Preocupa Colegio Abogados tanta gente en rebeldía

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) consideró ayer que la gran cantidad de personas que han cometido delitos graves y se encuentran en rebeldía demuestra la debilidad del sistema de justicia en el país.

Miguel Surún Hernández dijo que no hay un mecanismo efectivo para recapturar a las personas que han sido despachadas por los tribunales para sus casas, bajo la condición de presentarse periódicamente ante un juez, o en libertad bajo fianza o domiciliaria.

Manifestó que la cantidad de prófugos muestra el fracaso del sistema de justicia en el país, que se ve abrumado ante la ausencia de los recursos necesarios para poder llevar a la justicia a aquellas personas que obtienen su libertad de conformidad con la norma.

Dijo que esto es una muestra más de las precariedades que están afectando a la justicia en República Dominicana, la que a su juicio prácticamente torna imposible la solución de diversos conflictos.

El presidente del gremio que agrupa a los profesionales del derecho habló en esos términos al referirse al editorial del Listín Diario de ayer titulado “Busquemos los prófugos”, en el cual establece que cerca de 6,000 personas que han cometido delitos graves andan sueltas, eludiendo a la justicia, que los tiene como rebeldes ante la ley.

En su editorial el Listín sugiere que como ya el programa de patrullaje de tropas mixtas está en curso, es imperativo añadirle como elemento prioritario la búsqueda de estos “rebeldes ante la ley”, en especial los que son impenitentes asaltantes y homicidas.

“Sería esta una manera de darle más eficacia al objetivo de la prevención y neutralizar a delincuentes que, sin duda alguna, siguen desafiando a la justicia y la autoridad porque la perciben blandita o atada a las indulgentes medidas cautelares del Código Procesal Penal, de las cuales se han beneficiado a sus anchas”, señala el artículo editorial.

Traslado de jueces El Colegio de Abogados también manifestó consternación por los constantes traslados de jueces sin la autorización y consentimiento de los magistrados, lo que afecta la garantía laboral que deben gozar y vulnera el principio de inamovilidad e independencia del Poder Judicial garantizado por la Constitución y la Ley de Organización Judicial.

Informó que este tipo de movimientos puede prestarse a crear mayorías en tribunales colegiados para beneficiar a sectores interesados, que quieran una decisión en un sentido y otro y que puede prestarse a retaliaciones por las decisiones tomados por dichos magistrados. Surun reiteró el llamado a la Suprema Corte de Justicia para retomar la legalidad absteniéndose a continuar dichos traslados y respetando la Ley.