Defensa pide indagar a fondo cuentas del PLD
Tribunal. La defensa de Víctor Díaz Rúa, imputado en el caso de Odebrecht, pidió ayer en el segundo día de réplica desestimar la acusación de soborno.
La defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, afirmó ayer que el ministerio público deberá realizar una investigación a fondo de las cuentas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ya que los 35 mil millones de pesos en la cuanta del Banco Popular por la cual está acusado de enriquecimiento ilícito su cliente pertenecen a esa organización política y nunca fue manejada por él.
Los doctores Miguel Valerio y Ramón Núñez entienden que se debe realizar una investigación a fondo, haciendo un ejercicio transparente y justo, tras considerar que la acusación presentada en contra de Díaz Rúa, no cumple con la precisión de cargos, ni tampoco tiene fundamento.
Plantearon al juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que Díaz Rúa fue tesorero del PLD, para todas sus campañas políticas y que el ministerio público confundió cuentas de campaña con cuentas personales.
“Según ellos, en un hecho sin precedentes, Díaz Rúa manejó 35 mil millones de pesos, nosotros hicimos un ejercicio magistrado. Nos sentamos, sumamos todos los valores que el ministerio público le atribuía, incluyendo algo que ya está archivado en este expediente que son cuentas de campaña”, acotaron los juristas.
Destacaron que la cuenta corriente del Banco Popular fue abierta el 8 de marzo y cancelada el 24 diciembre del 2012, la cual fue abierta por Francisco Javier García y Ramón Rivas, y la firma autorizada de Díaz Rúa, ya que en entonces era el secretario de finanza de la campaña del PLD.
Secretario de finanzas Mostraron al tribunal una certificación suscrita por el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, actual presidente del Senado de la República, en la cual establece que desde el año 2005, Díaz Rúa en calidad de secretario de finanzas del PLD, era el encargado en los procesos electorales y que en incluso hizo uso de varias cuentas del Banco de Reservas y de la cuenta 730515921 del Banco Popular.
“Magistrados esta última cuenta es a la que hace referencia el ministerio público, una cuenta que se utilizo solamente en la campaña electoral del 2006, y nosotros depositamos la documentación con todos los cheques y no hay ni uno solo firmado por Díaz Rúa, él tenía derecho a firmar porque era el encargado de finanzas del 2006, como lo fue en la del 2008, 2010 y 2012”, enfatizaron.
La defensa de Díaz Rúa sostiene además que hay algo más sobre esa cuenta, ya que a su juicio la misma le sirvió de comodín al ministerio público, al no tener una historia creíble y sustentable, tras señalar que no solo quieren vincular a su cliente con esas cuentas y los movimientos de las mismas como si fueran personales, sino que además quieren vincular a su familia y a su hijo Víctor Manuel Díaz Guerra y a la compañías Solaris, empresa que se dedica a la construcción, con una cuenta del BDI.
Valerio se preguntó que no es justo que a Temístocles Montás, quien admitiera que recibió un dinero para la campaña, lo sacaron del expediente y lo archivaron provisionalmente, mientras que a su cliente le dejen todas esas cuentas de campaña.
Los abogados alegaron que Díaz Rúa no incrementó su patrimonio en nada y que el ministerio público mezcla las cuentas de campañas con el patrimonio del imputado, además de que el ente acusador tiene serios errores sumatorios en las declaraciones juradas.
PIDEN UN AUTO DE NO HA LUGAR Durante el segundo día de réplica a la acusación del ministerio público, la defensa de Díaz Rúa sostiene que el ente acusador sostiene que la principal prueba en su contra es la información suministrada por Marco Vasconcelos Cruz al ministerio público de Brasil, que sin embargo, en el juicio no lo ofertan como testigo. Alegaron que ese solo argumento bastaría para que la premisa inicial del caso sea descartada y por ende el tribunal dictar un auto de no ha lugar en su favor, desestimando la acusación de que su cliente utilizó su cargo para recibir sobornos directa e indirectamente a cambio de favorecer a Odebrecht en la adjudicación de contratos de importantes obras estatales.