Años de paz laboral logrados estuvieron camino a perderse

La paz social y laboral de que ha disfrutado la República Dominicana durante años parece que la echarán a perder el puñadito de empresarios que quieren eliminar la cesantía y suprimir algunos beneficios cuando en el mundo lo que prevalece es aumentarlos.

Con la decisión del gobierno del presidente Medina anunciada en el sentido de que el proyecto de ley que elimina el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, no toca la cesantía, se le quita el argumento principal a la puja obrero-patronal del momento. Hay quienes creen que la cesantía es un concepto arcaico del subdesarrollo, que demuestra la realidad que los trabajadores están atados a permanecer en un trabajo por la liquidación, en lugar de proponerse cambiar de empresa según la oferta y la demanda.

Los empresarios han visto crecer sus negocios casi como en ningún otro país desde que se dictaron las leyes sobre incentivo industrial y de turismo, que permitieron al estado sacrificarse con grandes cantidades de dinero a favor de ese sector, sin pedir nada a cambio.

Esa ayuda fue aparte de las que ha ofrecido Aduanas e Impuestos Internos para promover la riqueza nacional, que en primer plano tiene la riqueza del sector empresarial en gran medida en desmedro del fisco, los trabajadores y los consumidores.

Tras su anuncio el pasado jueves el régimen de Medina se aparta un tanto del invento de que el Estado es un árbitro entre los empresarios y los trabajadores, status que no ha convenido a los últimos puesto que no tocan parte de la riqueza que generan las empresas.

Ese concepto “a la dominicana” no es lo que prevalece en los Estados Unidos, donde el entonces presidente, Barack Obama abogó abiertamente por un salario mínimo de 15.00 la hora, lo que no ha repudiado el presidente Trump, y se extiende actualmente por los estados.

Antes, las cartas pastorales de la Iglesia Católica igualaban el trabajo al capital como una conjunción para la forma de hacer riqueza. La incursión del llamado “capitalismo salvaje” y un poco de desdén de los pastores echaron por suelo esos postulados basados en la justicia.

En la República Dominicana los trabajadores viven ahora peor que en la Era de Trujillo, época en la cual dirigentes sindicales que levantaron sus cabezas fueron asesinados, pero los sindicatos “suaves” eran permitidos y el régimen mantenía un Código con algunos logros. Con la llegada de masas de trabajadores haitianos que han venido a sustituir a los dominicanos, el Estado en conjunción con las empresas privadas, han hecho grandes economías aunque sea a costa de degradar el trabajo y confiar el mismo a extranjeros.

Es un juego peligroso. Los haitianos llegaron desde el convenido de braceros en 1966 con la finalidad de cortar la caña y muchos se quedaron. Con los grandes problemas de Haití, han venido más para insertarse en la construcción y las labores agrícolas.

Tal política destruyó moralmente el sentido del trabajo como se conocía antes, cuando maestros, varilleros, zapadores, albañiles, carpinteros, fontaneros y pintores eran dominicanos que salían de escuelas de preparación. Ahora hasta guardianes de casas y torres son haitianos.

Los aumentos Los aumentos salariales son necesarios en las empresas y lo dicen los estudios del Banco Central que es una parte esencialmente independiente del Estado. Hablan de que con el salario mínimo anterior no se cubría la llamada canasta familiar para las necesidades diarias. Hasta hace días la mayoría de los empleados públicos tenían hasta 7 años sin recibir aumentos salariales. La situación la corrigió el presidente Medina el pasado 27 de febrero durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, haciendo “de tripas corazón”.

Así, el salario mínimo de $5,117 se elevó a $10,000; los salarios de $10,000 a $20,000 recibieron un incremento del 10% y los salarios superiores a $20,000 hasta $30,000, un aumento del 5%. Los empresarios se hicieron de la vista gorda de esa decisión. Para Medina la situación de negar los aumentos de salarios y otras conquistas laborales podría ser políticamente inconveniente y moralmente repulsiva, ya sea que él se proponga ir a las elecciones del 2020 o acogerse al término del mandato. Cuando se observa con cuidado el panorama que presentan los patronos y la negativa a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, se creería que, salvo excepciones, los capitalistas creen que su personal debe trabajar ajustado al mínimo o menos.

En los grandes supermercados, por ejemplo, los empacadores lo hacen de gratis, sustentados en las propinas voluntarias de los clientes, lo que hace que las compras encarezcan. Un empresario del ramo dijo cuando se le planteó el tema que nadie los obligaba.

En las gasolineras, relucientes y fuentes de grandes ganancias para sus dueños, los “bomberos” reciben 1 camisa y un pantalón, con los cuales se supone deben pasar el mes. Uno de ellos me decía recientemente que por respeto a los clientes, lavaba su uniforme a diario.

Un diario llamó “nueva lucha” al reclamo de los sindicalistas para el aumento de la licencia de paternidad de dos días a tres meses. Ellos no saben que en Noruega las madres tienen un año sabático por parto y los maridos ocho meses.

La inquietud obrera La inquietud de los trabajadores cuyos dirigentes sindicales no tienen propiamente un pliego de reivindicaciones sino reclamaciones mínimos, podría llevar el tema a las calles como ocurrió esta semana cuando algunas centrales obreras marcharon al Palacio Nacional.

Cuando hace días uno de los bancos más importantes del país anunció que concedería siete días laborables a los nuevos padres, mucha gente recibió esa noticia con sorpresa. Después de que los sindicatos fueron desbandados desaparecieron también sus conquistas.

La competitividad, una divisa moderna que favorece al que ofrece menos, quizás no se tomó en cuenta cuando durante el régimen del doctor Fernández se abrieron las puertas al negocio de los llamados call center, que con su política con las mujeres “ayudan” a la “planificación” familiar.

Un reciente trabajo de investigación en uno de los programas televisivos relata no con todos los detalles, las condiciones de trabajo que prevalecen en esos lugares, generalmente compañías extranjeras, y el exceso de demandas ante los tribunales por daños y perjuicios.