JUSTICIA
Tres meses de prisión preventiva contra propietario y administradora de centro de diversión denunciado por trata de personas
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva al propietario y a una empleada de un centro nocturno, en el sector Los Prados, acusados de explotación sexual en contra mujeres de nacionalidad venezolana.
El juez, José Alejandro Vargas, impuso la medida a Jarvis Guerra Rodríguez, propietario del centro de diversión Pink Pony Bar y a la empleada Ángela Isaura Campusano Santos.
Guerra Rodríguez deberá cumplir la medida de coerción en el Centro Penitenciario La Victoria, mientras que Campusano en Najayo
El juez estableció la remisión obligatoria de esa medida para el 20 de septiembre a cargo del séptimo juzgado de la instrucción.
El allanamiento del local se produjo tras una denuncia que recibiera el Ministerio Publico, el pasado mes de abril, de parte de cuatro mujeres venezolanas que habían escapado del centro de diversión, por presuntamente ser víctimas de los delitos de trata de personas y explotación sexual.
También fue allanada la vivienda de la madre del propietario del negocio, en el sector Bella Vista, donde guardaba documentos relacionados al negocio Pink Pony Bar, siendo confiscados en dicha residencia títulos de propiedad del negocio y pasaportes de las víctimas.
Por el hecho también es perseguido el dominicano Leudy Rafael Martínez Valdez, de 28 años de edad, quien según se ha establecido durante la investigación se encargaba de supervisar a las víctimas, desempeñaba labores de seguridad y en ocasiones en compañía del propietario del negocio recogía a las mujeres venezolanas cuando llegaban al aeropuerto.
En el bar fueron ocupadas varias porciones de una sustancia que se presume es droga, incluyendo 45 gramos que se cree corresponden a cocaína y 16 gramos presumiblemente de marihuana, los cuales fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para el análisis de rigor. También, dijo que confiscaron documentos donde se registraban las actividades del negocio, carteles de reglas para las chicas, entre otros objetos y documentos.
De acuerdo a las investigaciones, las mujeres habrían sido engañadas con falsas promesas para traerlas al país y según informaciones obtenidas por un pasaje que cuesta US$120 dólares les querían cobrar hasta 2,000 dólares.