El sistema de prevención de lavado de activos da resultados

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha alertado al ministerio público de 872 operaciones sospechosas de lavado de activos en la República Dominicana desde el año 2012.

La UAF, que desde el 2017 está adscrita al Ministerio de Hacienda en virtud de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, ha presentado esos reportes a solicitud del ministerio público, y por investigaciones espontáneas que ha realizado.

La directora general de esa unidad, Wendy Lora Pérez, expuso que confían en los sujetos obligados para que hagan una labor previa, a fin de que cuando lleguen a la UAF ya ellos lo hayan reportado.

Manifestó que con ese trabajo la UAF puede establecer cuál de las operaciones reportadas será analizada primero porque tiene mayor riesgo, ya que es un sistema de filtro.

Lora Pérez señaló que ese informe que reciben es una especie de alerta, ya que la UAF acude a mucha información para saber después si la envía al ministerio público, tras puntualizar que esa unidad solo hace análisis financieros de la persona para diagnosticar y detectar las conductas sospechosas.

Indicó que acceden a una serie base de datos que les permiten enviar al fiscal no solo el reporte, sino el historial de las personas, con la indicación del oficio al que se dedica, y si es un funcionario público, cuántos salarios ha percibido y cuál porcentaje pasa de lo que ha manejado por el sueldo.

“Son una serie de factores que al final le podemos decir al fiscal que consideramos que existe una alta probabilidad de que hay un caso de lavado y puede tratarse por ejemplo de un caso de delito precedente de narcotráfico o de delito fiscal”, subrayó.

Lora Reyes participó en el Desayuno de Listín Diario, junto con el fiscal de sala de la Suprema Corte de España, Javier Zaragoza, y el juez de la Suprema Corte de Justicia y decano de la facultad de Derecho de la Universidad Apec, Alejandro Moscoso Segarra, quienes fueron entrevistados por el director de este diario, Miguel Franjul.

La directora de la Unidad de Análisis Financiero expuso que la ley aporta la novedad de que incluye como sujetos obligados a las inmobiliarias y casinos, que no estaban claramente regulados.

Expresó que la UAF es una entidad administrativa, por lo que puntualizó que en virtud del texto constitucional, es al ministerio público que le corresponde poner en movimiento la acción pública, porque así lo establece el artículo 169 de la Carta Magna. Precisó que es importante una alianza público-privada en la prevención del delito de lavado de activos, debido a que el dinero proveniente de ese delito va donde están los sectores económicos formales.

Expresó que lo que se quiere es que ese sector tenga un sistema de administración de riesgos, aclarando que no pretenden que asuma el papel del Estado, poniendo denuncias o querellas, ni persiguiendo el delito.

Objetivo de la ley “El tema del lavado de activos es para tratar de cortar que esos fondos se mezclen con la economía formal, porque el dinero va a la compra de carros, de inmuebles, a los bancos y otros”, explicó Lora Pérez.

Puntualizó que cuando la Ley 155-17, que fue aprobada el primero de junio del año 2017, señala los sujetos obligados, no es porque las autoridades entienden que ese sector lava dinero, sino porque las características de ese negocio permiten que un tercero lo pueda utilizar para blanquear.

Apuntó que si pensaran que por ejemplo, el banco o el puesto de bolsas fueran los que lavaran activos, entonces la respuesta para ellos sería penal y correspondería la presentación de una acusación, porque no lo entrarían en un sistema de prevención de la infracción.

Explicó que el sistema de prevención existe porque entienden que esos negocios lícitos pueden ayudar a las autoridades a detectar las operaciones que pasan por ellos con el propósito de lavar activos financieros.

Afirma que la nueva ley de lavado de activos ha robustecido la Unidad de Análisis Financiero y fortalecido el sistema de prevención del lavado de activos, porque le da categoría de entidad autónoma y descentralizada, aunque adscrita al Ministerio de Hacienda, pero con presupuesto propio.

Expresó que la UAF tiene la función de representar a la República Dominicana en los foros internacionales. Recuerda que esa unidad fue creada en la antigua ley de lavado de activos 72-02, del año 2002.

Explicó que antes era una dependencia del Comité Nacional de Lavados de Activos, presidido por el Consejo Nacional de Drogas (CND), pero carecía de recursos.

(+) INVERSIONES EN BIENES RAÍCES PARA LAVAR ACTIVOS ECONOMÍA. El juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, precisó que la nueva legislación de lavado de activos ha ampliado los sujetos obligados, porque el crimen organizado hace sus inversiones en bienes y servicios, a lo cual los economistas denominan el sector terciario.

“El crimen organizado hace sus inversiones en bienes donde puedan manejar liquidez, sector inmobiliario, venta de vehículos, casinos”, expresó el exfiscal del Distrito Nacional.

Explicó que por eso los sujetos obligados ahora no son como en la década de los 80, instituciones financieras tradicionales, sino que entran ahí los profesionales liberales, como abogados, contadores, etc.

Indicó que aunque la UAF tiene una función de recibir la información de manera directa y enviarla al ministerio público, es este último que tiene que ir donde el juez a pedir la autorización para que pueda servir como pruebas.

De su lado, el fiscal de España, Javier Zaragoza, sostuvo que es un tema de control.

Expuso que no todo el mundo es sospechoso, pero sí las inmobiliarias, los casinos, vendedores de obras de arte y otros donde el dinero en efectivo de procedencia sospechosa entra con facilidad.