Aseguran que ley sobre “rebotes” de pacientes es clara

El superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y el gerente General del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) advirtieron ayer que la ley es muy clara cuando establece la obligatoriedad de la atención de emergencia a los pacientes en centros de salud públicos y privados, y que ninguna razón, sea de índole económica o no, justifica que no se haga.

A su vez, el Ministerio de Salud Pública informó que se avanza en la investigación dispuesta a raíz de la muerte del exguerrillero Claudio Caamaño Grullón, para determinar si el deceso está vinculado a la no estabilización que requería el paciente tras sufrir un accidente en que resultó con politraumatismos. Recordó que la atención de emergencia a pacientes en estado crítico es un tema de ley y de derecho que no está en discusión.

Se supo que dentro de las investigaciones que se realizan, ayer una comisión del Ministerio de Salud Pública, acompañada de representantes de la procuraduría de la salud, se reunieron con ejecutivos de por los menos tres centros de salud donde se atribuye que fue llevado el exguerrillero Caamaño Grullón tras el accidente que le costó la vida. Entrevistado sobre las constantes denuncias de cobro o negativa de atención en servicio de emergencias y la atribución de parte de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) a causas económicas, el superintendente Pedro Luis Castellanos dijo estar dispuesto a dialogar y escuchar las inquietudes que tengan las clínicas privadas y cualquier otro sector al respecto, pero que en ningún caso participará en la búsqueda de alternativas que impliquen negación de derechos. El funcionario instó a la población a que cuando sufra alguna denegación de servicios o se le exija pago antes de brindarles la atención médica de emergencia a que acudan a los organismos correspondientes a poner sus quejas.

“Tenemos que acostumbrarnos a que las leyes, normas y reglamentos son para cumplirlas y que en ningún caso se debe justificar violar alguna de esas disposiciones en contra de los intereses y la vida de algún paciente”, precisó.