta de presentación del Estado en la audiencia celebrada por ese ente el pasado 8 de febrero, en la que se conocerían asuntos que concierne al país, se debió, precisamente, “a un acatamiento del gobierno a la sentencia del TC”.

“Esa ausencia en dicha audiencia -agregó Espinal- no representa una afrenta a la Corte Interamericana, como esta señala, sino un acatamiento a una decisión del TC dominicano“.

Afirmó que la definición de la normativa sobre la nacionalidad es un atributo soberano e irrevocable del Estado dominicano, que aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales en esta materia.

Dijo que contrario a lo que plantea la Corte, el ordenamiento jurídico del país no genera apatridia y el Estado se ha dotado de una base normativa que da respuesta a las situaciones que en materia de nacionalidad puedan presentarse en el país.

“El Estado dominicano se ha dotado de una base normativa, tanto a nivel constitucional como legal, que da respuesta a las diferentes situaciones que en materia de nacionalidad puedan presentarse en el país. Esto ha sido reconocido por otros organismos y agencias internacionales, así como por diferentes actores nacionales e internacionales que le dan seguimiento a esa cuestión”, añadió.

Dijo que el Gobierno ha seguido participando en las audiencias y reuniones que la CIDH celebra con relación a la República Dominicana, y que la decisión del TC no alcanza a ese ente, que no solo es un órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino un órgano de la propia Carta de la OEA.

“La colaboración entre el Gobierno dominicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido sumamente dinámica y fructífera en tiempos recientes, lo cual ha sido reconocido por la propia Comisión. Esperamos que continúe de esta manera”, destacó.

Reiteró el compromiso del Gobierno con la defensa de la democracia y el Estado de derecho, así como con la protección de los derechos humanos.

La CorteIDH reiteró, mediante resolución, su competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en noviembre de 2014.

SEPA MÁS Reacciones sobre el tema Simbolismo El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón dijo que el valor que tiene la resolución dictada por el CorteIDH en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en noviembre de 2014, es “meramente simbólica, ya que no tiene ningún nivel de consecuencia ni efectividad”. Sostuvo que la resolución constituye, jurídicamente “un despropósito”, ya que pretende que el Estado dominicano desconozca su orden constitucional y llama a los poderes públicos a desobedecer la Constitución, lo que a su juicio es algo “muy grave”. El país no envió representación en febrero de este año, a una audiencia de la CorteIDH.