Extradición pende sobre cabeza de imputados en caso Odebrecht

Los dimes y diretes en que ha derivado las declaraciones de defensa de imputados en el caso Odebrecht, podría abrir una ‘caja de Pandora’ que de las decisiones judiciales en los tribunales dominicanos pase a procesos de extradiciones y juicios en el exterior de algunos de los señalados en el escándalo que ha salpicado a altos dirigentes de los dos principales partidos políticos de la nación.

Fuentes altamente confiables revelaron que autoridades judiciales de países amigos han fijado desde hace más de un año su ‘interés’ en que determinadas personas de los enjuiciados e investigados en el caso Odebrecht ‘caigan en sus manos’ para eventuales procesos penales con grandes perspectivas de condenas relacionadas con delitos de corrupción, lavados de activos, violación a las leyes relacionadas con la transparencia en las operaciones financieras y bancarias.

A gran parte de los imputados traducidos a la justicia y, otros investigados en su momento sobre el escándalo de la constructora brasileña les han sido cancelados sus visados y no pocas cuentas bancarias, operaciones comerciales y otros negocios en el exterior les han sido congelados.

Más concretamente, se habla de que por lo menos dos o tres -y se mencionan nombres en específico- de los vinculados a las investigadas inicialmente y/o a las procesadas actualmente podrían ser requeridos, para que de manera ‘voluntaria’ y/o bajo los términos de extradición enfrenten procesos penales en el exterior.

Mientras el caso esté en juicio en el país los imputados son ‘intocables’ para cualquier intento de extradición, se explicó, según establecen los códigos penales nacionales. De ahí, que cuando algún dominicano está en medio de una investigación y/o en juicio bajo una acusación directa, solo puede ser extraditado a otro país que así lo solicitare eliminando los cargos en su contra en el país y bajo un procedimiento estricto en que intervienen una decisión de la Suprema Corte y un decreto del Poder Ejecutivo.

De ahí entonces, que las fuentes consultadas advierten que las ‘presiones’, legítimas, que ejercen algunos de los imputados y sus abogados a favor de mostrar inocencia en el caso Odebrecht y/o lograr su exclusión del proceso, podría colocarlos en la ‘vía franca’ para un posterior eventual pedido de extradición para ser procesados fuera del país.

Según las fuentes, oficiales judiciales extranjeros han dado ‘seguimiento continuo y muy de cerca’ al proceso incluso a las audiencias en el tribunal.

Se aseguró, asimismo, que en estos días estuvieron en Santo Domingo funcionarios de Justicia extranjeros analizando el curso del proceso judicial contra los acusados del escándalo Odebrecht y sobre el estatus de otros investigados, aunque no encartados, y/o de otros que han sido señalados e investigados sobre determinados grados de responsabilidad en el caso de corrupción del que la gigante de la construcción brasileña se responsabilizara y por lo que pagara una millonaria multa al Estado dominicano como sanción por sus pecados y tras llegar a un acuerdo judicial. Odebrecht ya lo había hecho en Estados Unidos, donde sigue construyendo obras -igual que aquí donde lleva a feliz término las plantas Punta Catalina-, y más recientemente hizo acuerdos similares en Perú.

“Hay serios y contundentes documentos de operaciones internacionales que comprometen a personas que están relacionadas con el caso Odebrecht en República Dominicana y que sería de importancia y gran interés poder abrirles expedientes por corrupción y una serie de delitos federales conexos, sea porque ellos lo admitan o porque sean extraditados”, comentó la fuente a garantías de anonimato.

Dimes y diretes En las últimas semanas en las exposiciones de defensa a las acusaciones en su contra de parte de la Procuraduría en el juicio ‘preliminar’ de Instrucción, varios implicados han cuestionado la ausencia de otras figuras connotadas de la vida política nacional que entienden debieran estar implicados, como ellos, en el proceso, ahora en la fase de juicio ‘preliminar’.

Estas ‘presiones’ se ejercen desde dirigentes del partido de gobierno contra compañeros de la misma parcela, contra las propias estructuras de la organización y de frente unos con otros.

En la misma vía presionan los opositores encartados en expediente, aduciendo que su incriminación tiene matices puramente políticos y señalan a dirigentes oficialistas como los ‘verdaderos responsables’ del escándalo.

El proceso, imputados y acusaciones El caso Odebrecht es conocido en la Suprema Corte de Justicia como jurisdicción especial debido a que, como establece la Constitución de la República -artículo 154-, es el tribunal correspondiente cuando en un proceso está encartado un legislador o un ministro de Gobierno. Actualmente figura como uno de los siete imputados el senador oficialista Tommy Galán. En el inicio del proceso estuvieron como acusados el también senador oficialista Julio César Valentín, el diputado de oposición Alfredo Pacheco y el entonces ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás.

Este proceso es dirigido desde el principio -a mediados de 2017- por el juez Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte, quien dictó las medidas de coerción, conoció las apelaciones de estas, dispuso la variación de dichas medidas y actualmente conoce el proceso ‘preliminar’ para decidir si se envía el expediente y los implicados a juicio de fondo, desestima y archiva o discrimina en favor de unos y/o en contra de otros de los siete imputados, Galán, Andrés Bautista, Angel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Jesús Vásquez, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.

Ortega Polanco conoce el expediente Odebrecht luego que el 29 de mayo de 2017 la Procuraduría General de la República arrestó y radicó acusación contra 14 personas por acusación de aceptar sobornos de la constructora brasileña y otros cargos, como lavado de activos, a lo largo de 13 años -entre 2001 y 2014-, apoyados en las denuncias que en ese sentido hiciera el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en diciembre del 2016.

Inicialmente la Procuraduría arrestó a diez de los 14 imputados -Temístocles Montás, Radhamés Segura, César Sánchez, Ruddy González, Máximo D’Oleo, así como Bautista, Rondón, Díaz Rúa, Pittalluga y Rodríguez. Los legisladores Valentín, Pacheco y Galán no fueron arrestados por su inmunidad parlamenaria, pero si encartados en el expediente. Bernardo Castellanos estaba fuera del país. Contra todos se dispuso medidas de coerción, dictadas por sentencia del juez Ortega Polanco.

Al paso de los meses se variaron las medidas de coerción contra todos y los que estaban en prisión fueron liberados. En la acusación de la Procuraduría, cuando presentó petición para juicio de fondo en agosto de 2018, solo se encartaron seis de los 14 inicialmente imputados, y se agregó un séptimo, Jesús Vásquez.

Basado en la confesión de soborno que hiciera Odebrecht, el Estado dominicano, a través de la Procuraduría General de la República, pelea con garras la fortaleza de su expediente, contentivo en más de cien mil páginas, en procura de sanciones bajo el predicamento de que si hubo un confeso pago de soborno -por lo que la empresa brasileña fue condenada mediante un acuerdo judicial Odebrecht-Justicia- debe haber responsables de recibir dichos sobornos.