Pugilato por el mando en JCE

Los actores políticos del actual proceso electoral saben que la Junta tiene control absoluto de los comicios del 15 de mayo y del escrutinio de los votos, que la ruta crítica se ha ido cumpliendo como fue programada y que su éxito y transparencia está asegurada, pero el tema es mucho más complejo porque la mira está puesta más allá del 16 de agosto cuando un nuevo Senado deba recomponer ese órgano del Estado.

Lo que se libra actualmente es un pugilato extemporáneo por su control más allá de estas elecciones y se busca impedir que su actual presidente, Roberto Rosario, continúe en el cargo por otra legislatura a pesar de que él ha dicho que no tiene interés de seguir. Lleva 14 años en la Junta: dos como miembro, cuatro como presidente de la Cámara Administrativa y ocho como presidente del Pleno.

En ese lapso el país ha celebrado seis elecciones nacionales, tres presidenciales: 2004, 2008 y 2012, y tres congresuales y municipales: 2002, 2006 y 2010, considerados los procesos de mayor transparencia y legitimidad en la historia democrática dominicana del post trujillismo.

En los afanes por controlar la JCE se encuentran ahora no sólo dos sectores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que buscan proyección después de estas elecciones, sino también figuras vinculadas al oficialismo con similar propósito y una parte de la sociedad civil que cuenta con los auspicios de la Embajada norteamericana y la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

En el centro de ese conflicto se encuentra el doctor Rosario cuando sólo faltan 27 días para las próximas elecciones, un proceso que se quiere empañar para evitar que su éxito le reditúe méritos para seguir en el cargo sin tomar en cuenta que en tanto se le resta credibilidad a la Junta, se descalifican los actores del proceso político empezando por los partidos del sistema.

Una dura prueba La JCE vive hoy una de las pruebas más difíciles de su historia: está en una coyuntura muy particular donde confluyen la complejidad del proceso eleccionario para la escogencia de 4,106 posiciones públicas --entre ellas la Presidencia y la Vicepresidencia de la República--, chocando con los intereses que pretenden cuestionar a quienes tengan la posibilidad de ser ponderados por otros cuatro años al frente del organismo.

Es inédita en nuestra historia electoral la confluencia en un propósito común de figuras del oficialismo y de la oposición y miembros titulares del organismo que no tienen posibilidad alguna de ser ratificados en esas posiciones.

La administración de Rosario pretende coronar su gestión con la implementación de un sistema moderno de votación y conteo que se iguale al de cualquier país desarrollado, pero encuentra por un lado a un sector político que se opone porque no le conviene el escrutinio inmediato, y por otro lado los intereses de quienes aspiran a controlar el órgano electoral.

El PLD cae en la trampa Un sector del Partido de la Liberación Dominicana se ha dejado conducir a una trampa que le puede resultar costosa cuando todos los indicadores insinúan que esa organización tiene ganadas las elecciones sin ninguna dificultad. Sumándose a los grupos opositores que buscan el control del organismo más allá del actual proceso, le hacen el juego a quienes tienen la meta inmediata de deslegitimar las votaciones del 15 de mayo venidero.

Procurando una transparencia que el PLD como organización sabe que está asegurada, voceros oficialistas se ha sumado a los reclamos de quienes cuestionan la digitalización del escrutinio como producto de una vieja rencilla del delegado peledeista ante la JCE, Danilo Díaz, con el presidente Rosario.

El PLD como entidad partidaria, sin embargo, no se opone a la digitalización del cómputo y más bien hace sugerencias válidas sobre la pertinencia de que aplique algún mecanismo para superar eventuales contingencias en el momento de contar los votos.

Danilo Díaz es un sagaz dirigente peledeista que lleva ya mucho años como delegado técnico ante la Junta y lidera a sus iguales al momento de tomar decisiones colectivas en nombre de sus respectivos partidos. Sus conocimientos, capacidad técnica y discreción están por encima de cualquier cuestionamiento. Pero sus diferencias con Rosario datan de años.

Desde un principio Díaz se opuso a la contratación de la empresa española Indra para la digitalización del escrutinio bajo el argumento de que carecía de experiencia previa en la materia, contrario a otras que participaron en una licitación internacional convocada por la JCE con ese propósito. Hizo saber sus diferencias oportunamente en carta dirigida al pleno.

Los organismos de dirección del PLD, como tampoco el gobierno, han cuestionado el procedimiento para computar los votos de las próximas elecciones, como sí lo han hecho voceros del PRM --que no necesariamente su candidato presidencial Abinader--, al igual que agrupamientos alternativos de la oposición, sectores de la sociedad civil, Participación Ciudadana, y representantes de la USAID y voceros de la embajada de la Unión Europea.

La digitalización del cómputo electoral implica la lectoría óptica de cada acta de votación, colegio por colegio, para colocarla en línea directamente al centro nacional de cómputos de la JCE, a las juntas municipales, a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a todo el que desee compartir simultáneamente esa información.

Se estima que es el método más avanzado de cómputo electoral después del voto electrónico.

¿Qué pide Participación? El pasado jueves dos miembros titulares de la JCE, César Féliz y José Ángel Aquino, se reunieron con una comisión de Participación Ciudadana que solicitó se le permita a esa entidad hacer un conteo manual de votos en el diez por ciento de los colegios electorales.

El propósito es “comparar esos resultados” con los que emitirá electrónicamente la JCE el mismo día de las elecciones. La entidad de la sociedad civil también solicitó a la Junta la acreditación de 2,000 observadores para distribuirlos por todo el país, y pidió “información técnica” para despejar, según dijo, “algunas interrogantes” sobre el padrón electoral.

Entre otras cosas, pidió también lo siguiente: Observación del desarrollo completo de la jornada electoral; presencia en los colegios electorales desde su apertura hasta el cierre y el levantamiento de los actas de votación; facilidades para realizar labor itinerante por los colegios electorales para verificar el cumplimiento de “la normativa sustantiva, adjetiva y reglamentaria”...

(+) UNA ADVERTENCIA El Listín Diario, en su editorial del pasado viernes, hizo una advertencia sobre el deber que tienen los partidos, y en particular sus líderes, para asegurar que el actual proceso “no sea empañado por nada”.

El matutino decano de la prensa sugiere que se impida a toda costa que los intolerantes y los desbocados, los fanáticos y los violentos, conspiren contra el derecho de elegir a quienes el pueblo entienda capaces de dirigir los destinos nacionales.

“En el tramo final, la lucha por un mejor posicionamiento electoral se incrementará entre todos los partidos y es en este tiempo cuando a muchos les gusta apelar a las guerras o campañas sucias para debilitar a los adversarios, o irse lejos en los impulsos aventureros para crear situaciones que siembren temor o ansiedades en la sociedad”, dice la pieza editorial de este diario coincidiendo con las exigencias desmedidas a la JCE.

El órgano electoral y su presidente Rosario se han convertido en el blanco de los dardos que salen de todas las direcciones: de la oposición, del oficialismo, de la sociedad civil, de un sector de la prensa apandillada...