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La República jueves, 21 de febrero de 2019

ENFOQUE

Maduro, Evo, Ortega y Cuba: pretéritos pluscuamperfectos

  • Maduro, Evo, Ortega y Cuba: pretéritos pluscuamperfectos
Rafael Guillermo Guzmán Fermín
fuerzadelta3@gmail.com

“El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos propósitos”
-Cornelio Tácito-

Los acontecimientos del escenario geopolítico que actualmente se están desarrollando en la región -Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba- es similar al indicativo gramatical del “pretérito pluscuamperfecto”, expresión que indica la anterioridad de una acción pasada respecto a otra también pasada, debido a que en esas naciones han impuesto el sistema político-económico cubano, quedándose anquilosadas en el pasado y sufriendo las perturbaciones sintomáticas de un régimen totalitario, como son: economías deficientes e inflacionarias, ausencia de libertad, presos políticos y la intención por todos los medios de perpetuarse en el poder, aun sea violando su Constitución tantas veces sea necesario.

El régimen comunista y totalitario de Cuba, como una sanguijuela desesperada, lucha por mantenerse succionando todo lo que más puede de su “moribunda” nodriza venezolana, sabiendo que ya le queda poco. Sin la dictadura que usurpa el gobierno de Venezuela, tanto Cuba como Nicaragua quedarán en la oscuridad por falta del petróleo y las ayudas colaterales.

Es por ello, que el régimen cubano no solo tiene como rehén a Maduro, sino que está maniobrando el escenario regional para forzar una intervención militar de los EE.UU. que logre sumarle aliados a su causa perdida, provocando así el sentimiento “antiyanquista” del pasado y enarbolar su gastado discurso anti-imperialista para justificar sus constantes fracasos, tanto de ellos como los de sus socios arruinados.

Es en este contexto, que las manos misteriosas de los gobiernos de Cuba y Venezuela estarían detrás de la desestabilización de Haití, donde ha llegado al extremo de provocar la salida del personal de la embajada norteamericana, misiones internacionales y una mayor vigilancia militar en nuestra porosa frontera.

Con frecuencia, cuando se vive en el mundo de las alturas ideológicas se pierden las perspectivas de lo que es práctico, pues se puede seguir siendo afín a las ideologías de izquierda o liberales, pero el hecho de NO apoyar al dictador Maduro no significaría faltar a sus principios, porque en realidad el dictador Nicolás Maduro usurpa el cargo de presidente de manera inconstitucional y por ende ilegal, a partir del 10 de enero de este año.

Es por ello que algunos de los más destacados dirigentes de la izquierda liberal del Partido Demócrata de los EE.UU., tales como Joe Biden, ex vicepresidente de Obama; la poderosa Nanci Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes y hasta Tim Kaine, candidato a la vicepresidencia de Hilary Clinton, han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, bajo el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada por los mismos chavistas, sin que este apoyo constituya una renuncia de esos legisladores norteamericanos a sus principios ideológicos de pertenecer al ala izquierda liberal de su partido demócrata y que, además, coincidan esta vez con el presidente republicano Donald Trump y demás mandatarios latinoamericanos.

Así mismo, también hemos visto el reconocimiento del gobierno socialista español de Pedro Sánchez a Guaidó, sin que haya habido que rasgar vestiduras, pues más que al presidente encargado Guaidó, es un reconocimiento a más del 90% del pobre y oprimido pueblo venezolano que grita desesperadamente al mundo democrático por su libertad, por comida, por salud, por seguridad ciudadana y por una democracia plena que surja de unas elecciones libres.

En este sentido, muchos podrán alegar que una intervención en Venezuela sería abandonar los principios partidarios e ideológicos que dieron origen a la revolución de 1965 y a la posterior invasión de tropas norteamericanas. De entrada, nos permitimos señalar que son dos escenarios históricos totalmente distintos y contrapuestos. Veamos:

La revolución de abril de 1965 fue producto de la ruptura del orden democrático y violación a la Constitución de 1962 (coincidentemente la de Juan Bosch), todo ello bajo un ambiente cargado por luchas ideológicas contrapuestas producto de la Guerra Fría, cuya amenaza regional y global era el comunismo.

Pero el caso del usurpador Maduro es muy distinto, pues actualmente no se trata de defender un gobierno constitucional y democrático, es más bien una dictadura; el problema a la sazón no es que sea socialista o comunista, pues las amenazas actuales no son ideológicas como en la década del 60, hoy esas amenazas son el terrorismo internacional, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, entre otros.

 En cambio, la Venezuela de Maduro, de acuerdo a los hechos y evidencias irrefutables ha demostrado que esa nación está en poder de los carteles del narcotráfico, del terrorismo internacional -Hezbolá e Irán, las narcoguerrillas de las FARC y del ELN- y teledirigidos por las redes de la inteligencia cubana, sin contar con la influencia estratégica de China y Rusia.

Veamos ahora la legalidad o ilegalidad del ciudadano Maduro:

En el año 2013, Nicolás Maduro Moros ganó unas reñidas y cuestionadas elecciones presidenciales, cuyo mandato terminaba el 10 de enero recién pasado. Dos años después, las elecciones para elegir el Congreso (2015) fueron ganadas abrumadoramente por la alianza de la oposición política con la importante mayoría calificada de 2/3 partes de la Asamblea Nacional bajo la misma legalidad constitucional que sustentaba a Maduro.

Con esta mayoría congresual la “Asamblea” sería un fuerte contrapeso de los demás poderes del Estado con capacidad de fiscalizar e investigar casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Estos fueron uno de los motivos para que el régimen de Maduro empezara a perpetrar acciones de facto para anular los poderes constitucionales de dicho poder legislativo socavando en cada “hachazo” el tronco de la Carta Magna venezolana que a su vez sustentaba su propio poder presidencial.

Un de esos hachazos fue la usurpación de la Asamblea Nacional por la inconstitucional e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el año 2017 que, a su vez y sin facultades para ello, promovió la ilegítima elección presidencial del 20 de mayo de 2018, con una abstención del 70% de los votantes y la mayoría de los líderes de oposición encarcelados, exiliados o escondidos producto de la persecución del régimen; tampoco olvidemos los cientos de huelgas y centenares de muertos, heridos y desaparecidos.

Es por estas razones legales que son nulos todos los actos promovidos por la ANC, como también son nulos de pleno derecho todos los actos sucesivos a la elección presidencial (Art.25 Const.), no siendo reconocidos por la Asamblea Nacional ni la OEA, ni por la Unión Europea (UE) en ese entonces.

Debido a esto, el mandato constitucional de Maduro expiró el 9 de enero a las 23:59 horas, por lo que, de acuerdo al Art. 201 de la Constitución (chavista), la Asamblea Nacional es el único órgano de representación soberana, y corresponde al presidente del mencionado poder legislativo asumir la Presidencia de la República en forma interina (Art.233 Const.) para mantener el hilo constitucional, debido a la especial circunstancia de que no existe un Presidente del Poder Ejecutivo legítimamente constituido, y así organizar la necesarias elecciones libres en Venezuela, evitando de esta manera un baño de sangre entre hermanos.

Basado a estos fundamentos, anticipo que los días del ciudadano Nicolás Maduro en el gobierno de facto están contados, y no creo que pase del 23 de febrero, fecha establecida para la entrega masiva de la ayuda humanitaria, por lo que el anhelado cambio vendrá, como un parto natural causado por las contracciones indetenibles desde adentro del útero materno venezolano bajo la “asistencia” solidaria de sus hermanas naciones americanas.

Es oportuno exhortar finalmente, que los casos dolorosos y traumáticos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde los “hachazos” a la Constitución han socavado los cimientos que sustentan el Poder Ejecutivo sean lecciones aprendidas para los políticos latinoamericanos incluyendo los de nuestro país, pues el respeto a la Constitución de la República debe de ser el principal deber de todos los jefes de Estado que juraron solemnemente protegerla, para que no terminen sus días con el dilema de Maduro, Evo, Ortega y otros tantos ex mandatarios que ya están en el pretérito pluscuamperfecto de sus historias imperfectas.

¡Cuánta razón tenía Cornelio Tácito!


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